Falta avanzar en temas como feminicidio e impunidad en México, advierte ONU. 2014

Por Ciro Pérez Silva

foto © Francisco Elias Prada

México, DF. A pesar de todos los avances que ha conseguido México en materia de equidad y empoderamiento de las mujeres, “debe avanzar seriamente en temas como el feminicidio y la impunidad para quienes cometen este delito, que aún se presenta en varios estados del país”, advirtió John Hendra, director ejecutivo Adjunto de ONU Mujeres y Responsable de la Oficina de Políticas y Programas.

“Es muy importante la reforma que garantiza la igualdad de género en puestos políticos en la constitución y ese es un buen modelo para México y la región de América Latina y El Caribe, pero debe avanzar en el tema de feminicidio y la impunidad, como se debe avanzar en otros temas en otras naciones del mundo. La estadística nos dice que una de cada en tres mujeres sufre algún tipo de violencia. Cada sociedad tiene retos y México no es la excepción”, dijo en entrevista.

Destacó que la Comisión sobre la Condición de la Mujer (CSW por sus siglas en inglés) tiene como prioridad encontrar formas de reducir los niveles de violencia hacia las mujeres, pero desde cada país es imprescindible hacer más para contar con instrumentos y mecanismos de derechos humanos que les traigan sustento.

“Los países tienen que hacer más para implementar los marcos jurídicos que tienen, los países tiene que enfocarse más en la prevención, hacer que en las fuerzas legales haya mujeres; mujeres policías, más jueces, porque si hay mujeres en los niveles altos del poder judicial significa que casos como violaciones podrían ir a las cortes (tribunales) más rápido. Hay mucha evidencia que dice que si las mujeres están en la línea frontal de los sistemas de seguridad, también en términos de atención a la violencia”, dijo.

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Las mujeres mexicanas, un botín de guerra para las autoridades corruptas en un país patriarcal.2013

Las mujeres en México son víctimas del crimen organizado, pero también de autoridades corruptas en un país donde prevalece el machismo y la “simulación” en materia de igualdad de género. (EFE)

La Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe denuncia que la mayoría de víctimas de desaparición son mujeres y niñas. El problema “es que no se le ha dado importancia a las mujeres” ni en el sexenio de Felipe Calderón ni en el que encabeza Peña Nieto, apuntan.

La directora de esta ONG señala que en México no hay políticas públicas que desactiven los estereotipos culturales que perpetúan la desigualdad.

Las mujeres en México son víctimas del crimen organizado, pero también de autoridades corruptas en un país donde prevalece el machismo y la “simulación” en materia de igualdad de género, denunció una organización no gubernamental. “No sé a qué le tenemos más miedo, si al operativo conjunto (de las fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales) o a las bandas de delincuencia organizada”, dijo la directora de la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, Teresa Ulloa. “Los cuerpos de las mujeres y las niñas acaban siendo un botín de guerra” y aumenta la esclavitud, la prostitución, las violaciones y los embarazos adolescentes, señaló en una entrevista telefónica.

En el mandato de Calderón se registraron 26.000 desaparecidos en un país con “territorios absolutamente bajo el control de los cárteles” La mayoría de víctimas de desaparición o algunas formas de esclavitud contemporánea, como la trata de personas o la explotación sexual, son mujeres y niñas porque sigue estando presente “una concepción misógina patriarcal”, afirmó Ulloa.

El problema “es que no se le ha dado importancia a las mujeres” ni en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) ni en el que encabeza desde el 1 de diciembre pasado Enrique Peña Nieto, apuntó y lamentó que en esta tema haya “muchas promesas” y “mucha simulación”.

Ni en México ni en el resto de la región hay políticas públicas para “desactivar los estereotipos culturales que perpetúan la desigualdad (…) o la violencia contra las mujeres”, aseveró. Sistema de Alerta Roja para proteger a las mujeres

La coalición que encabeza Ulloa (CATWLAC, por sus siglas en inglés), con presencia en 25 países latinoamericanos, impulsó en 2006 la creación del Sistema de Alerta Roja (SAR) para rescatar a mujeres y niñas desaparecidas, y ofrecer protección y asistencia.

En su informe de 2012 publicado en junio pasado, la coalición señaló que el Sistema de Alerta Roja atiende los casos de 207 personas desaparecidas o ausentes en México, de los cuales el 90% son mujeres y en buena parte de ellos (70%) está involucrada la delincuencia organizada.

Y es que “México se vuelve un embudo porque tenemos en el vecino del norte el mercado más grande de droga, pero también de sexo de paga”, dijo la activista, quien recordó que en el mandato de Calderón se registraron 26.000 desaparecidos en un país con “territorios absolutamente bajo el control de los cárteles”.

El caso de la niña María José Uno de los casos incluidos en el SAR es el de María José Monroy Enciso, una niña que fue robada el 21 de septiembre de 2010 de la óptica de su madre, en el central Estado de México, cuando tenía solo once meses.

La madre de María José denuncia la lentitud con la que las autoridades han actuado en la desaparición de su hija Ulloa teme que María José, cuyo caso sigue abierto, haya sido vendida para la adopción ilegal o explotación sexual, pero su madre, Maribel Enciso, aún tiene la esperanza de encontrarla viva. Y es que el presunto responsable del robo de María José, ya en la cárcel por haber violado a otras niñas, dijo haber asesinado y arrojado a la pequeña a un canal, pero su cuerpo no fue encontrado.

Enciso señaló que no le cree al sujeto y denunció la lentitud con la que han actuado las autoridades en el caso de su hija. “Si fuera la hija de un político o de alguien importante, moverían cielo y mar” hasta encontrarla, aseguró esta madre, quien fue gravemente herida por el sujeto que le arrebató a su hija hace tres años. “La incertidumbre de (no) saber cómo está (…) te va matando.

No vivimos, sobrevivimos” gracias a la familia, a Dios y a la esperanza de encontrarla con vida, comentó. La familia de la menor y la CATWLAC alegan contradicciones del presunto homicida y denuncian mensajes en Facebook en los que se pide paralizar la difusión del caso, lo que indica que hay “cierto interés” en que no la encuentren. “Entendemos que estamos trastocando intereses económicos muy altos (…) porque se tejen redes de complicidad que pueden llegar al más alto nivel del poder político y económico de este país”, afirmó Ulloa.

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/1966041/0/mujeres-mexico/victimas-desapariciones/sociedad-machista/#xtor=AD-15&xts=467263

Feministas de todo el país se reunirán en el próximo Encuentro Nacional Feminista 2013 Jalisco.México para trabajar en una agenda en común.

Estarán más de 1500 mujeres indígenas, campesinas, mujeres con vih, estudiantes, académicas, amas de casa, entre otras.

El 25, 26 y 27 de octubre; Jalisco será la sede del Encuentro Nacional Feminista. Participarán más de 1500 mujeres de todo el país. Ahí se instalará por primera vez en el país un Tribunal de los Derechos Humanos de las Mujeres.

Este Encuentro Nacional tiene como objetivo realizar un recuento de los avances, logros, retrocesos y retos del feminismo en el actual contexto nacional, identificar las prácticas patriarcales que obstaculizan la construcción de las identidades colectivas feministas. El Encuentro es un espacio democrático que incluirá la participación de todas las mujeres feministas, independientemente de su afiliación política, profesión, opción sexual.

Las participantes provienen de distintas corrientes, pero su Convocatoria afirma que no ostante esas diferencias están unidas en aspectos fundamentales como: oponerse a toda forma de violencia y discriminación contra las mujeres, A favor de los derechos sexuales y reproductivos, incluida la interrupción legal del embarazo, en acuerdo con el principio de no discriminación por orientación sexual e identidad de género, fundado en el respecto a los derechos humanos y a favor de que se garantice el principio del estado laico.

Este encuentro es necesario porque el Estado Mexicano ha firmado diversos tratados internacionales sobre derechos humanos, y en la práctica ha incumplido su obligación de proteger a las mujeres frente a todas las formas de violencia feminicida. Las organizadoras afirman que, pareciera que el Estado es la estructura que lo posibilita y reproduce.

Este Encuentro se realiza en Jalisco porque es un estado clave, como en otros más; la violencia de género crece y se profundiza mediante políticas que criminalizan a las mujeres, por ejemplo, aún se penaliza el aborto y desde el 2009 sólo se recrudeció la legislación estatal.

Graves son los retrocesos en diversos ámbitos como laboral, económico, en salud, representación política y social, entre otras. Grave es también, que todo lo que los feminismos reconocen como avances: leyes, institutos, mecanismos ciudadanos entre otros carezcan de mecanismos de justiciabilidad. La reiterada negación para decretar el mecanismo denominado Alerta de Género y el incumplimiento del Estado mexicano para acatar las sentencias y recomendaciones internacionales, son sólo un ejemplo.

Este Encuentro Nacional Feminista se lleva a cabo en un contexto nacional de 30 años de políticas neoliberales en México que generaron una enorme concentración de riqueza, el incremento de la pobreza y un profundo deterioro de las condiciones de vida y trabajo de la población, especialmente de las mujeres que viven la desigualdad social y la violencia de género.

Por poner un ejemplo, según datos de la secretaría del Trabajo las mujeres reciben una remuneración 20% menor que los hombres por igual trabajo. Es decir, una mujer percibe en promedio 80 centavos de dólar por cada dólar que gana el hombre. La desigualdad de ingreso entre mujeres y hombres en México es el doble de la que prevalece en América Latina, esto es más grave en tanto el ingreso condiciona el acceso a diversas oportunidades para el desarrollo.

A esta desigualdad, que se agrava con condición étnica y socioeconómica, hay que sumarle que el llamado “Pacto por México” es un acuerdo de las cúpulas políticas de poder hegemónico destinado a profundizar las tendencias neoliberales que en principio dieron origen a la pobreza y la desigualdad. De él está ajena la población campesina e indígena; mujeres, estudiantes, así como la población trabajadora y las víctimas de la guerra contra el crimen organizado que piden justicia. Sin duda, un análisis sobre los impactos de las reformas impulsadas desde la plataforma denominada Pacto por México, es una cuestión urgente a analizar que convoca a actuar en este Próximo Encuentro Nacional Feminista 2013 Jalisco.

La agenda del feminismo de los años 70 inició vinculada al tema de los derechos sexuales y reproductivos, en las últimas décadas se ha diversificado. Esta sectorización ha permitido que la mirada feminista se visibilice en nuevos escenarios, en temas específicos que ustedes podrán conocer en los días que se llevará a cabo el Encuentro Nacional Feminista 2013 Jalisco.

En este encuentro habrá grupos de discusión en donde participarán mujeres de distintos estados de la república, habrá talleres, conferencias y actividades culturales como el reconocimiento a mujeres destacadas en el Feminismo Mexicano.

Entre estas acciones se organizara el “Tribunal de los Derechos Humanos de las Mujeres”, que sesionará por los tres días y que convocará a feministas y juezas internacionales y nacionales a conocer casos paradigmáticos y documentados de violación a los derechos humanos de las mujeres. Habrá también una marcha en la que se dará a conocer el mensaje político de los resultados de los días del trabajo en el Encuentro.

También se realizarán más de 60 conversatorios, talleres, actividades culturales y análisis de las diversas realidades de las mexicanas.

Este Noveno Encuentro Nacional Feminista 2013 Jalisco marcará una agenda para el trabajo en pro de las mujeres por otras mujeres en nuestro país.

Responsaables de Prensa: Guadalupe Carmona: 333 1298208

Sara Lovera : 5521095271

En México no se protege a las mujeres. 14/09/2013

Por   

De 58.000 mujeres que sufrieron violencia y buscaron protección por parte del Estado, sólo el 7% la recibió, según revela un informe elaborado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

Este informe recoge datos de enero 2011 a junio de 2012 y ha sido elaborado con datos de 21 Estados, a pesar de que le fueron solicitados a 27. Los que hicieron caso omiso fueron Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, San Luis Potosí y Tabasco. Curiosamente, algunas de las instancias reconocen que no les prestan ayuda “porque ellas (las mujeres) no lo solicitan”.

El informe refleja también claramente que en este país persiste el patrón de impunidad y omisión por parte de las autoridades para emitir órdenes de protección. Estas órdenes son una medida mínima para prevenir un daño mayor y está ordenada por le Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Lgamvlv).

La violencia contra las mujeres y su expresión extrema, el feminicidio, representan un grave problema para las mujeres mexicanas, que implica la violación sistemática de sus derechos humanos fundamentales, y devela las condiciones de discriminación social y jurídica en que viven. El gran problema es la violencia institucional.

La Lgamvlv define a la violencia institucional como: los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. En este sentido, el Observatorio, ha detectado una clara en incapacidad de los tres órdenes de gobierno para cumplir con su obligación de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Feminicidio sin reconocer

En México, el feminicidio abarca los asesinatos de mujeres cometidos por la misoginia, la discriminación y el odio hacia este género, donde familiares o desconocidos realizan actos de extrema brutalidad sobre los cuerpos de las víctimas, en un contexto de permisividad del Estado, quien, por acción u omisión, no cumple con su responsabilidad de garantizar la integridad, la vida y la seguridad de las mujeres.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha pronunciado sobre el contenido del deber de actuar con la debida diligencia ante actos de violencia contra ellas. Pero los estamentos mexicanos parecen sordos.

Para proteger a las féminas se requiere que las autoridades encargadas de recibir las denuncias tengan la capacidad de entender la gravedad del fenómeno de la violencia perpetrada contra ellas, y de actuar de inmediato; es decir, el Estado debe aplicar la debida diligencia para actuar en forma expedita. Sin embargo, en este país las denuncias se guardan en un cajón, o, directamente, van a la papelera. Eso, cuando no se le dice a la mujer que es una exagerada, que quizás ella no sabe “llevar” a su marido y que, en última instancia, se tratará de una pelea de “enamorados”. Y mandan a la mujer a casa sin registrar el incidente.

Los datos recogidos en el informe reflejan la existencia de un patrón de impunidad y omisión, debido a que las entidades federativas no están garantizando el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. A pesar de que, de acuerdo a ONU Mujeres, al menos el 30% de las defunciones femeninas con presunción de homicidio registradas en el 2010 ocurrieron en la vivienda, lo cual permite presumir que los agresores eran conocidos, parejas o familiares.

Las cifras

Los estados de Durango, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, reconocieron que de enero de 2011 a junio de 2012, no emitieron ninguna orden de protección. En ese periodo de tiempo, en ocho entidades ocurrieron 1235 asesinatos de mujeres: 320 se registraron en el Estado de México; 168 en Sinaloa; 169 en Tamaulipas; 142 en Jalisco; 138 en Nuevo León; 125 en el Distrito Federal; 102 en Oaxaca, y 71 en Sonora.

Morelos no determinó órdenes de protección porque “el reglamento para la Aplicación de las órdenes de protección en materia de violencia familiar fue publicado el 5 de septiembre de 2012”. En Nuevo León se iniciaron 7.316 averiguaciones previas y no se otorgó ninguna medida de protección. En Puebla, la Procuraduría (fiscalía) del Estado, manifestó tener conocimiento de 6.237 casos, pero tampoco emitió orden de protección alguna, pues “las agraviadas son las que no optan por estas prerrogativas.”

En Chiapas, de 1.077 hechos de violencia que conoce la Procuraduría, las autoridades manifiestan haber emitido 36 órdenes de protección. En Chihuahua, de 7.342 conocidos en entre agosto y octubre de 2012, otorgaron únicamente siete órdenes. En el Distrito Federal ocurrieron 15.276 casos, pero sólo se emitieron 564 medidas de protección. En lo que respecta a Oaxaca, de 3.249 reconocidos por la Procuraduría, sólo otorgaron 126; es decir, únicamente el 3,8% recibió algún tipo de protección.

Por otro lado, hay que aclarar que la mayor parte de las órdenes que se han otorgado son de carácter urgente, y consisten en que la policía vigile el domicilio de la víctima, la prohibición al probable responsable de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, etc. de la víctima y de sus familiares. La mayoría de los estados establecen 72 horas como vigencia de la orden de protección. Veracruz es el único estado que contempla 180 días; y Quintana Roo determina que la orden de protección dura en tanto exista riesgo para la mujer.

Hay estados, como Oaxaca y Sinaloa, que están haciendo esfuerzos importantes para implementar las órdenes de protección a través de protocolos de atención que les permita mejorar. Sin embargo, la lucha ha quedado acotada a la violencia intrafamiliar, que invisibiliza la violencia específica contra la mujer.

El Estado de México, en 2009, y de acuerdo con información de ONU Mujeres, registró una tasa de 3,66 defunciones femeninas por cada 100.000 mujeres, colocándose por encima de la media nacional. Sin embargo, la Procuraduría ha confirmado que no lleva un registro del total de la violencia femenina.

Alertas de género

Hay otro “hándicap” importante que impide proteger a las mujeres: la imposibilidad de aprobar mecanismos jurídicos que permitan cuantificar los homicidios como feminicidios.

El OCNF ha documentado que, en dos años (2011 y 2012) han sido asesinadas 2.440 mujeres en 12 estados del país, de las cuales, aproximadamente, el 50% han sido privadas de la vida como consecuencia de actos que implican el uso excesivo de la fuerza física (como golpes, mutilaciones, cortaduras, asfixia y quemaduras). Sin embargo, en 10 estados sólo se han acreditado 388 feminicidios.

Para la socióloga María de Luz Estrada, impulsora del Observatorio, del que es coordinadora ejecutiva desde 2007, la impunidad, la omisión por parte de los operadores de justicia, y la discriminación contra el género femenino, son las principales causas de estos hechos. Para ella, la falta de investigación y captura de los feminicidas provocan un ambiente permisivo de impunidad, idóneo para la reproducción crónica de violaciones sistemáticas contra las mujeres, como lo ha establecido CoIDH en varias jurisprudencias. Es importante señalar, afirma, que el Sistema de Derechos Humanos ha venido incluyendo el acceso a la justicia a las mujeres víctimas de violencia, como ha sido la CEDAW y el Estatuto de Roma; sin embargo, los gobiernos hacen caso omiso para la protección de los derechos de las mujeres, como se muestra en el Estado de México.

Estrada asegura que demostrar que un homicidio debe considerarse feminicidio es una tarea ardua, pues han detectado omisiones graves, impunidad y discriminación, lo que hace que las autoridades no acrediten el tipo penal de feminicidio. Ello les obliga a apelar la reclasificación del delito en el poder judicial. “Un ejemplo claro lo tenemos en el Estado de México”, concluye, “donde, de 568 homicidios de mujeres ocurridos en 2011 y 2012, tan sólo se han podido acreditar 144 feminicidios”.

Validan tipificación del feminicidio; relación sentimental, entre los elementos .2013 México.

Alfredo Méndez
Periódico La Jornada
Jueves 12 de septiembre de 2013, p. 38

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la tipificación del delito de feminicidio, distinto del homicidio, y confirmó que uno de los elementos teóricos del primero es que el asesino haya tenido una relación sentimental con la víctima.

Al negar el amparo promovido por Luis Alberto Orduña Ortiz, condenado a 47 años de cárcel por estrangular en octubre de 2011 a su ex novia de 18 años de edad, los ministros consideraron constitucional el artículo 242 Bis del Código Penal del estado de México, que castiga con 40 a 70 años de cárcel el feminicidio.

Esta es la primera vez que la Corte se pronuncia sobre la constitucionalidad del feminicidio, tipo penal con añeja aplicación en la legislación de Estados Unidos.

Refiere que se incurre en ese delito,cuando se cometa en contra de persona con quien se haya tenido una relación sentimental, afectiva o de confianza, o haya estado vinculada con el sujeto activo por una relación en su centro de trabajo o institución educativa, y existan con antelación conductas que hayan menoscabado o anulado los derechos, o atentado contra la dignidad del pasivo.

La defensa de Orduña alegó que el término relación sentimental es impreciso y viola el principio de exacta aplicación de la ley, pero el tribunal rechazó el argumento.

Acceso a la justicia para las mujeres migrantes, violencia sexual y derechos reproductivos. México. 2013

Lourdes Enríquez – Cimacnoticias – 26/02/2013

México, México D.F. – La experiencia de la migración como necesidad o como deseo de las mujeres, provoca movilidad constante, situaciones complejas y cambiantes, sucesivas rupturas que van incidiendo en su identidad de género (que está en tránsito y en devenir), y que inciden también en sus proyectos de vida, estimulando su capacidad creativa de adaptación y de modificación de esos proyectos que intentan cumplir sorteando las dificultades que se les presentan, todo ello rodeado de un fuerte grado de vulnerabilidad.

Ser migrantes, pobres y mujeres las hace más vulnerables frente a las violencias que padecen, y frente a las estrategias de sobrevivencia ante circunstancias como la trata (explotación sexual y laboral), el comercio del sexo, el tráfico, o la servidumbre doméstica.

En el libro “Mujeres transmigrantes”, coordinado por Oscar Arturo Castro, se da cuenta de testimonios que explican que las mujeres se sienten acosadas y hostigadas todo el tiempo.

Inician su viaje con la consigna “dispuestas a todo” y normalizan o naturalizan la violencia contra ellas, para poder realizar su proyecto migratorio. La violencia con connotaciones sexuales es constante.

El grupo de investigación que publica el libro advierte que la mayoría son mujeres con historias de violencia previa en sus lugares de origen: violencia familiar, sexual, social, política o incluso todas. Y que la apertura al sometimiento es más fuerte cuando las mujeres tienen hijos o personas que dependen de ellas.

Se les llama flujos migratorios femeninos porque se trata de una población móvil que está de paso, que está en tránsito y que también se oculta porque evita ser detectada para sustraerse de las amenazas a las que su condición la expone.

Expertas en el tema “feminización de la migración” como Mara Girardi y Dolores Juliano, afirman que al espacio doméstico están vinculados los mandatos relativos al cuerpo de la mujer, punto de partida de las construcciones sociales basadas en la diferencia sexual en cuanto a objeto originario de la expropiación que han sufrido las mujeres.

La moral sexual y la reglamentación de la sexualidad es un mecanismo cultural importante que legitima la expropiación y contribuye a reproducirla. La violencia simbólica y material es el mecanismo que garantiza ese control.

Por lo que en las mujeres migrantes, al alejarse del ámbito doméstico, su cuerpo se vuelve más vulnerable, ya que rompe los esquemas sociales, materiales y simbólicos de protección.

La mujer que desobedece los mandatos rompiendo los vínculos se expone a un castigo que puede ser anónimo, cualquier hombre puede atribuirse el papel de encarnar la autoridad cuestionada.

De hecho, la violación como apropiación del cuerpo de la mujer, ha sido un castigo socialmente aceptado, de manera explícita, en ciertos momentos y lugares de la historia de nuestra sociedad y cultura.

En la condición de vida de las mujeres migrantes debemos hablar de violencia sistémica, por las serias carencias y múltiples formas de violencia que enfrentan, por su pobreza y marginación, tanto en los lugares de origen y de destino, como en el trayecto donde, debido a su condición de extremo riesgo, están expuestas a formas de explotación y abuso.

La identificación de sus propias necesidades está muy condicionada por el “rol de servicio y cuidados”, y en algunos casos, por el mandato de la maternidad que les asigna la sociedad y que se ve agudizado por la irresponsabilidad paterna y la ausencia del Estado o por la ideología punitiva de éste para castigar decisiones autónomas como el rechazo a una maternidad forzada.

Para la pensadora Judith Butler, la violencia es una acción que aprovecha la vulnerabilidad; en tanto, ciertos mecanismos discursivos y estéticos se apropian y explotan, hipertrofiando, el lazo primario que los cuerpos establecen fuera de ellos y en relación con los otros.

Estos mecanismos atraviesan políticas estatales y medios de comunicación, e imponen distinciones y marcas sobre los cuerpos y la forma en que deben ser vividos y deben concebirse como valiosos o no.

El filósofo y psicoanalista Slavoj Žižek ha distinguido violencia subjetiva y violencia objetiva. La primera es aquella que es hecha visible y donde se puede identificar al agente. Afirma que ideológicamente esta violencia se percibe sobre un supuesto fondo de nivel cero de violencia, es decir, está normalizada.

A la segunda la nombra sistémica y la caracteriza como invisible, ya que, afirma, es la normalidad del funcionamiento de los sistemas económico y político.

Por otro lado, el pensador Achille Mbembe, retomando la distinción foucaultiana, ha hablado de una necropolítica como cierta forma de soberanía sobre la vida y la muerte que ejercerían ciertos grupos delictivos o agentes del Estado sobre personas o comunidades específicas.

El hacer referencia a necropolíticas consentidas por el Estado, quiere decir la impune instrumentación de una política dirigida hacia un grupo vulnerable e invisibilizado, como es el caso de las mujeres migrantes.

Se trata de una impunidad sistémica, estructural y compleja, en la medida que cuando se singulariza el fenómeno descrito como delito, se le aísla de los dispositivos sociales que lo producen como bio-política (en términos del filósofo Michel Foucault), para ocultarse en la normalización e impunidad.

Llevando estas reflexiones al tema que hoy nos ocupa, una estudiosa de la migración femenina, como Isabel Vericat, explica en entrevista que las mujeres migrantes se sienten una presa acosada de diferentes maneras y todo el tiempo.

Ellas saben que son perseguidas por grupos de la delincuencia para secuestrarlas junto con sus compañeros de travesía, acechadas por negociantes de todo tipo que buscan la manera de atraerlas a engrosar sus negocios seduciéndolas, engañándolas o comprando la complicidad de sus acompañantes para que les faciliten el acceso a ellas, se las entreguen o se las vendan.

También son codiciadas y acosadas por todos los hombres con los que se encuentran, compañeros de viaje, polleros, policías, funcionarios, autoridades, secuestradores, asaltantes, extorsionadores, para servirles de amantes, no solamente con la voluntad de utilizarlas para su propio placer, sino con el propósito de ejercer sobre ellas la forma de control más extrema, que en nuestras sociedades y en las culturas androcéntricas y sexistas dominantes está relacionada con el uso arbitrario del cuerpo de la mujer, a través de modalidades que pueden llegar a la tortura sexual.

Vericat detalla que los imaginarios ligados a la sexualidad como territorio primordial de la dominación masculina se manifiestan de manera extrema. No se trata de satisfacer una necesidad física, sino más bien una necesidad simbólica que encierra un conjunto de mensajes verticales de sojuzgamiento y subordinación.

Podemos afirmar que se singulariza a la víctima como símbolo del sexo, se naturaliza a la víctima, se vuelve una víctima natural de uno o más depredadores.

Como ha escrito la antropóloga brasileña Rita Laura Segato: “La mujer es expropiada del control sobre su espacio-cuerpo, mientras la maquinaria o tecnología que conforma lo social se vuelve obscura al precipitarse la atención de la ley y de los medios de comunicación sobre la víctima, y ‘su natural culpa’ o la razón de ‘móvil sexual’”.

Vuelve a mujeres concretas un símbolo, una representación de lo que la tecnología de la dominación inviste en su cuerpo. Cuerpo atravesado por los discursos del poder.

Y añado, también es, quizá, el resultado paroxístico de un poder que se vive insuficiente para producir y reproducir la dominación de los cuerpos femeninos, entonces, procede a violentarlos y torturarlos.

La misoginia por detrás de los actos que violentan sexualmente a las mujeres es un sentimiento más próximo a los cazadores por su trofeo, se parece al desprecio por su vida o a la convicción de que el único valor de esa vida radica en su disponibilidad para la apropiación.

Podemos argumentar siguiendo a la filósofa Ana María Martínez de la Escalera, que “lo femenino no es un asunto identitario, es la estereotipificación lo que realmente se produce en la víctima. Por lo que una estrategia de movilización contra la dominación de los cuerpos femeninos debe estar al tanto de que las subjetividades femeninas no son universos acabados e individuales, sino procesos tensionales que remiten a identidades múltiples”.

**Ponencia leída en el simposio internacional “Feminización de las migraciones y Derechos Humanos”.

*Abogada y maestra en Filosofía del Derecho por la UNAM. Colaboradora del Programa Universitario de Estudios de Género.