Cometen 388 feminicidios entre 2011-2012; sólo 9% con sentencia a culpables.México

La violencia contra las mujeres en las Américasse han convertido en una pandemia que requiere la pronta adopción de sólidas y efectivas políticas públicas por parte de los estados denunciaron aquí grupos de defensa de los derechos humanos.

En México, en diez estados del país se cometieron 388 entre 2011 y 2012, de los cuales apenas un nueve por ciento han resultado en sentencias de los culpables, reflejando otro aspecto del problema, una alta tasa de impunidad, “una constante en la región”.

“A pesar de ser un asunto de suma gravedad comoviolación de los derechos humanos de las mujeres, la respuesta de los estados para prevenir, investigar, sancionar y reparar a las víctimas han sido insuficientes y en consecuencia estos graves hechos siguen repitiéndose”, dijo.

Ramos Ponce consideró que uno de los más graves obstáculos para hacer frente a esta problemática es la falta de información y estadísticas oficiales, que dijo, no permiten establecer su magnitud y causas.

“Lo anterior claramente impide la identificación de las políticas adecuadas para el abordaje de la problemática de acuerdo a la realidad de cada uno de los países en que se observa”, precisó.

Liela Elisa Díaz López, del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios de México dijo que esta situación se ha visto agravada por la falta de legislación en la mayoría de los países.

“La violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones en América Latina y el Caribe ha aumentado considerablemente, así como la crueldad y saña con los que se llevan a cabo este tipo de actos”, dijo María Guadalupe Ramos Ponce, del Comité Latinoamericano y del Caribe para la defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (CLADEM).

Al comparecer hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la activista dijo que la gravedad de este fenómeno se refleja en las cifras que se conocen, y que reconoció no muestran la situación realdebido a la carencias de estadísticas oficiales en muchos países.

Con todo, en la actualidad 14 países de la región se ubican entre las 25 naciones del mundo que registran las mayores tasas de homicidios de mujeres en el mundo.

Citó los casos de Argentina, donde durante el 2012 se registraron 255 feminicidios, en Bolivia ocurrieron 464 desde 2009 a septiembre del 2013, mientras que en Colombia se registraron mil 215 en el 2011, según datos oficiales.

Destacó el caso de El Salvador, país que de acuerdo con estadísticas de la ONU, es el país con la tasa más alta de feminicidios en el mundo, 12 por cada cien mil.

Igualmente preocupante es el caso de Honduras, donde Ramos Ponce dijo que 51 mujeres son asesinadas cada mes, “lo que implica un feminicidio cada 14 horas”, y tan sólo de enero a septiembre la cifra suma ya 336.

Otro caso de preocupación es Brasil, el séptimo país con tasas de homicidios de mujeres en una estadística que involucro a 88 países, por arriba de Trinidad y Tobago, Guatemala, Rusia, Colombia y Belice, entre otros.

Desde 1996 las tasas de homicidios de mujeres se mantienen en 4.5 homicidios por cada cien mil mujeres.

Actualmente sólo Chile, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, México, Perú, Honduras, Nicaragua, Bolivia y Panamá cuentan con leyes para sancionar este delito, aunque de acuerdo a estas organizaciones su alcance es insuficiente y por ello se requieren actualizaciones.

Larisa Arroyo Navarrete, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional dijo que “el reto actual es pasar de la normativa a la adopción de políticas públicas efectivas para poner fin a esta pandemia y la contribución de la comisión en este sentido, consideramos es clave”.

Las tres organizaciones, que participaron en una audiencia sobre este fenómeno, pidieron a la CIDH elaborar un informe regional sobre la problemática del feminicidio y que haga recomendaciones a los estados sobre medidas específicas para abordarla de manera efectiva.

Pidieron también la realización de visitas ‘in loco’ a los países donde las cifras de feminicidios son más alarmantes “para que llame la atención de los estados sobre la necesidad de adoptar medidas específicas e idóneas”, enfatizando los casos de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador.

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