Tasas de Mortalidad Materna por aborto en América Latina. 2013

Tomado de LInk http://www.abortos.com/sudamerica_aborto.htm

Numerosas organizaciones feministas y de mujeres están realizando diversas acciones, destinadas a visibilizar las consecuencias del aborto en la salud de las mujeres y a hacer tomar conciencia a los Estados Sudamericanos y miembros de los parlamentos que la penalización del aborto no disminuye su práctica.

En este marco, la organización no gubernamental SI MUJER, de Nicaragua, está haciendo circular por internet un estudio que informa sobre la situación de la mortalidad materna, la legislación sobre el aborto, la influencia de los cultos religiosos sobre este tema y las causales por las que el aborto es permitido en algunos países de América Latina. Su autora es Ana María Pizarro, integrante de SI MUJER. Éste es el panorama de:


Argentina
En Argentina, el aborto ocupa el primer lugar como causa de muerte materna; la tasa de mortalidad materna (TMM) es de 82 por 100.000 nacidos vivos.

El gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano; la constitución respeta la vida desde el momento de la concepción; por decreto presidencial rige el Día del niño no nacido, desde el 25 de marzo de 1999.

El aborto es considerado un delito contra la vida.

No es punible el aborto por violación o como resultado de un atentado al pudor de una mujer “idiota o demente”. (1984).


Bolivia
En Bolivia, cuya TMM asciende a 420 por 100.000 nacidos vivos, el aborto ocupa una de los primeros lugares de las causas de muerte materna.

El estado reconoce y sostiene la religión católica, apostólica y romana; no se establece el derecho a la vida desde la concepción. El aborto es delito (1993), salvo cuando el embarazo es producto de violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro, incesto, cuando evita un peligro para la vida o la salud de la mujer.


Brasil
El aborto es la cuarta causa de muerte materna; la TMM es de 260 por 100.000 nacidos vivos. Se estima que anualmente se realizan entre 700 mil y un millón de abortos.

El estado es laico según la Constitución, no incorpora el derecho a la vida desde la concepción.

El aborto es reconocido como delito contra la vida. En 27 hospitales de 12 de los 26 estados que establecen la legalidad del aborto desde 1988, se brindan servicios de aborto, entre ellos Río de Janeiro y San Pablo, una de las ciudades más grandes del mundo.

El aborto es considerado lícito cuando el embarazo es producto de una violación o cuando implica un grave riesgo contra la vida de la gestante. La norma permite la interrupción antes de las 20 semanas de gestación.


Colombia
La segunda causa de muerte materna es el aborto; la TMM es de 130 por 100.000 nacidos vivos.

Hasta 1991 regía el Concordato, un tratado internacional con el estado Vaticano, algunos de cuyos artículos fueron declarados inconstitucionales; no incorpora el derecho a la vida desde la concepción.

El Código Penal considera toda forma de aborto como un delito contra la vida y la integridad personal (1980).


Costa Rica
La TMM es de 43 por 100.000 nacidos vivos. La tasa de aborto inducido es de 10.36 por 1.000 mujeres de 15-49 años (1995). El 12,4 por ciento de las muertes maternas fue por aborto en el período 1990-1994.

La religión del estado es la católica apostólica y romana, por Constitución. El artículo 75 de la CPE permite que la jerarquía católica se inmiscuya en todos los asuntos relativos a la sexualidad y la reproducción.

El aborto es considerado un delito.

Existe el aborto impune según el art.121 del Código Penal. El aborto terapéutico está autorizado cuando está en riesgo la vida y la salud de la mujer.


Chile
En Chile, el aborto es la primera causa de muerte materna; la TMM es de 31 por 100.000 nacidos vivos.

La Constitución asegura la libertad de conciencia; no incorpora la defensa de la vida desde la concepción aunque la jerarquía católica pretendía en el año 2000 modificar el texto constitucional que dice “las personas nacen libres e iguales ante la ley” por “las personas se conciben libres e iguales ante la ley”.

Desde finales de la dictadura de Pinochet el aborto es ilegal en todos los supuestos, dado que derogó el aborto terapéutico que regía desde 1931. Se considera crimen y simple delito contra el orden de las familias y la moralidad públicas.


Ecuador
En Ecuador, la TMM es de 130 por 100.000 nacidos vivos.

La Constitución garantiza a toda persona la libertad de conciencia y religión; en lo relativo a la familia, “el hijo será protegido desde su concepción”.

El aborto es considerado como un delito contra la existencia natural; el Código incluye un capítulo sobre lesiones del feto al que extiende la protección del bien jurídico.

El aborto se acepta cuando existe peligro para la vida o la salud de la madre, en casos de violación o estupro contra mujer idiota o demente (1971).


El Salvador
La TMM es de 150 por 100.000 nacidos vivos. El aborto es una de las primeras causas. En 1998, el MSPAS registró 7.436 hospitalizaciones por aborto.

No incorpora la defensa de la vida desde la concepción. El Código Penal de 1973 que permitía el aborto terapéutico por violación, razones eugenésicas, y el aborto culposo cometido por la mujer fue derogado en 1998. El nuevo Código Penal considera ilícito todo tipo de aborto. Se establece entre los delitos relativos a la vida del ser humano en formación.


Guatemala
La TMM es de 240 por 100.000 nacidos vivos. Según el MSPAS, en el año 2000, la tasa de mortalidad materna era de 153 por 100.000 nacidos vivos. El 9,5 por ciento por aborto provocado.

El aborto es considerado un delito.

Se permite el aborto para salvar la vida de la mujer.


Honduras
En Honduras, cuya TMM es 110 por 100.000 nacidos vivos, el aborto ocupa desde hace 25 años la segunda causa de egreso hospitalario. El estado constitucionalmente está separado de la iglesia; desde 1982 se establece que “al que está por nacer se le considerará nacido para todo lo que le favorezca”.

Desde 1997 se derogaron por decreto los artículos aprobados por el parlamento que despenalizaban el aborto por razones terapéuticas, eugenésicas y jurídicas.


México
El aborto es la tercera o cuarta causa de muerte materna y constituye el 25 por ciento de los ingresos del Hospital General de la Ciudad de México. La TMM es de 83 por 100.000 nacidos vivos.

La Constitución establece que “todo hombre es libre de profesar la creencia religiosa que más le agrade”; no incorpora la defensa de la vida desde la concepción.

El régimen federado permite legislaciones diferentes en los estados. En agosto del 2000 fue aprobada una reforma favorable a la legislación del aborto en el Distrito Federal, ocasionando un importante debate nacional sobre el aborto por violación.

El aborto no es punible si es “causado por la imprudencia de la mujer embarazada”, como resultado de violación o cuando corra peligro de muerte. Por razones eugenésicas está permitido en 12 de los 32 estados y el D.F. En el 2000 la causal de peligro de muerte de la madre se incluyó en todos los estados


Nicaragua
El aborto es la primera o segunda causa de muerte materna hospitalaria desde el decenio de 1980. La TMM asciende a 250, 230, 142 o a 86 por 100.000 nacidos vivos, de acuerdo a diversas fuentes oficiales.

Según la Constitución, el Estado no tiene religión oficial ni incorpora la defensa de la vida desde la concepción; por decreto presidencial rige el Día Nacional del Niño por Nacer desde el 25 de marzo del 2000.

El Código Penal vigente establece el aborto entre los delitos contra la vida. El nuevo Código Penal (aprobado en lo general) en el 2001 incorpora como delito el “daño físico o sicológico en el no nacido”, la pena de 5 años de cárcel, inhabilitación absoluta para el ejercicio de la profesión, y el cierre de las clínicas o consultorios por 8 años, para los prestadores de servicio.

El Código Penal vigente desde 1871 permite el aborto terapéutico, no establece causales, la mujer debe contar con la autorización del cónyuge o un pariente cercano.


Panamá
El aborto ocupa el tercer lugar entre las primeras causa de muerte materna; la TMM es de 160 por 100.000 nacidos vivos.

La Constitución establece la libre profesión de todas las religiones; no se incorpora la defensa de la vida desde la concepción. El aborto es considerado un delito.

El Código Penal desde 1982 establece tres indicaciones de aborto: ética, terapéutica y eugenésica.


Paraguay
El aborto es la primera causa de muerte materna; la TMM es de 170 por 100.000 nacidos vivos.

Se establece la protección de la vida desde la concepción desde 1992.

El aborto es considerado un delito.

La legislación permite el aborto terapéutico desde 1937.


Perú
El aborto es la segunda causa de muerte materna, la TMM es de 410 por 100.000 nacidos vivos.

La Constitución declara que “dentro de un régimen de independencia y autonomía, el estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante de la formación histórica, cultural y moral del Perú”; además menciona al concebido como sujeto de derecho en todo cuanto le favorezca.

El aborto es un delito. Desde 1997 el personal de salud está obligado a denunciar a las mujeres. En el 2002 un ministro de estado reglamentó la “inscripción de los concebidos”, la que debía realizarse en las unidades de salud.

Se permite el aborto terapéutico para salvar la vida para evitar un mal grave y permanente de la mujer.


Puerto Rico
La TMM es de 25 por 100.000 nacidos vivos.

Rige la Constitución estadounidense.

El aborto es legal desde la sentencia de Roe vs. Wade del Tribunal Supremo de los EEUU., que legalizó el aborto en 1973. El Código Penal establece pena de 3 años si no hay indicación terapéutica hecha por médico autorizado para conservar la salud o la vida de la madre.


República Dominicana
La TMM es de 150 por 100.000 nacidos vivos.

Se ha aprobado el reconocimiento de los derechos del no nacido. La iglesia católica tiene una fuerte influencia en todas las decisiones gubernamentales relativas a la sexualidad y la reproducción logrando que la prohibición de todo tipo de aborto se mantenga vigente.

El aborto está prohibido totalmente.


Uruguay
El 25 por ciento de las muertes maternas es por aborto; la TMM es de 27 por 100.000 nacidos vivos.

La Constitución establece la libertad de cultos dado que el estado no sostiene religión alguna; no incorpora el derecho a la vida desde la concepción.

El aborto es considerado un delito, aunque existen posibilidades de que sea despenalizado.

Desde 1938 se acepta la indicación terapéutica, ética y social para la realización del aborto.


Nota de la autora:
Las tasas de mortalidad materna fueron actualizadas según el informe Estado de la Población Mundial, UNFPA, 2004.

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En México no se protege a las mujeres. 14/09/2013

Por   

De 58.000 mujeres que sufrieron violencia y buscaron protección por parte del Estado, sólo el 7% la recibió, según revela un informe elaborado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

Este informe recoge datos de enero 2011 a junio de 2012 y ha sido elaborado con datos de 21 Estados, a pesar de que le fueron solicitados a 27. Los que hicieron caso omiso fueron Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, San Luis Potosí y Tabasco. Curiosamente, algunas de las instancias reconocen que no les prestan ayuda “porque ellas (las mujeres) no lo solicitan”.

El informe refleja también claramente que en este país persiste el patrón de impunidad y omisión por parte de las autoridades para emitir órdenes de protección. Estas órdenes son una medida mínima para prevenir un daño mayor y está ordenada por le Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Lgamvlv).

La violencia contra las mujeres y su expresión extrema, el feminicidio, representan un grave problema para las mujeres mexicanas, que implica la violación sistemática de sus derechos humanos fundamentales, y devela las condiciones de discriminación social y jurídica en que viven. El gran problema es la violencia institucional.

La Lgamvlv define a la violencia institucional como: los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. En este sentido, el Observatorio, ha detectado una clara en incapacidad de los tres órdenes de gobierno para cumplir con su obligación de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Feminicidio sin reconocer

En México, el feminicidio abarca los asesinatos de mujeres cometidos por la misoginia, la discriminación y el odio hacia este género, donde familiares o desconocidos realizan actos de extrema brutalidad sobre los cuerpos de las víctimas, en un contexto de permisividad del Estado, quien, por acción u omisión, no cumple con su responsabilidad de garantizar la integridad, la vida y la seguridad de las mujeres.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha pronunciado sobre el contenido del deber de actuar con la debida diligencia ante actos de violencia contra ellas. Pero los estamentos mexicanos parecen sordos.

Para proteger a las féminas se requiere que las autoridades encargadas de recibir las denuncias tengan la capacidad de entender la gravedad del fenómeno de la violencia perpetrada contra ellas, y de actuar de inmediato; es decir, el Estado debe aplicar la debida diligencia para actuar en forma expedita. Sin embargo, en este país las denuncias se guardan en un cajón, o, directamente, van a la papelera. Eso, cuando no se le dice a la mujer que es una exagerada, que quizás ella no sabe “llevar” a su marido y que, en última instancia, se tratará de una pelea de “enamorados”. Y mandan a la mujer a casa sin registrar el incidente.

Los datos recogidos en el informe reflejan la existencia de un patrón de impunidad y omisión, debido a que las entidades federativas no están garantizando el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. A pesar de que, de acuerdo a ONU Mujeres, al menos el 30% de las defunciones femeninas con presunción de homicidio registradas en el 2010 ocurrieron en la vivienda, lo cual permite presumir que los agresores eran conocidos, parejas o familiares.

Las cifras

Los estados de Durango, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, reconocieron que de enero de 2011 a junio de 2012, no emitieron ninguna orden de protección. En ese periodo de tiempo, en ocho entidades ocurrieron 1235 asesinatos de mujeres: 320 se registraron en el Estado de México; 168 en Sinaloa; 169 en Tamaulipas; 142 en Jalisco; 138 en Nuevo León; 125 en el Distrito Federal; 102 en Oaxaca, y 71 en Sonora.

Morelos no determinó órdenes de protección porque “el reglamento para la Aplicación de las órdenes de protección en materia de violencia familiar fue publicado el 5 de septiembre de 2012”. En Nuevo León se iniciaron 7.316 averiguaciones previas y no se otorgó ninguna medida de protección. En Puebla, la Procuraduría (fiscalía) del Estado, manifestó tener conocimiento de 6.237 casos, pero tampoco emitió orden de protección alguna, pues “las agraviadas son las que no optan por estas prerrogativas.”

En Chiapas, de 1.077 hechos de violencia que conoce la Procuraduría, las autoridades manifiestan haber emitido 36 órdenes de protección. En Chihuahua, de 7.342 conocidos en entre agosto y octubre de 2012, otorgaron únicamente siete órdenes. En el Distrito Federal ocurrieron 15.276 casos, pero sólo se emitieron 564 medidas de protección. En lo que respecta a Oaxaca, de 3.249 reconocidos por la Procuraduría, sólo otorgaron 126; es decir, únicamente el 3,8% recibió algún tipo de protección.

Por otro lado, hay que aclarar que la mayor parte de las órdenes que se han otorgado son de carácter urgente, y consisten en que la policía vigile el domicilio de la víctima, la prohibición al probable responsable de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, etc. de la víctima y de sus familiares. La mayoría de los estados establecen 72 horas como vigencia de la orden de protección. Veracruz es el único estado que contempla 180 días; y Quintana Roo determina que la orden de protección dura en tanto exista riesgo para la mujer.

Hay estados, como Oaxaca y Sinaloa, que están haciendo esfuerzos importantes para implementar las órdenes de protección a través de protocolos de atención que les permita mejorar. Sin embargo, la lucha ha quedado acotada a la violencia intrafamiliar, que invisibiliza la violencia específica contra la mujer.

El Estado de México, en 2009, y de acuerdo con información de ONU Mujeres, registró una tasa de 3,66 defunciones femeninas por cada 100.000 mujeres, colocándose por encima de la media nacional. Sin embargo, la Procuraduría ha confirmado que no lleva un registro del total de la violencia femenina.

Alertas de género

Hay otro “hándicap” importante que impide proteger a las mujeres: la imposibilidad de aprobar mecanismos jurídicos que permitan cuantificar los homicidios como feminicidios.

El OCNF ha documentado que, en dos años (2011 y 2012) han sido asesinadas 2.440 mujeres en 12 estados del país, de las cuales, aproximadamente, el 50% han sido privadas de la vida como consecuencia de actos que implican el uso excesivo de la fuerza física (como golpes, mutilaciones, cortaduras, asfixia y quemaduras). Sin embargo, en 10 estados sólo se han acreditado 388 feminicidios.

Para la socióloga María de Luz Estrada, impulsora del Observatorio, del que es coordinadora ejecutiva desde 2007, la impunidad, la omisión por parte de los operadores de justicia, y la discriminación contra el género femenino, son las principales causas de estos hechos. Para ella, la falta de investigación y captura de los feminicidas provocan un ambiente permisivo de impunidad, idóneo para la reproducción crónica de violaciones sistemáticas contra las mujeres, como lo ha establecido CoIDH en varias jurisprudencias. Es importante señalar, afirma, que el Sistema de Derechos Humanos ha venido incluyendo el acceso a la justicia a las mujeres víctimas de violencia, como ha sido la CEDAW y el Estatuto de Roma; sin embargo, los gobiernos hacen caso omiso para la protección de los derechos de las mujeres, como se muestra en el Estado de México.

Estrada asegura que demostrar que un homicidio debe considerarse feminicidio es una tarea ardua, pues han detectado omisiones graves, impunidad y discriminación, lo que hace que las autoridades no acrediten el tipo penal de feminicidio. Ello les obliga a apelar la reclasificación del delito en el poder judicial. “Un ejemplo claro lo tenemos en el Estado de México”, concluye, “donde, de 568 homicidios de mujeres ocurridos en 2011 y 2012, tan sólo se han podido acreditar 144 feminicidios”.