Falta avanzar en temas como feminicidio e impunidad en México, advierte ONU. 2014

Por Ciro Pérez Silva

foto © Francisco Elias Prada

México, DF. A pesar de todos los avances que ha conseguido México en materia de equidad y empoderamiento de las mujeres, “debe avanzar seriamente en temas como el feminicidio y la impunidad para quienes cometen este delito, que aún se presenta en varios estados del país”, advirtió John Hendra, director ejecutivo Adjunto de ONU Mujeres y Responsable de la Oficina de Políticas y Programas.

“Es muy importante la reforma que garantiza la igualdad de género en puestos políticos en la constitución y ese es un buen modelo para México y la región de América Latina y El Caribe, pero debe avanzar en el tema de feminicidio y la impunidad, como se debe avanzar en otros temas en otras naciones del mundo. La estadística nos dice que una de cada en tres mujeres sufre algún tipo de violencia. Cada sociedad tiene retos y México no es la excepción”, dijo en entrevista.

Destacó que la Comisión sobre la Condición de la Mujer (CSW por sus siglas en inglés) tiene como prioridad encontrar formas de reducir los niveles de violencia hacia las mujeres, pero desde cada país es imprescindible hacer más para contar con instrumentos y mecanismos de derechos humanos que les traigan sustento.

“Los países tienen que hacer más para implementar los marcos jurídicos que tienen, los países tiene que enfocarse más en la prevención, hacer que en las fuerzas legales haya mujeres; mujeres policías, más jueces, porque si hay mujeres en los niveles altos del poder judicial significa que casos como violaciones podrían ir a las cortes (tribunales) más rápido. Hay mucha evidencia que dice que si las mujeres están en la línea frontal de los sistemas de seguridad, también en términos de atención a la violencia”, dijo.

Las mujeres mexicanas, un botín de guerra para las autoridades corruptas en un país patriarcal.2013

Las mujeres en México son víctimas del crimen organizado, pero también de autoridades corruptas en un país donde prevalece el machismo y la “simulación” en materia de igualdad de género. (EFE)

La Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe denuncia que la mayoría de víctimas de desaparición son mujeres y niñas. El problema “es que no se le ha dado importancia a las mujeres” ni en el sexenio de Felipe Calderón ni en el que encabeza Peña Nieto, apuntan.

La directora de esta ONG señala que en México no hay políticas públicas que desactiven los estereotipos culturales que perpetúan la desigualdad.

Las mujeres en México son víctimas del crimen organizado, pero también de autoridades corruptas en un país donde prevalece el machismo y la “simulación” en materia de igualdad de género, denunció una organización no gubernamental. “No sé a qué le tenemos más miedo, si al operativo conjunto (de las fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales) o a las bandas de delincuencia organizada”, dijo la directora de la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, Teresa Ulloa. “Los cuerpos de las mujeres y las niñas acaban siendo un botín de guerra” y aumenta la esclavitud, la prostitución, las violaciones y los embarazos adolescentes, señaló en una entrevista telefónica.

En el mandato de Calderón se registraron 26.000 desaparecidos en un país con “territorios absolutamente bajo el control de los cárteles” La mayoría de víctimas de desaparición o algunas formas de esclavitud contemporánea, como la trata de personas o la explotación sexual, son mujeres y niñas porque sigue estando presente “una concepción misógina patriarcal”, afirmó Ulloa.

El problema “es que no se le ha dado importancia a las mujeres” ni en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) ni en el que encabeza desde el 1 de diciembre pasado Enrique Peña Nieto, apuntó y lamentó que en esta tema haya “muchas promesas” y “mucha simulación”.

Ni en México ni en el resto de la región hay políticas públicas para “desactivar los estereotipos culturales que perpetúan la desigualdad (…) o la violencia contra las mujeres”, aseveró. Sistema de Alerta Roja para proteger a las mujeres

La coalición que encabeza Ulloa (CATWLAC, por sus siglas en inglés), con presencia en 25 países latinoamericanos, impulsó en 2006 la creación del Sistema de Alerta Roja (SAR) para rescatar a mujeres y niñas desaparecidas, y ofrecer protección y asistencia.

En su informe de 2012 publicado en junio pasado, la coalición señaló que el Sistema de Alerta Roja atiende los casos de 207 personas desaparecidas o ausentes en México, de los cuales el 90% son mujeres y en buena parte de ellos (70%) está involucrada la delincuencia organizada.

Y es que “México se vuelve un embudo porque tenemos en el vecino del norte el mercado más grande de droga, pero también de sexo de paga”, dijo la activista, quien recordó que en el mandato de Calderón se registraron 26.000 desaparecidos en un país con “territorios absolutamente bajo el control de los cárteles”.

El caso de la niña María José Uno de los casos incluidos en el SAR es el de María José Monroy Enciso, una niña que fue robada el 21 de septiembre de 2010 de la óptica de su madre, en el central Estado de México, cuando tenía solo once meses.

La madre de María José denuncia la lentitud con la que las autoridades han actuado en la desaparición de su hija Ulloa teme que María José, cuyo caso sigue abierto, haya sido vendida para la adopción ilegal o explotación sexual, pero su madre, Maribel Enciso, aún tiene la esperanza de encontrarla viva. Y es que el presunto responsable del robo de María José, ya en la cárcel por haber violado a otras niñas, dijo haber asesinado y arrojado a la pequeña a un canal, pero su cuerpo no fue encontrado.

Enciso señaló que no le cree al sujeto y denunció la lentitud con la que han actuado las autoridades en el caso de su hija. “Si fuera la hija de un político o de alguien importante, moverían cielo y mar” hasta encontrarla, aseguró esta madre, quien fue gravemente herida por el sujeto que le arrebató a su hija hace tres años. “La incertidumbre de (no) saber cómo está (…) te va matando.

No vivimos, sobrevivimos” gracias a la familia, a Dios y a la esperanza de encontrarla con vida, comentó. La familia de la menor y la CATWLAC alegan contradicciones del presunto homicida y denuncian mensajes en Facebook en los que se pide paralizar la difusión del caso, lo que indica que hay “cierto interés” en que no la encuentren. “Entendemos que estamos trastocando intereses económicos muy altos (…) porque se tejen redes de complicidad que pueden llegar al más alto nivel del poder político y económico de este país”, afirmó Ulloa.

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/1966041/0/mujeres-mexico/victimas-desapariciones/sociedad-machista/#xtor=AD-15&xts=467263

En México no se protege a las mujeres. 14/09/2013

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De 58.000 mujeres que sufrieron violencia y buscaron protección por parte del Estado, sólo el 7% la recibió, según revela un informe elaborado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

Este informe recoge datos de enero 2011 a junio de 2012 y ha sido elaborado con datos de 21 Estados, a pesar de que le fueron solicitados a 27. Los que hicieron caso omiso fueron Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, San Luis Potosí y Tabasco. Curiosamente, algunas de las instancias reconocen que no les prestan ayuda “porque ellas (las mujeres) no lo solicitan”.

El informe refleja también claramente que en este país persiste el patrón de impunidad y omisión por parte de las autoridades para emitir órdenes de protección. Estas órdenes son una medida mínima para prevenir un daño mayor y está ordenada por le Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Lgamvlv).

La violencia contra las mujeres y su expresión extrema, el feminicidio, representan un grave problema para las mujeres mexicanas, que implica la violación sistemática de sus derechos humanos fundamentales, y devela las condiciones de discriminación social y jurídica en que viven. El gran problema es la violencia institucional.

La Lgamvlv define a la violencia institucional como: los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. En este sentido, el Observatorio, ha detectado una clara en incapacidad de los tres órdenes de gobierno para cumplir con su obligación de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Feminicidio sin reconocer

En México, el feminicidio abarca los asesinatos de mujeres cometidos por la misoginia, la discriminación y el odio hacia este género, donde familiares o desconocidos realizan actos de extrema brutalidad sobre los cuerpos de las víctimas, en un contexto de permisividad del Estado, quien, por acción u omisión, no cumple con su responsabilidad de garantizar la integridad, la vida y la seguridad de las mujeres.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha pronunciado sobre el contenido del deber de actuar con la debida diligencia ante actos de violencia contra ellas. Pero los estamentos mexicanos parecen sordos.

Para proteger a las féminas se requiere que las autoridades encargadas de recibir las denuncias tengan la capacidad de entender la gravedad del fenómeno de la violencia perpetrada contra ellas, y de actuar de inmediato; es decir, el Estado debe aplicar la debida diligencia para actuar en forma expedita. Sin embargo, en este país las denuncias se guardan en un cajón, o, directamente, van a la papelera. Eso, cuando no se le dice a la mujer que es una exagerada, que quizás ella no sabe “llevar” a su marido y que, en última instancia, se tratará de una pelea de “enamorados”. Y mandan a la mujer a casa sin registrar el incidente.

Los datos recogidos en el informe reflejan la existencia de un patrón de impunidad y omisión, debido a que las entidades federativas no están garantizando el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. A pesar de que, de acuerdo a ONU Mujeres, al menos el 30% de las defunciones femeninas con presunción de homicidio registradas en el 2010 ocurrieron en la vivienda, lo cual permite presumir que los agresores eran conocidos, parejas o familiares.

Las cifras

Los estados de Durango, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, reconocieron que de enero de 2011 a junio de 2012, no emitieron ninguna orden de protección. En ese periodo de tiempo, en ocho entidades ocurrieron 1235 asesinatos de mujeres: 320 se registraron en el Estado de México; 168 en Sinaloa; 169 en Tamaulipas; 142 en Jalisco; 138 en Nuevo León; 125 en el Distrito Federal; 102 en Oaxaca, y 71 en Sonora.

Morelos no determinó órdenes de protección porque “el reglamento para la Aplicación de las órdenes de protección en materia de violencia familiar fue publicado el 5 de septiembre de 2012”. En Nuevo León se iniciaron 7.316 averiguaciones previas y no se otorgó ninguna medida de protección. En Puebla, la Procuraduría (fiscalía) del Estado, manifestó tener conocimiento de 6.237 casos, pero tampoco emitió orden de protección alguna, pues “las agraviadas son las que no optan por estas prerrogativas.”

En Chiapas, de 1.077 hechos de violencia que conoce la Procuraduría, las autoridades manifiestan haber emitido 36 órdenes de protección. En Chihuahua, de 7.342 conocidos en entre agosto y octubre de 2012, otorgaron únicamente siete órdenes. En el Distrito Federal ocurrieron 15.276 casos, pero sólo se emitieron 564 medidas de protección. En lo que respecta a Oaxaca, de 3.249 reconocidos por la Procuraduría, sólo otorgaron 126; es decir, únicamente el 3,8% recibió algún tipo de protección.

Por otro lado, hay que aclarar que la mayor parte de las órdenes que se han otorgado son de carácter urgente, y consisten en que la policía vigile el domicilio de la víctima, la prohibición al probable responsable de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, etc. de la víctima y de sus familiares. La mayoría de los estados establecen 72 horas como vigencia de la orden de protección. Veracruz es el único estado que contempla 180 días; y Quintana Roo determina que la orden de protección dura en tanto exista riesgo para la mujer.

Hay estados, como Oaxaca y Sinaloa, que están haciendo esfuerzos importantes para implementar las órdenes de protección a través de protocolos de atención que les permita mejorar. Sin embargo, la lucha ha quedado acotada a la violencia intrafamiliar, que invisibiliza la violencia específica contra la mujer.

El Estado de México, en 2009, y de acuerdo con información de ONU Mujeres, registró una tasa de 3,66 defunciones femeninas por cada 100.000 mujeres, colocándose por encima de la media nacional. Sin embargo, la Procuraduría ha confirmado que no lleva un registro del total de la violencia femenina.

Alertas de género

Hay otro “hándicap” importante que impide proteger a las mujeres: la imposibilidad de aprobar mecanismos jurídicos que permitan cuantificar los homicidios como feminicidios.

El OCNF ha documentado que, en dos años (2011 y 2012) han sido asesinadas 2.440 mujeres en 12 estados del país, de las cuales, aproximadamente, el 50% han sido privadas de la vida como consecuencia de actos que implican el uso excesivo de la fuerza física (como golpes, mutilaciones, cortaduras, asfixia y quemaduras). Sin embargo, en 10 estados sólo se han acreditado 388 feminicidios.

Para la socióloga María de Luz Estrada, impulsora del Observatorio, del que es coordinadora ejecutiva desde 2007, la impunidad, la omisión por parte de los operadores de justicia, y la discriminación contra el género femenino, son las principales causas de estos hechos. Para ella, la falta de investigación y captura de los feminicidas provocan un ambiente permisivo de impunidad, idóneo para la reproducción crónica de violaciones sistemáticas contra las mujeres, como lo ha establecido CoIDH en varias jurisprudencias. Es importante señalar, afirma, que el Sistema de Derechos Humanos ha venido incluyendo el acceso a la justicia a las mujeres víctimas de violencia, como ha sido la CEDAW y el Estatuto de Roma; sin embargo, los gobiernos hacen caso omiso para la protección de los derechos de las mujeres, como se muestra en el Estado de México.

Estrada asegura que demostrar que un homicidio debe considerarse feminicidio es una tarea ardua, pues han detectado omisiones graves, impunidad y discriminación, lo que hace que las autoridades no acrediten el tipo penal de feminicidio. Ello les obliga a apelar la reclasificación del delito en el poder judicial. “Un ejemplo claro lo tenemos en el Estado de México”, concluye, “donde, de 568 homicidios de mujeres ocurridos en 2011 y 2012, tan sólo se han podido acreditar 144 feminicidios”.

Validan tipificación del feminicidio; relación sentimental, entre los elementos .2013 México.

Alfredo Méndez
Periódico La Jornada
Jueves 12 de septiembre de 2013, p. 38

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la tipificación del delito de feminicidio, distinto del homicidio, y confirmó que uno de los elementos teóricos del primero es que el asesino haya tenido una relación sentimental con la víctima.

Al negar el amparo promovido por Luis Alberto Orduña Ortiz, condenado a 47 años de cárcel por estrangular en octubre de 2011 a su ex novia de 18 años de edad, los ministros consideraron constitucional el artículo 242 Bis del Código Penal del estado de México, que castiga con 40 a 70 años de cárcel el feminicidio.

Esta es la primera vez que la Corte se pronuncia sobre la constitucionalidad del feminicidio, tipo penal con añeja aplicación en la legislación de Estados Unidos.

Refiere que se incurre en ese delito,cuando se cometa en contra de persona con quien se haya tenido una relación sentimental, afectiva o de confianza, o haya estado vinculada con el sujeto activo por una relación en su centro de trabajo o institución educativa, y existan con antelación conductas que hayan menoscabado o anulado los derechos, o atentado contra la dignidad del pasivo.

La defensa de Orduña alegó que el término relación sentimental es impreciso y viola el principio de exacta aplicación de la ley, pero el tribunal rechazó el argumento.