Edomex: el paraíso de las violaciones.2013


5 DE SEPTIEMBRE DE 2012
REPORTAJE ESPECIAL
 

El Estado de México está convertido en un infierno para las mujeres. Ahí el número de violaciones sexuales rompe la media nacional y en muchos casos este crimen viene acompañado del asesinato de la agraviada. Varios casos recogidos por este semanario así lo demuestran. Y pese a que en teoría los castigos para los violadores son severos y se ha planteado radicalizarlos más, la impunidad para el delincuente sigue siendo la norma.

TOLUCA, MÉX. (Proceso).- “Ya no creo en los hombres”, dice con la mirada dura, sin alma. La brillantina con la que colorea sus párpados, los broches rosas que adornan su pelo, el collar del que cuelga una estrella y la sudadera estampada con corazones delatan que sigue siendo una niña, una adolescente con el corazón envejecido. “No soporto que un hombre esté a mi lado y no puedo ser novia de nadie”.

El 28 de junio de 2011, cuando tenía 16 años, Carmen (como la llamaremos aquí), habitante de Chimalhuacán, había sido contratada como ayudante por el elotero Luis Francisco Duarte Rivera, quien al terminar la jornada en el tianguis le dijo que no le pagaría hasta que lavara los trastes en su casa. Una vez ahí, aprovechando que estaban solos, la tomó con fuerza, la jaló hasta la cama, le quitó la blusa y el pantalón, le abrió las piernas, comenzó a tocarla violentamente, a morderle los senos e intentó violarla.

“Empezó a abusar de mí. Yo le pedía: ‘Déjeme ir con mi mamá’ y él decía: ‘Nomás tantito, nomás te enseño’. Cuando me vio llorando desesperada me soltó, salí corriendo, me escondí detrás de su camioneta”, recuerda. Cuando la dejó ir le pagó 200 pesos: 100 por la jornada laboral y 100 para que se comprara unos pantalones.

“Era la primera vez que alguien me tocaba así porque yo no había tenido nada con nadie”, dice. Los médicos que la atendieron dejaron asentado en el expediente que tenía mordidas en los senos e inflamación vaginal.

Pero desde que interpuso la denuncia (la 332580260911) fue amenazada y denigrada varias veces por el personal encargado de impartir justicia. El psicólogo Jorge de la Rosa, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) le decía que exageraba. Su abogada defensora (Teresa Pérez López) le advertía que la llevarían a la cárcel por haber levantado una denuncia por violación cuando lo ocurrido fue un “intento de penetración”. El agente del Ministerio Público Dagoberto Álvarez Hernández la acusaba de mentirosa y el imputado y su familia comenzaron a acosarla.

Ocho meses después Carmen acudió con Emerenciana López Martínez, Doña Mere, la luchadora social que ha dedicado su vida a impulsar la justicia en ese municipio mexiquense marginado –el de Chimalhuacán– y a la que por su fiereza se le cuadran hasta los procuradores. Entonces el caso fue tomado en cuenta. El pasado 24 de febrero logró un castigo para el elotero: lo obligaron a pagar 15 mil pesos por los daños. A Carmen esa sentencia la dejó más ofendida.

“Hay semanas que a mi casa llegan tres, cinco mujeres diciéndome que las violaron, que están a vuelta y vuelta con el Ministerio Público hasta que se cansan porque ahí no hacen nada. O mujeres que llegan todas golpeadas porque las quisieron matar y que luego terminan asesinadas. Pero las autoridades están a favor de los delincuentes, nomás los protegen”, se queja Doña Mere.

La acompaña para esta entrevista la mamá de Esperanza (no es su nombre real), una niña violada por tres vecinos en 2006, cuando tenía nueve años.

“Mi hija quería justicia porque decía que no quería que a otras niñas le hicieran lo mismo y se careaba con ellos en las audiencias; estaba firme, muy valiente. Pero aunque hicimos lo humanamente posible no hubo justicia. Ella no cree en la justicia, ya tiene 16 años, entró a la prepa y quiero olvidar todo”, dice la joven madre, llorando, aún con culpa.

Los casos de Carmen y Esperanza se repiten cada semana en el Estado de México. A la par de los feminicidios, las violaciones sexuales contra mujeres y niñas van en aumento y en ambos casos la impunidad parece garantizada.

La reportera ha solicitado desde hace más de un mes entrevistas en la PGJEM y en la fiscalía de delitos sexuales, sin que hasta la fecha haya una respuesta.

Tierra de escándalos

El Estado de México constantemente está envuelto en escándalos sexuales de gran envergadura. Los más recientes son los de las siete jovencitas violadas y otras varias abusadas frente a sus compañeros durante un retiro espiritual en un rancho ecológico de Chalco. Y la fuga y recaptura de César Armando Librado, El Coqueto, quien violó y mató por lo menos a siete mujeres. Y las bandas de violadores que operan en taxis y microbuses piratas. Y las 26 mujeres violadas por policías en castigo por haber participado en la revuelta de San Salvador Atenco, en una acción represiva que el exgobernador Peña Nieto reivindicó durante su campaña electoral.

Según cifras oficiales en el Estado de México se denuncian 6.5 violaciones sexuales cada día. Esta cifra queda muy lejos de la realidad, ya que ocho de cada 10 casos no se denuncian.

De acuerdo con estas cifras tomadas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública –publicadas por Milenio– Chalco ocupa el primer lugar estatal en violaciones con una tasa de 4.7 ataques por cada 100 mil habitantes al año y va al alza. Le siguen Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli con una tasa de 2.8 ataques de ese tipo, Nicolás Romero con 2.6, La Paz con 2.4 y Tlalnepantla y Naucalpan con 2.3.

Si en un semestre se denuncian 7 mil 178 violaciones sexuales en el país, mil 184 corresponden al Estado de México, que en ese lapso presenta también 674 denuncias por otros delitos sexuales como “estupro, abuso y actos libidinosos”.

El estudio Feminicidios en México, de la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados, indica que entre 2005 y 2009 la incidencia de violaciones sexuales en el Estado de México fue de 40.2 por cada 100 mil mujeres, 48% arriba del promedio nacional.

La procuraduría estatal ha reconocido que las violaciones sexuales contra niños, niñas y adolescentes en la entidad creció 270% de 2009 a 2011: pasó de 213 a 789 denuncias al año. La entidad además tiene un problema de salud pública por embarazos de adolescentes.

El delito parece haber crecido tanto que en el Congreso local se discute una ley de castración química, promovida por diputadas priistas que no encontraron suficiente el castigo de pena máxima a violadores y asesinos de mujeres, aprobado a fines del año pasado.

El pasado 24 de julio el gobernador Eruviel Ávila se declaró en favor de la discusión de la castración (inhibición farmacológica de la potencia sexual) como método para contener a los que buscan sexo a la fuerza.

Según Esperanza Arias Velásquez, de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, de 2009 a la fecha en el Estado de México se ha incrementado 60% la tasa de violaciones sexuales.

“Una investigación que hicimos a través de distintas promotoras de salud en todo el estado nos da el dato de que por día hay ocho casos de violencia sexual, ya sea violación o actos que denigren sexualmente (como que te maltraten la vagina o te la quemen con cigarros), y en total a la semana hay 10 casos de violaciones sexuales y ocho visitas al médico”, explica a Proceso.

La activista indica que la mayoría de los casos están subregistrados porque las mujeres que han sufrido abuso generalmente no se presentan ante el Ministerio Público y sólo acuden a los servicios de salud –a veces engañan al médico para no decir qué les ocurrió–, y si el personal descubre que fueron violadas no siempre lo reporta a las autoridades.

Señala que en esa entidad el machismo permea a los funcionarios encargados de la impartición de justicia y cuando reciben alguna queja por violación, protegen a los agresores o simplemente no consideran que sea un delito.

“Los MP, principalmente de los pueblitos, tienen muy cerrada la mentalidad. Creen que el maltrato sexual es normal, no lo toman como violencia o violación. Consideran que la causante fue la chica porque después ya no quiso tener relaciones con su novio y deciden que no hay delito que perseguir; ante esta situación, ¿quién va a querer denunciar?”, dice.

Por su parte, Mónica Hurtado, de la Asociación de Derechos Humanos del Estado de México, cuestiona las propuestas paliativas de los políticos para atacar el fenómeno: “Unos diputados propusieron crear autobuses rosas (exclusivos para mujeres), ahora se aprobó la condena de 70 años para violadores y asesinos de mujeres y últimamente están con lo de las castraciones químicas, como si las violaciones no fueran también con objetos. Pero no hay una política pública que vaya a la raíz de la violencia, a la desigualdad, a la impunidad”.

La activista señala que es un contrasentido que en el estado se anuncien medidas para proteger a las mujeres y al mismo tiempo se rechace aplicar la “alerta de género” solicitada por organizaciones de derechos humanos, que obligaría a las autoridades a profesionalizarse para evitar la violencia antifemenina y a encontrar los patrones que perpetúan la impunidad.

Además, feminicidios

La amenaza está siempre latente. La nueva alerta la encendió el asesinato en Ecatepec de Jessica Lucero, de 14 años y quien el pasado 14 de julio, un mes después de que denunció por violación a Carlos García Sanjuán, de 22 años, fue hallada totalmente desfigurada, muerta a golpes y pedradas.

La familia de Jessica dijo que los ministeriales que recibieron la denuncia por la violación les pidieron 2 mil pesos para “agilizar” el trámite, y que antes de que pudieran juntar el dinero el violador cumplió su amenaza de asesinar a la niña si no retiraba la denuncia.

El mismo mes, en Chalco, fue violada y asesinada Sonia Nereo, de 16 años. El 19 de julio salió temprano de su casa para ir a su trabajo, en una tortillería, y al día siguiente fue encontrada en un lote baldío. Aparentemente dos jóvenes identificados como Carlos Ulises y Carlos César, que se trasladaban en un taxi, la interceptaron, la arrastraron hacia la hierba crecida, la golpearon y abusaron sexualmente de ella. Como se resistía, la asfixiaron con su ropa interior.

A este panorama se suman las manifestaciones que afuera del Palacio de Gobierno realizó en mayo Adriana Bustamante para exigirle al gobernador que sancione a funcionarios de la procuraduría y del ayuntamiento de Metepec por proteger a los cinco hombres implicados en la violación de su hija de 13 años.

La mujer dijo que en la procuraduría le aconsejaron “llegar a un acuerdo” con los violadores; que el médico legista no quiso certificar la violación; que el agente del Ministerio Público, Erwin Colín Rocha, falseó los hechos y aisló horas a su hija cuando acudió a declarar, y que un tal “licenciado Ramiro Estrada” fue enviado por el ayuntamiento de Metepec para apoyar al presunto violador, Diego Jair, de 18 años.

Estos casos presentan el mismo patrón de impunidad con el que opera la procuraduría mexiquense hacia los delitos cometidos contra las mujeres. Esta misma procuraduría que cuando gobernó el estado Enrique Peña Nieto investigó el caso Paulette –la niña de nueve años desaparecida de su casa y hallada asfixiada ahí mismo–, la que no condenó a ningún policía por la barbarie de Atenco, la que no ha podido contener los feminicidios.

Esta entidad –que se quedó con el título que ostentaba Ciudad Juárez de “la tierra de los feminicidios”, según el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios– presenta un índice de violencia contra la mujer de 54.1%, que duplica al promedio nacional, de 23.2%. Y entre enero de 2005 y agosto de 2010 fueron asesinadas 922 mujeres, y la violencia sexual supera la media nacional.

Nueva Ciudad Juárez

Basta un vistazo a la prensa local para advertir la magnitud del problema. Además de los casos aislados de familiares o conocidos que forzaron el acto sexual, se sabe de la existencia de bandas o violadores seriales, como un sujeto identificado como Poncho, quien violó a 30 mujeres y mató a tres en Atizapán.

O tres policías municipales de Tlalnepantla que violaron a una niña de 14 años. O una banda de taxistas acusados de violar a 14 mujeres en Atenco. O los maestros de karate de Toluca que violaron a sus alumnas y las fotografiaron desnudas. O la banda de violadores de al menos siete mujeres en combis del servicio público.

Otras notas dejan manifiesta la ­desesperación de la población ante el fenómeno, como la detención, en el municipio Santo Tomás de los Plátanos, de Alicia Hernández Pompa y su hija de 17 años que en legítima defensa asesinaron a un vecino que se metió a su casa a violar a la adolescente.

O el intento de linchamiento en San Salvador Atenco de dos violadores, rescatados finalmente por la policía. O las manifestaciones de familias afuera de la primaria Emiliano Zapata, en Almoloya, por presuntas violaciones sexuales del personal a los niños.

A pesar de los cambios de gobierno, de procuradores, de subprocuradoras y fiscales de feminicidios, el fenómeno parece ir al alza.

La exsubprocuradora para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género de la PGJEM, Italy Ciani Sotomayor, manifestó que en el Valle de Toluca los taxis piratas y colectivos se convirtieron en un “foco rojo” por el aumento de las violaciones. Semanas después renunció a su cargo por el escándalo de la fuga del violador y multihomicida El Coqueto.

“Ella tenía información de varios casos, había investigado cosas, pero nunca nos comparten esa información de violaciones y feminicidios”, lamenta Esperanza Arias.

El pasado 8 de febrero violaron a Karina (nombre ficticio) en la zona comercial de Metepec, en el Valle de Toluca, que se ha poblado de centros comerciales donde laboran muchas mujeres que en las noches regresan solas a sus casas.

Sandra, su madre, narra a Proceso que esa noche su hija de 21 años viajaba en un taxi colectivo del que se fueron bajando los pasajeros. Cuando su hija quedó sola el conductor la obligó a punta de pistola a pasarse al asiento del copiloto. Le exigió que le diera su dinero y, en castigo porque no traía más que el importe del pasaje, la amenazó con violarla y le tapó la boca, siempre apuntándole con el arma.

“Se estacionó junto a una fábrica de cemento. Estaba oscuro. La violó en el taxi. Ella no pudo hacer nada, él tenía mucha fuerza, recuerda que olía muy mal. Él tenía como 27 años”, cuenta Sandra.

Al final el agresor le dijo que se bajara, que se hincara sobre el pavimento y no volteara a ver el carro porque si desobedecía le daría “un plomazo”.

“Cuando llegó no podía ni hablar, estaba como con el cuerpo dormido hasta que comenzó a gritar: ‘¡Me violaron, me violaron!’ La empecé a tranquilizar. Salimos a Tenango a ver si localizábamos al tipo y luego a comprarle pastillas en la farmacia.”

Las mujeres se animaron a poner la denuncia el 10 de febrero, pero cada vez que iban a solicitar avances les decían que la computadora no tenía sistema, que estaba de descanso el Ministerio Público, que no encontraban el expediente o la declaración, aunque la sometieron a interrogatorio cuatro veces.

“Karina les dijo que si tenía que ser hija de un presidente para que le hicieran caso. Pero no nos hicieron caso y nos desesperamos. Nunca iban a hacer nada. En tres meses no nos llamaron a ninguna cita, sólo nos decían: ‘Capaz que ya huyó’. Hasta que mi hija me pidió que ya no le busque, que dejara el asunto”, explica Sandra.

La falta de justicia hizo que la joven empeorara. “Se la pasaba llore y llore, le entró una desesperación, una angustia. Gritaba: ‘Estoy sucia’, ‘¿por qué me pasó a mí’?. Una situación muy fea que no quisiéramos recordar”, dice su mamá, la voz entrecortada. Las psicólogas que le asignaron en la procuraduría sólo la regañaban, así que también desistió de la terapia.

“Ha costado tiempo, pero ya la noto diferente, feliz –narra Sandra también emocionada– ya está en la escuela, conoció a un niño que le dice que está muy bonita y otra vez se emociona, otra vez está volviendo a ser la que era.”

Estos ocho meses Karina ha ido recuperando la autoestima y confianza en la vida. Lo que nunca va a recuperar es la confianza en las autoridades.

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En el 2013 se reportaron 71 feminicidios en BC; gobierno del estado incumple con protección de mujeres: ONGs

En el 2013 se reportaron 71 feminicidios en BC; gobierno del estado incumple con protección de mujeres: ONGs Por: Redacción / Sinembargo – diciembre 16 de 2013 – 22:30 Destacadas, México, TIEMPO REAL, Último minuto – Sin comentarios

En los últimos tres años, suman 225 las mujeres asesinadas en Baja California, víctimas apuñaladas, decapitadas, incineradas que han terminado sus vidas flotando en los canales de la periferia de las ciudades. Mientras, el gobierno del Estado ha decidido dejar pendiente su deber de poner en funcionamiento el Sistema Estatal para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres, obligación que le fue marcada por Ley desde 2008. ONGs propone reeducar a los hombres

Por Sergio Haro Cordero  y Rosario Mosso Castro Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo/Zeta).–

La mañana del viernes 15 de noviembre de 2013,  agentes de la Policía Municipal percibieron una estela de humo negro que salía de una construcción derruida en el conjunto habitacional Los Viñedos, en Los Santorales, al Poniente de Mexicali. Al acercarse, vieron que llamas de más de medio metro  salían de un cuerpo humano en combustión. Entre el fuego se distinguían las dos manos y una parte del pie izquierdo. Era el cuerpo de una mujer. Al día siguiente, las crónicas periodísticas reseñaban que había sido violada y quemada viva. Ambas afirmaciones fueron refutadas por científicos del Gobierno del Estado. De acuerdo al reporte del Servicio Médico Forense, la víctima presentaba quemaduras de cuarto grado en el 100 por ciento del cuerpo, por lo que fue difícil de identificar. “Las quemaduras eran post mortales, primero la asesinaron y luego la quemaron, tenía una herida punzocortante que llegaba al corazón”, explicó el titular de SEMEFO, Francisco Acuña Campa, quien aclaró que no es fácil encontrar en una persona calcinada rasgos de violación.

Los restos del cuerpo quedaron en las instalaciones del Servicio Forense. El 19 de noviembre, un hombre se acercó a las oficinas del SEMEFO, pero no entró. Abordó a una de las empleadas afuera para preguntarle si estaba el cuerpo de una mujer quemada. Al obtener la respuesta afirmativa, se retiró. Seis días después el hombre fue detenido. Se trata de José Miguel, a quien apodan “El Enano” -la Ley protege su identidad- y era pareja sentimental de quien resultó ser Ana Luisa Hernández Hinojosa, originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, y relacionada con su agresor desde hace cinco años, con una historia de recurrente maltrato.

De acuerdo a Cristian Colosio Lule, coordinador de la Unidad de Homicidios Violentos de la Procuraduría estatal, desde que se implementó el Nuevo Sistema de Justicia Penal -11 de agosto de 2010- a la fecha, se han cometido 55 asesinatos contra mujeres en Mexicali; 19 en lo que va de 2013. Colosio calculó que cerca del 70 por ciento de los expedientes, son procesos “judicializados”, asuntos que llegaron al Juzgado, en algunos casos con detenido o identificado el presunto responsable.

En el 30% restante, sigue la investigación, la integración de elementos en el expediente. “En la mayoría de los casos, se trata de temas pasionales”, aseguró el funcionario. La larga lista incluye mujeres descuartizadas, decapitadas, violadas, torturadas, arrojadas a canales de riego -sobre todo en la parte Poniente de Mexicali-. En varios asesinatos, se ha tratado de sexoservidoras.

MUCHAS MUERTAS

Conforme a los archivos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, del 1 de enero de 2008 al 4 de diciembre de 2013, 231 mujeres han sido asesinadas en Baja California; 123 en Tijuana, 52 en Mexicali, 16 en Rosarito; 6 en Tecate, 34 en Ensenada. 71 de esos homicidios han ocurrido en 2013: 35 en Tijuana, 19 en Mexicali, 7 en Rosarito, 8 en Ensenada y 2 en Tecate.

Del total de expedientes, el 42% está resuelto con el presunto responsable detenido. Ensenada tiene la mayor efectividad, con el 59% de los expedientes integrados; le sigue Mexicali, con el 50%; Tijuana, 36%; y Rosarito, con 25%. De acuerdo a datos aportados por el coordinador de la Unidad de Homicidios Violentos en el NSJP, de agosto a diciembre de 2010 se presentaron tres casos de mujeres asesinadas.

En 2011 se registraron15 asesinatos, 18 en 2012 y 19 hasta la primera semana de diciembre de 2013. En lo que respecta a 2010, dos de los tres eventos están ya “judicializados”, lo que significa que ya se pidió la orden de aprehensión,  una está pendiente y otro detenido. De los 15 homicidios de 2011, ocho se catalogan como “resueltos”, hay siete presuntos responsables detenidos, y los siete restantes siguen en investigación.

De este año hay siete detenidos. En cuanto a los 18 asesinatos de 2012, hay nueve “resueltos”, con cinco detenidos. Los nueve restantes continúan bajo investigación. De acuerdo a Colosio Lule,  seis de los 19 asesinatos de mujeres se consideran “resueltos”, con tres detenidos, y el resto aún en investigación. Reiteró que el 70% ha tenido motivos pasionales. “No están tanto aún relacionados con el tema de feminicidios, pero sí son eventos en los cuales la víctima ha sido una mujer”, refiere el investigador, aceptando que en algunos de los casos ha habido droga de por medio.

También han encontrado temas como narcomenudeo o delincuencia organizada, pero en menor proporción. En el caso de sexoservidoras, indica que tienen  un caso de 2013 ya catalogado como resuelto, y otros dos, de 2010 y de 2011, aún en investigación, pero aclara que -sin descartar un posible serial-, en ambos incidentes no hay elementos que apunten a homicidios por cuestión  de género o relacionados con el sexo servicio. “Son casos que se derivó en el momento, la droga, otros factores, pero no propiamente los relacionados con el tema de feminicidios”, afirmó. “Si vamos a un porcentaje, tenemos aproximado del 50 por ciento en efectividad”, sostiene el investigador estatal en relación a los casos de inicio y los judicializados.

En Tijuana, la incidencia de hombres que asesinan mujeres, es más alta. Asesinada en la Colonia Castillo. Foto: Zeta.   Durante 2011, 48 mujeres muertas en 47 averiguaciones, un doble asesinato, 20 fueron resueltas y 27 se encuentran en integración. “Traemos líneas en algunas, pero no hay elementos suficientes. De las 20 resueltas, 13 están relacionadas con narcomenudeo y siete tienen que ver con violencia intrafamiliar o delitos pasionales”. En 2012, las mujeres asesinadas sumaron 40 y se abrieron 39 averiguaciones previas, 15 están resueltas (11 relacionadas con narcomenudeo) y 24 pendientes de resolución. “En algunas tenemos presuntos responsables y línea de investigaciones, pero no ha sido localizado el detenido para ver qué elementos nos aportan, pero en muchas de ellas, particularmente en las pasionales, traemos el dato de un presunto responsable, aunque no tenemos señalamientos directos” explicó Miguel Guerrero. Hasta el 5 de diciembre de 2013, el registro era de 35 averiguaciones previas iniciadas por asesinatos de féminas, seis están resueltas (cuatro relacionadas con narcomenudeo), 28 en trámite, tres se remitieron a secuestros por estar relacionadas con privaciones, y 15 con narcomenudeo.

— ¿Cuál es el móvil principal móvil que han detectado?, se le preguntó al coordinador de Homicidios. “El pasional, en segundo el narcomenudeo, y después secuestro y otros”. —

¿En los homicidios de mujeres existen antecedentes de violencia intrafamiliar? “En la mayoría, nos aparece que existió maltrato con anterioridad, sobre todo en el caso de los concubinatos, el 70 u 80 por ciento de estos casos son concubinatos”. —

 ¿Maltrato denunciado? “En la mayoría no hay denuncias previas, lo detectamos por declaraciones de los familiares mientras investigamos los asesinatos”. —

 ¿Cuál ha sido el  perfil de los expedientes de las mujeres asesinadas por narcomenudeo? “Casi todas las encontramos en homicidios dobles o triples, donde asesinan a uno o dos hombres, también, en este año por ejemplo solo unas tres han aparecido solas.

Es común el uso de armas de fuego y el estrangulamiento. En el seguimiento se ha detectado que las matan por estar relacionadas con hombres metidos en la venta de droga, las matan por estar, por saber, por tener conocimiento, porque se entrevistan con gente involucrada; le manejan, entregan, mueven, pero siempre el cabeza de familia es el que maneja la situación, y la mujer está relacionada con él”, concluyó Miguel Guerrero.

En Ensenada, el registro de mujeres asesinadas de la Subprocuraduría de Justicia de Zona indica que en 2011 iniciaron diez averiguaciones previas, correspondientes a trece víctimas; en 2012, fueron 12 averiguaciones con trece víctimas; y del 1 enero al 4 de diciembre de 2013, se abrieron ocho averiguaciones previas, con igual número de víctimas.  Del total de averiguaciones previas, 20 están resueltas con personas detenidas, o con orden de aprehensión girada.Un total de 16 han sido las mujeres asesinadas en los últimos tres años en Rosarito. Durante 2011 mataron a seis, la PGJE solo pudo ubicar al homicida de una; en 2012, tres mujeres fueron masacradas y ninguno de los presuntos responsables fue identificado; mientras que en 2013, hasta la primera semana de diciembre, siete mujeres han muerto en homicidios violentos, pero solo tres de los asesinos han sido llevados ante un juez.

EL ENANO Y LA CHAPARRA José Miguel, “El Enano”. Foto: Zeta. Ana Luisa y José Miguel se conocieron en un centro de rehabilitación de Ciudad Juárez, en 2008, luego vivieron en Torreón -con la madre de ella- y tenían cerca de tres años residiendo en Mexicali, aunque de manera inestable -en la casa de los padres de él y se desaparecían por temporadas-. Oficialmente se  dijo que la pareja se dedicaba a la venta de ropa usada, que seguían con problemas de drogas, pero además, que José Miguel la golpeaba constantemente. “Era un tipo muy violento”, lo definió un conocido, quien aseguró: “Aparte la prostituía”. De acuerdo a la versión de un amigo de la pareja -Alfredo N- , la tarde-noche del jueves 14 de noviembre de 2013, ambos llegaron a buscarlo a su trabajo, en la zona del Bulevar Héctor Terán. José Miguel le dijo que “su vieja quería con él”, él rehusó la oferta, aunque ella le insistió y hasta lo acusaron de “joto”, pero él se mantuvo en el rechazo. Dos horas después, Ana Luisa regresó sola, le pidió 200 pesos por tener sexo con él, y aceptó. De acuerdo a  la versión aportada a los fiscales, ella le advirtió que se cuidara de José, que se lo quería “chingar”, que siempre portaba un cuchillo o un desarmador. Cerca de las cinco de la mañana del viernes 15, José Miguel llegó a buscarlos y le pidió “raite” a la casa de sus padres, en la colonia Progreso. Los tres subieron a un auto prestado, y en el camino, bajo el pretexto de que ella quería “ir al baño”, se desviaron por un camino de tierra, llegaron a una casa abandonada, rodeada de parcelas de riego. De acuerdo al relato, la pareja se bajó y se metió a  la casa, el testigo se dio cuenta de que José empezó a golpearla muy fuerte, ella quería zafarse pero no podía. Caminaron más al fondo de la casa y ya no pudo verlos. De repente José se subió al vehículo y se metió algo en la cintura,  le dijo al chofer que la mujer se quedaría “porque estaba bien drogada”. “José estaba muy nervioso, y olía mucho a gasolina…”, dijo el testigo a los investigadores.

En Ciudad Juárez,  el 19 de noviembre, Mariela Hinojosa recibió una llamada desde Mexicali. Era José Miguel, quien le dijo que su hija, “La Chaparra”, estaba muerta, quemada, que tenía que acudir al SEMEFO a identificarla, por lo que viajó a Mexicali. Del Servicio Médico Forense, se fue directamente a las instalaciones de la Procuraduría estatal. “Cuando me llamó se notaba muy desesperado, agitado”, dijo Hinojosa a los investigadores. También les confió que en varias ocasiones la había amenazado de muerte.

El 29 de noviembre de 2013, se inició el juicio en el NSJP contra el presunto agresor de la joven Anal Luisa, cuyo cadáver aún se encuentra en los refrigeradores del SEMEFO en la capital del estado, a la espera de que el resultado del examen de ADN coincida con el de su madre, para que la señora pueda recogerlo.

TIJUANA: A LA FLACA TAMBIÉN LA QUEMARON

Según sus homicidas -hombres deportados de Estados Unidos hace años que viven y venden droga en la canalización-, Yesenia “La Flaca” y David “El Moreno” eran pareja y vendían droga en la colonia Postal, para un hombre mayor conocido como “Don Juan”. Su jefe criminal fue informado por otros delincuentes que presuntamente, ambos estaban pasando informes a la Policía Municipal, así que dio la orden de desaparecerlos. Los mandaron llamar a la canalización del Río Tijuana, justo bajo el puente de la colonia 20 de Noviembre. Cuando llegaron, los metieron a las cuartos hechizos atrás de las compuertas, el vendedor de drogas Alberto Marroquín “El Cholo” -acompañado de cuatro cómplices- les preguntó por la traición y lo negaron, pero eso no importó. “Yo golpee a ‘La Flaca’ con un bat, por lo que le di dos batazos, uno en la nuca y el otro en la espalda, y de ahí le empezaron a pegar los demás… tardando como unos cuantos segundos hasta que ya no se movieron”. Los asesinó y abandonó, dejando instrucciones y dinero para que otros dos drogadictos fueran a comprar 50 pesos de gasolina y quemaran los cuerpos. Lo hicieron y, cuando estaban semi-carbonizados, los metieron en un saco y los trasladaron hacia el norte por el mismo canal,  donde el cuerpo de Yesenia fue localizado el 29 de junio de 2013.

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

La mañana del domingo 6 de octubre de 2013, a Ruth, de 30 años, la mató su esposo, Juan Oswaldo Villanueva Botello. “Mi esposa estaba en ese momento desayunando, por lo que me le acerqué, quedando parado detrás de mi esposa, le puse alrededor del cuello la corbata y la jalé hacia el declarante, haciendo fuerza en apretarle el cuello para que se asfixiara y no pudiera respirar. En el forcejeo mi esposa cae al suelo, boca arriba, golpeándose la cabeza, y es cuando aprovecho y me siento encima de su abdomen, y continúo apretándole el cuello con fuerza con la corbata gris, hasta que dejó de moverse…”, relató el homicida. Después cargó a su hija de 11 meses de edad, y subió a descansar al segundo piso de la casa que compartían. De la 1:30 hasta las 6:00 pm se fue a misa, y esperó a la madrugada del día 7 de octubre para abandonar el cuerpo cerca de la casa de la hermana de la víctima, en el fraccionamiento Paseos del Florido, en Tijuana, y después llamar a la familia para hacerles creer que Ruth había huido. Al justificar su crimen ante el Ministerio Público, Juan Oswaldo aseguró que los tres años de matrimonio habían sido problemáticos porque la mujer era depresiva y él tenía miedo de que lo matara a él o su hija, también confesó que tres meses atrás había iniciado una relación sentimental con una joven de su congregación religiosa.

En otro hecho, el 12 de septiembre de 2013, en Ensenada, “Antonio” asesinó a su ex pareja Sonia Romero Cota con un zapapico frente a sus hijas. En medio del pleito familiar, Elizabeth Hernández Castro, amiga de la agredida, también pereció, víctima del hombre celoso que se negaba a dejar la relación. Antes, el 16 de febrero, en el fraccionamiento Guaycura de Tijuana, María Cristina y su hijo de siete años fueron asfixiados hasta morir por el padre de éste, Armando Ricárdez. Las razones expresadas en su confesión, fueron que había consumido bebidas embriagantes y, junto a un amigo de parranda, consumió cinco sobres de cocaína de 20 dólares -equivalente a cinco líneas de droga por sobre-. Al llegar a su casa, su esposa por 10 años no aceptó tener relaciones con él. CRÍMENES DE AMOR “Viven unos ciclos de violencia, de pobreza, es como un engranaje de un mecanismo todo chueco, podrido, corrupto, impune”, sostiene Maricarmen Rioseco, integrante de la agrupación Milenio Feminista y parte del grupo local Alaíde Foppa. “Se trata de una violencia familiar de género, pero acentuada en la violencia sexual, han sido abusadas desde la infancia, y entre la pobreza y el abuso huyen, salen. A los 14, 15 años, no tienen ninguna opción de trabajo, ni de escuela. Es relativamente fácil que se vayan al trabajo sexual, o las drogas. Están tan carentes de afecto, que es fácil que las enganchen, por eso se llaman crímenes de amor”, refiere respecto a las mujeres asesinadas.

Rioseco advierte la ausencia de una política pública seria, real, con una visión de género. Cuestiona que existan programas -con millones de presupuesto- que no bajan a las colonias,  a los sectores marginales, por lo que no tienen ningún impacto. “No hay una parte que les den trabajo, que les den salud, no hay una parte que te den identidad; muchas personas no tienen ni siquiera identidad”, dice en alusión a documentos básicos que les sirvan para trámites de todo tipo, incluidos los laborales. La feminista opina que la violencia contra las mujeres es un tema de seguridad ciudadana. “Son los políticos los que hacen los programas, los presupuestos para la seguridad pública, y no tienen ni idea de lo que está pasando”. Rebeca Maltos, coordinadora del grupo Gente Diversa, recordó que en Baja California no hay ningún caso que se haya consignado como feminicidio, a pesar que desde el 19 de octubre de 2012, se estableció  en el Código Penal como delito. Maltos considera que la violencia de género es un problema de hombres, porque este sector es el que ejerce este tipo de violencia. “Se necesitan políticas públicas para reeducar a los hombres, antes de llegar a la fase extrema que es el feminicidio. El violentómetro es un semáforo, hay muchos indicadores”, afirma la activista, para quien existen puntos importantes para “aterrizar” las políticas públicas, como la prevención y la atención. “La violencia de género es un acto de control y de poder”, sintetiza en referencia que se trata de relaciones desiguales de poder, y que al hombre lo educan para que controle y mande, y si la mujer se rehúsa, el hombre trata de controlarla. “Si él fuera violento, sería violento con su jefe en el trabajo, o con sus amigos…”. La indolencia oficial se remitió a la Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (aprobada en 2008), que incluye la creación de un sistema estatal para la prevención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres -conformado por nueve instancias de gobierno y presidido por el secretario general de Gobierno en el Estado-. Solo se han reunido dos veces, en mayo de 2011 y en febrero de 2013, sin que a la fecha se haya publicado el plan estatal para contrarrestar la violencia hacia las mujeres. “Esto no se puede esperar, si no entra otra vez este sistema, con los Presupuestos Operativos Anuales, así van a estar otro año perdido. Mientras, que a las mujeres las sigan calcinando”, resume Rebeca Maltos.

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