Educación y justicia en A.Latina, propuestas de OPS contra violencia machista.2013

Efe – El Confidencial – 29/01/2013

Washington – La educación y la justicia son dos elementos básicos en la lucha contra la violencia machista en Latinoamérica, una lacra que afecta a diario “a una gran cantidad de mujeres”, según Alessandra Guedes, coautora de un estudio que revela que en algunos países afecta a la mitad de las mujeres consultadas.

“Sabemos que la violencia no tiene una sola causa”, dijo a Efe Guedes, asesora regional de violencia interfamiliar para la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y una de las autoras del estudio de violencia de género que se presentará el próximo marzo en la Comisión del Estatus de la Mujer de Naciones Unidas.

Por eso, apunta que, más allá de los factores individuales como el económico, el educativo o el étnico, hay que analizar también la familia, la sociedad y la comunidad.

El estudio ha analizado los datos de encuestas nacionales efectuadas a 180.000 mujeres en una docena de países.

Los datos revelan que “la raíz de la violencia de las mujeres está en los papeles desiguales de género, en sociedades que promueven la sumisión de la mujer y la dominación por parte del hombre”, por lo que cualquier acción según los expertos requiere promover la igualdad de género y el fomentar el papel de la mujer.

De las mujeres que indicaron haber sufrido algún tipo de violencia, entre el 28 por ciento y el 64 por ciento dijeron que nunca había buscado ayuda, ni había contado su situación a nadie por vergüenza, por miedo a represalias o no saber dónde ir.

En este contexto, la educación en las escuelas y la justicia para evitar la impunidad son fundamentales, según la experta, para acabar con esos roles pero, además, el sistema sanitario “tiene un papel muy importante que jugar”.

Según los datos recopilados, la violencia durante el embarazo es del 11,3 % en Perú; el 9,7 % en Colombia; el 6,6 % en República Dominicana; y el 5,6 % en Haití; por eso Guedes considera que la atención prenatal “sería un momento adecuado para ofrecer respuestas a las mujeres que sufren violencia”.

La OPS busca fortalecer los mecanismos durante la atención primaria; mejorar la calidad del acceso a los programas de prevención y respuesta a las víctimas, así como la calidad de recopilación de datos para diseñar políticas y programas adecuados.

El mensaje de Guedes y su equipo a las mujeres que sufren abusos es que “no están solas, que desafortunadamente este es un fenómeno que afecta a millares de mujeres en la región y alrededor del mundo” y, sobre todo, que “la violencia no es culpa de quien la sufre”.

Según el estudio que detalló Guedes a Efe, la violencia física y sexual contra las mujeres es un problema todavía “muy extendido” en América Latina, hasta el punto de que en algunos países, como Bolivia, un 53 por ciento de mujeres afirma haber padecido algún suceso de este tipo por parte de sus parejas.

“No son números de lo que estamos hablando sino de una gran cantidad de mujeres que lo sufren a diario”, dijo Guedes, quien agregó que los datos podrían ser incluso mayores, porque el miedo a represalias en el hogar o a que la información pueda filtrarse lleva, en muchas ocasiones, a las mujeres a no denunciarlo.

Después de Bolivia, Colombia es el más afectado con el 39,7 por ciento de las mujeres que dicen haber sufrido malos tratos por su pareja; seguido de Perú (39,5 %); Ecuador (32,4 %); Nicaragua (29,3 %); Guatemala (27,6 %); El Salvador (26,3 %); Paraguay (20,4 %); Jamaica (19,6 %) Haití (19,3); y República Dominicana (17 %).

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Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas se suma a la campaña mundial “Un billón de pie-Perú”. 2013

La República – 28/01/2013

Perú – Con el propósito de sensibilizar sobre la problemática de la violencia contra la mujer, la congresista Ana María Solorzano, presidenta de la Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas, invocó a los todos los ciudadanos a sumarse este 14 de febrero a la campaña mundial “Un Billón de Pie – Perú”.

Estas declaraciones las formuló tras reunirse este lunes, el actor Jason Day uno de los principales organizadores de esta campaña internacional con la finalidad de coordinar la participación de las parlamentarias en tan importante evento.

De esta manera, Solorzano solicitó a los peruanos a ponerse pie frente a la violencia que padecen las mujeres ante la insensibilidad de muchos, no solo en Lima, sino en todo el país..

“Un Billón de Pie es una campaña que reúne a las millones de personas que nos oponemos a la violencia contra mujeres y de las más de mil millones de mujeres y niñas que están directamente afectadas por ésta”, manifestó la parlamentaria.

Precisó que esta campaña no busca establecer una marca, sino expandir los esfuerzos colectivos de todos los que estamos trabajando estas problemáticas desde hace décadas y nos negamos a continuar viendo que esta violencia continúe.

Cabe resaltar la campaña se desarrolla en más de 140 países y se han sumando organizaciones como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Manuela Ramos y DEMUS en nuestro país.

Asimismo parlamentarias de la Unión Europea, el sindicato trabajadoras británicas UNITE, Nobel Women’s Initiative, NOW, RAINN, Red de Mujeres Gabriela en Filipinas, SANGAT en el sudeste asiático, entre otras.

Defensoras de Derechos Humanos se organizan para protegerse a sí mismas. México. 2013

Anayeli García Martínez – Cimacnoticias – 28/01/2013

México, México D.F. – A tres años de que medio centenar de mujeres de todo el país se organizaran para fortalecer sus luchas contra los abusos arbitrarios del Estado, estas madres, esposas e hijas no sólo lograron tejer una red de apoyo entre ellas, también crearon todo un mecanismo de seguridad y autocuidado para su protección.

Estas mujeres integradas en la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de México sostienen que la violencia contra las activistas no se acabó con la llegada de Enrique Peña Nieto al poder, y por ello generaron sus propias herramientas para hacer frente a los embates que están por venir.

Congregadas este 25 y 26 de enero en la Ciudad de México para analizar el impacto del actual contexto socio-político en su trabajo en defensa de los pueblos indígenas, los recursos naturales, las víctimas del feminicidio, la salud sexual y reproductiva, o la libertad de expresión, estas mexicanas se unieron para fortalecerse en su lucha.

Las activistas provenientes de estados como Chihuahua, Nuevo León, Baja California, Chiapas, Guerrero, Coahuila, Durango, Oaxaca o Puebla, donde en algún momento se respiró el miedo, presentaron un protocolo de atención para responder a las inminentes situaciones de peligro que enfrentan.

En dos días de trabajo, las defensoras sistematizaron sus saberes sobre seguridad en contextos de violencia y concluyeron que el simple hecho de enarbolar una causa las hace vulnerables, además acotaron que ser mujeres las hace enfrentar riesgos distintos sobre su cuerpo, sus hijos y su familia.

Por ejemplo, durante las charlas se escuchó la voz de una activista de Yucatán: “Quien se meta a defender a las mujeres necesita saber que va a afectar algo”.

Otra respondió: “El riesgo es inherente a la causa defendida. Existe la posibilidad incierta de que algo nos suceda”. Y luego continuó: “La finalidad de la represión es sembrar la impunidad y el miedo para que la gente no se organice”.

La información recopilada por la red revela que antes y después de la entrada del gobierno priista, las defensoras trabajan en un contexto de alto riesgo, la mayoría de las veces sin apoyo institucional y en ocasiones bajo el ataque de funcionarios, grupos militares o paramilitares y el crimen organizado.

Aún así ellas lograron transitar del coraje que las unió a la esperanza que las mantiene juntas. Marusia López, una de las organizadoras y coordinadora de Asociadas por lo Justo (Jass, por sus siglas en inglés), afirma que aunque parece que la violencia contra las activistas amainó, en la realidad las agresiones continúan.

Al hacer un balance de lo que se consiguió a tres años de reunirse por primera vez, la defensora indica que han consolidado un espacio para compartir experiencias y buenas prácticas, pero ahora también han creado un mecanismo para su protección y cuidado.

“El primer encuentro fue para darnos cuenta que lo que estaban viviendo en el norte también estaba pasando en el sur, es decir, que la violencia contra defensoras era una situación nacional; el segundo encuentro fue para que nos cayera el veinte de la gravedad de esa violencia. Fue un encuentro de angustia, de no saber que hacer frente a tanta violencia”, explica.

Y agrega: “Me parece que (al tercer encuentro) llegamos con mucha mas claridad del contexto, con más herramientas para protegernos y el objetivo era ese: salir con más y mejores herramientas para cuidarnos y para hacerlo colectivamente, para no estar solas al momento que enfrentamos una agresión”.

CONCIENCIA COLECTIVA

Así surgió su protocolo de protección y aunque reconocen que aún puede ser incipiente, por lo menos ya cuentan con las herramientas básicas para recopilar información, establecer contactos y ubicar servicios de apoyo de emergencia.

“Hay una conciencia colectiva de que si no nos cuidamos entre nosotras nadie lo va hacer”, advierte Marusia López al explicar que garantizar su protección también significa asegurar la continuidad de sus movimientos. “El gran objetivo es poder seguir luchando por los derechos”, dice.

Aunque las mujeres reconocen la creación del Mecanismo de Protección para Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos del gobierno federal, saben que aún no funciona por completo y ante la desconfianza prefieren apostar a sus propias herramientas.

Al respecto, Imelda Marrufo, coordinadora de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y una de las impulsoras de este encuentro, reconoce que el mecanismo gubernamental fue un paso importante de la sociedad civil, pero señala que los espacios entre pares son vitales para la protección y defensa del trabajo social.

“Los espacios de confianza son construidos a partir de las relaciones entre pares, y éstas surgen de las relaciones entre defensoras, del reconocimiento de nuestro trabajo”, lo que a su parecer no implica que desaparezca la obligación del Estado de garantizar que las personas puedan ejercer su derecho a defender los DH.

Como ejemplo del trabajo de esta red, a lo largo de 2012 se pronunciaron en 28 casos de violencia en contra de defensoras de DH, entre estos las amenazas contra Bettina Cruz (Oaxaca) y Blanca Velázquez (Puebla); el intento de homicidio contra Norma Andrade (Chihuahua), y el asesinato de Fabiola Osorio (Guerrero), por mencionar algunos casos.

En este contexto, las activistas advierten que la democracia languidece y que la situación de violencia podría empeorar, por ejemplo relatan que ya no hay amenazas frontales de agentes estatales sino que ahora amedrentan con órdenes judiciales y con grupos organizados de ciudadanos que confrontan sus luchas.

Es ante esta situación que las defensoras se preparan para gestionar medidas cautelares y acompañamiento jurídico ante unas autoridades que, lejos de protegerlas, las acusan de provocar las agresiones por asumir un papel de activistas que según ellos no les corresponde.

Reportan 173 asesinatos de mujeres y niñas en Oaxaca en sólo dos años. México.2013

21 DE ENERO DE 2013 · 1 COMENTARIO
ESTADOS

OAXACA, Oax. (apro).- Alrededor de 173 mujeres y niñas fueron asesinadas en los dos primeros años del gobierno de la alternancia, reveló este lunes el informe ciudadano “¡Justicia Ya! Feminicidio y violencia contra las mujeres en Oaxaca”, dado a conocer por el Colectivo Huaxyacac.

“La alternancia política en Oaxaca, con Gabino Cué a la cabeza, no ha significado una disminución de los asesinatos de mujeres y niñas, por el contrario, en lo que va de la presente administración, éstos aumentaron en 50% al acumularse 173 casos, en comparación con los 115 reportados en los últimos dos años del gobierno de Ulises Ruiz (2009-2010)”, puntualiza el estudio.

El Colectivo Huaxyacac aclaró que si bien el informe busca cambios en las políticas públicas y la legislación, también es una crítica a la impunidad generada por la indiferencia y negligencia gubernamental para actuar en la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia feminicida y las prácticas que discriminan, reproducen y agravan el fenómeno.

El documento también hace referencia a la violencia intrafamiliar, y sostiene que de diciembre de 2010 a noviembre de 2012 los diarios locales registraron 458 casos, aunque la Procuraduría General de Justicia del estado reporta 2 mil 910 casos en ese mismo periodo.

Lo preocupante, señala, es que a pesar de que la ley establece que se trata de una transgresión y que en muchas ocasiones esto destruye o acaba con la vida de niñas, adolescentes, jóvenes y adultas, no se reconoce a la violencia intrafamiliar como un delito grave.

Respecto de la violencia sexual, puntualiza que en el primer año de gobierno de Gabino Cué se registraron 183 ataques contra mujeres y niñas, y en el segundo se documentaron 172 agresiones sexuales, siendo el tipo más común la violación.

Este tipo de violencia, añade, es mucho más frecuente de lo que muestran las estadísticas y una de las que menos se denuncia. También es de las más estigmatizadas por la sociedad y por los servidores públicos, pues se tiene la creencia de que la mujer es quien “provoca” la violación, actitud misógina que ha colocado esa práctica en el segundo lugar en agresiones hacia las mujeres en el estado.

En cuanto a la desaparición de mujeres, los reportes de prensa señalan que en 2011 se registraron 27 casos y en 2012 sumaron 22. Según diversos estudios, la desaparición está ligada a la trata de personas para la industria del comercio sexual.

Sobre los suicidios de mujeres, se documentaron 49 casos, con la carga intrínseca de ser un resultado de la violencia de género.

Por ello, el Colectivo Huaxyacac hizo un llamado a la conciencia social para no permitir la normalización y aceptación pasiva de actos dolorosos e indignantes contra mujeres y niñas, que degradan la condición humana y dejan en la sociedad un mensaje peligroso de que la vida y la integridad femeninas no valen.

También hizo un llamado a no tolerar el maltrato, burlas, difamación, golpes, amenazas, discriminación, chistes machistas, violencia institucional, violación y abuso sexual, y tampoco permitir la impunidad ni ninguna forma de violencia contra las mujeres y las niñas.

El Colectivo exigió al gobierno de Gabino Cué que actúe y garantice el respeto a la vida de las mujeres y las niñas de Oaxaca, e instrumente políticas públicas de “cero tolerancia a la violencia de género en el gobierno estatal”, incluida la destitución de los funcionarios violentos en sus hogares y especialmente de los responsables de hostigamiento sexual laboral.

De igual forma, demandó reconocer y tomar las medidas necesarias para acabar con la violencia obstétrica, en especial con las cesáreas innecesarias, la episiotomía, el maltrato psicológico, las posiciones obligadas, la no participación de la pareja, el alejamiento del bebé y la manipulación intrauterina posparto, entre otras prácticas ampliamente documentadas y prohibidas por las normas internacionales y nacionales.

Al Poder Judicial pidió la capacitación a jueces para que apliquen la justicia de manera pronta y expedita, y emitan sentencias acordes a los estándares internacionales.

También demandó establecer un sistema único de registro e información estadística en el estado, que dé seguimiento a los casos de violencia contra mujeres e informe de manera periódica y pública sobre la incidencia, distribución geográfica, características de las mujeres afectadas, los tipos de violencia, el quehacer de las instituciones y sus resultados.

En tanto, al Congreso local le demandó que apruebe de manera inmediata las iniciativas presentadas por el gobernador en agosto de 2011, a efecto de reformar a la Ley de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género, reformar el delito de violencia familiar y tipificar la violencia obstétrica.

Finalmente, solicitó al Congreso local y al gobierno del estado que generen las condiciones para que la Subprocuraduría de Atención a Delitos contra las Mujeres y el Centro de Justicia para Mujeres tengan un presupuesto etiquetado y suficiente para desarrollar su labor.

La petición, añadió, va dirigida “a los tres niveles de gobierno, para que garanticen la etiquetación y la asignación de presupuesto suficiente en sus programas operativos anuales, para asegurar un real acceso de las mujeres a una vida libre de violencia”.

El femicidio es un asunto de interés mundial.2013

El femicidio es un asunto de interés mundial, una cuestión de lesa humanidad, sobre todo cuando es producto del crimen organizado internacional e involucra a autoridades del gobierno.

Feminicidio

El feminicidio se refiere al asesinato de mujeres por parte de hombres que las matan por el hecho de ser mujeres. Los feminicidios son asesinatos motivados por la misoginia, porque implican el desprecio y el odio hacia las mujeres. Los feminicidios expresan situaciones extremas de violencia contra las mujeres y niñas. Son el extremo de un continuo de terror contra ellas, que incluye diversas formas de humillación, de abandono, de terror y la aceptación de que las mujeres y niñas mueran como resultado de actitudes misóginas y de prácticas sociales de desprecio, de maltrato físico y emocional, de hostigamiento, de abuso sexual, de incesto.
 
El feminicidio, se entiende como un fenómeno social, cultural y político que atenta contra la vida de las mujeres, que ha adquirido Carta de Naturalidad en México. Este fenómeno adquiere una forma continua de violencia sexual, donde prevalecen: los actos violentos, los motivos, el desequilibrio de poder entre los sexos en las esferas económicas, políticas y sociales. Se da en proporción directa a los cambios estructurales que se presentan en la sociedad y en relación directa con el grado de tolerancia que manifieste la colectividad en torno a los mismos y a su nivel de violencia así como los factores y políticas que terminan con la vida de las mujeres que son tolerados por el Estado y otras instituciones.
 
Fuente: Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

Femicidio y feminicidio: Existe un gran debate en el movimiento de mujeres y feminista acerca de la manera de llamar a los asesinatos contra las mujeres en razón de su sexo. Algunos autores se basan en la terminología usada por Jill Radford y Diana Russell, autoras del libro Femicide: The Politics of Woman Killing, de 1992. Marcela Lagarde, teórica, antropóloga y diputada mexicana, establece que la categoría feminicidio es parte del bagaje teórico feminista introducido por estas autoras estadounidenses bajo la denominación femicide que, traducida a nuestro idioma es femicidio, término homólogo a homicidio, que sólo significa asesinato de mujeres. Sin embargo, para marcar una diferencia con ese término, Lagarde escogió la voz feminicidio para hablar de genocidio contra las mujeres, lo que lo convierte en un concepto de significación política. Fuente: Mujereshoy, Paola Dragnic.

Feminicidio en México

La permisibilidad del Estado puede estar presente en cualquier ámbito y dirigirse a cualquier grupo vulnerable. Respecto a los derechos humanos de las mujeres y el feminicidio en México, la permisibilidad del Estado es latente y grave, a pesar de que en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se incluye el término de violencia feminicida, éste no ha sido reconocido y mucho menos utilizado por las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia. Durante más de una década, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua mantuvieron la mirada nacional e internacional debido a los casos de mujeres asesinadas y desaparecidas en estas ciudades fronterizas en donde se destaca la gran impunidad del aparato de justicia. De 1993 a septiembre de 2007, se tiene registro de que 553 mujeres han sido asesinadas con violencia brutal en dichas ciudades del norte del país. Según datos de la Procuraduría General del Estado de Chihuahua se han cometido 206 asesinatos contra mujeres de enero de 2007 a noviembre de 2008.
En la actualidad, la problemática del feminicidio ya no sólo circunscribe su realidad a Ciudad Juárez.
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La impunidad y la permisividad gubernamental como expresión cruda de la violencia institucional, posibilitan la multiplicación de los asesinatos cometidos contra mujeres en el país, por ejemplo en algunas entidades de la República: Morelos, la alta incidencia (32 casos en 2006 y 26 asesinatos en 2007) ha obligado a la creación de una Fiscalía Especializada; en el estado de Chiapas se reportan 1,485 asesinatos de mujeres entre 2000 y 2004; y el estado de Veracruz con 1,494 en el mismo periodo .
Entre enero de 2007 y diciembre de 2008, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) documentó 1221 homicidios dolosos contra mujeres y niñas en 12 entidades, y en el 2009 se documentaron 459 asesinatos en 16 entidades de la República mexicana durante el periodo de enero a junio.
 
México acumula un total de 140 recomendaciones internacionales en el periodo de 2000-2006, sólo en el tema de derechos de las mujeres, y de éstas 63 recomendaciones están dirigidas a atender el feminicidio en Ciudad Juárez, en su mayoría en los aspectos de procuración y administración de justicia, debido a que las acciones emprendidas han sido insuficientes, que se ven reflejadas en los casos de feminicidio atraídos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano.
 
Fuente: Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

Registró Veracruz 180 asesinatos de mujeres en 2012. México

Xalapa – 2013-01-24 17:48:59 – Ariadna García / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2013-01-24-15:05:36 Xalapa Mayela García, directora del CIDEM, reveló que durante el 2012 según datos de la PGJE ocurrieron en la entidad 180 asesinatos de mujeres.

La directora de Colectivo de Investigación, Desarrollo y Educación entre Mujeres (CIDEM) Mayela García Ramírez reveló que durante el 2012 según datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado ocurrieron en la entidad 180 asesinatos de mujeres, algunos calificados como homicidios dolosos y otros más como feminidicios.

Aunque sostuvo que de acuerdo con el Observatorio de Género, el total de muertes de mujeres, deberían ser calificadas como feminicidios de acuerdo al tipo penal porque se cumple una o más de las hipótesis que establece.

Precisó que del 29 de agosto 2011 al 10 de octubre 2012 se registraron 180 asesinatos, 148 cataloga la PGJE como homicidios dolosos y únicamente 32 como feminicidios.

En ese tenor, denunció que pese a que en Veracruz la exhibición de cuerpos de mujeres sin vida es violatorio al derecho de las víctimas pues así lo establece el Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio, es recurrente encontrar ese tipo de imágenes en los medios de comunicación.

“Iniciativa Púrpura hace un monitoreo de las Imágenes en torno al delito de feminicidio y los delitos de violencia contra las mujeres, tenemos un acopio de esta información que lamentablemente en Veracruz las imágenes de cuerpos sin vida de las mujeres en los medios es recurrente y eso es violatorio al derecho de las víctimas, es muy grave”, explicó.

Añadió que pese a que está estableció en el Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio que el Ministerio Público evitará en la medida de la posible, que se saquen fotografías de las víctimas de delitos de violencia, ello no se ha logrado.

“Entonces creemos que tiene que trabajarse de manera articulada sociedad civil, medios de comunicación, estancias públicas de la procuración de justicia para que se vayan erradicando estas formas de comunicar y que la violencia contra las mujeres deje de ser nota roja para pasar a ser nota en que se exija el acceso a la justicia para las mujeres”, agregó.

Mayela García consideró necesario que los casos de violencia contra las mujeres no sean expuestos en la nota roja de los diarios pues se debe entender que ello en nada ayuda al acceso de justicia de las mujeres víctimas de violencia.

“Es muy importante que la información sobre violencia contra las mujeres deje de considerarse nota roja y deje de utilizarse este tipo de imágenes que en nada ayudan a visibilizar el problema que sí hay que visibilizar, pero no de esta manera porque en nada ayudan en el acceso a las justicia de las mujeres y de las víctimas”, concluyó.

Presentan informe de violencia feminicida en México.

 Por Andrea García Vázquez Estudiante de Ciencias de la Comunicación

 La Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República dio a conocer el contenido del ‘Informe Violencia Feminicida en México 1985-2010’, sus características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas. El trabajo fue elaborado por el Senado mexicano, la Cámara de Diputados, ONU mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres.

México, D.F. /MujeresNet.- En el marco de los 16 Días de Activismo por la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el pasado 5 de diciembre se llevó a cabo la presentación del Informe Violencia Feminicida en México 1985-2012 en las instalaciones del Senado de la República, con la participación de la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República; la diputada Miriam Cárdenas Cantú, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados; la doctora Teresa Incháustegui Romero, quien fuera presidenta de la Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios de la LXI Legislatura; María de la Paz López Barajas, asesora técnica de ONU Mujeres; Ana Güezmes, representante para México de ONU Mujeres, y el profesor investigador de El Colegio de México, Carlos Echarri, entre otros.

Teresa Incháustegui destacó que los objetivos particulares de dicho informe son el dar seguimiento a los eventos de violencia feminicida que ocurrieron en el país durante el sexenio pasado y lo que las autoridades están realizando para atenderlos, además de cumplir con el precepto de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, visibilizando, conociendo, documentando las causas y factores que intervienen en la generación de la violencia hacia las mujeres en nuestro país.

“El artículo 42 de esta Ley plantea la necesidad de conocer estas causas, fuentes y manifestaciones como un punto fundamental para tener acciones de política pública que sean direccionadas a prevenir, detener, eliminar y erradicar todas las formas de violencia hacia las mujeres”, dijo.

La doctora Incháustegui recalcó que el estudio cubre a todas las entidades federativas y por un largo periodo de tiempo, además de basarse en estadísticas oficiales como los registros de defunciones con presunción de homicidio que integran la estadística de mortalidad de la Secretaría de Salud, lo que sería la base teórica para las investigaciones de las procuradurías respecto a los homicidios de mujeres. También aclaró que se tomó en cuenta el registro de mujeres por lesiones de violencia y accidentes de la Secretaría de Salud.

“Se cubre un panorama de manifestación de la violencia con datos oficiales, lo que da un gran valor al trabajo, también da la pauta para identificar las características específicas de estas muertes: podemos focalizar en dónde, en qué lugar de la república, incluso municipio, este fenómeno ocurre más; nos aporta elementos para que las autoridades en general puedan desplegar acciones específicas para reducir la incidencia de esta forma de violencia que priva de vida a las mujeres”, explicó la doctora Incháustegui.

Dicho informe también vislumbra aspectos de la trama de impunidad que cubre dichos eventos, lo cual permite identificar dónde se tiene que reforzar el actuar de las autoridades (salud, ministerial, forense, peritos) para reducir la impunidad, “en donde las autoridades dicen: se vale matar mujeres. Esto no puede seguir ocurriendo”.

En su participación la asesora de ONU Mujeres, María de la Paz López Barajas, destacó que gracias al informe se ha podido monitorear el fenómeno en tiempo-espacio para tener elementos y combatir y erradicar la violencia contra la mujer mediante la prevención, “es un informe para los estados ya que si no conocen la situación difícilmente podrán combatirlo”.

“La violencia contra las mujeres es expresión y resultado de la denegación de sus derechos ciudadanos, la violencia atenta directamente en contra d su dignidad, su integridad personal y sus libertades fundamentales como persona”, afirmó.

Por su parte, el doctor y profesor en Demografía, Carlos Echarri, encargado de un equipo de investigación de egresados de El Colegio de México que bajo su dirección fue como se integró toda la documentación; presentó los resultados de la investigación de entre los que destacó que durante 2010 se elevaron las cifras registrando 2 mil 335 defunciones femeninas con presunción de homicidio, lo que se traduce a un valor relativo de 2 por cada 100 mil a 4 por cada 100 mil, es decir las cifras se duplicaron; durante el periodo de 1985 a 2010 se registraron 36 mil 606 defunciones femeninas con presunción de homicidio. También los resultados arrojaron que la violencia a las mujeres es por el simple hecho de serlo; los asesinatos ocurren mayormente en el hogar y se registró un aumento en el uso del arma de fuego como medio de agresión, una cifra relevante es la de los suicidios, que se sospecha es la única manera que encuentran las víctimas para liberarse de la violencia.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña , concluyó el foro señalando la necesidad de “seguir articulando el informe y llegar a una solución, que exista trascendencia en la aplicación de las leyes”.

 

Guatemala, en guerra contra las mujeres.2013

María Isabel Franco, asesinada en 2001 a la edad de 15 años, es una de las centenares de mujeres y niñas que mueren violentamente cada año en Guatemala.

“De haber sido la hija de un diputado o de un ministro ya habrían agarrado a los autores. Pero no les importa. Es que era una marera, es que era una prostituta. Eso es lo que me dijo a la cara la persona que llevaba el caso”, asegura Rosa

Rosa Franco, a cuya hija María Isabel asesinaron con 15 años en 2001.

Esta semana, Jorge Velazquez hizo un esfuerzo por ver el noticiario.

En Guatemala, que tiene uno de los índices de asesinatos más elevados del mundo, con frecuencia solo los titulares bastan para causar malestar a cualquiera.

Y cuando hace poco Jorge supo por las noticias que en una calle de la Ciudad de Guatemala se había encontrado a dos niñas de unos 6 y 12 años muertas por estrangulamiento, le inundó un repentino torrente de recuerdos.

Hará ahora unos 10 años, la hija de Jorge, Claudina, que entonces tenía 19, también fue hallada muerta. Había sido brutalmente asesinada en la Ciudad de Guatemala y su cuerpo lo arrojaron a un callejón.

Desde entonces ha trabajado incesantemente para encontrar a los responsables del asesinato.

Visitó innumerables veces la sede del Ministerio Público, sugirió líneas de investigación y presionó para que se resolviera el caso de su hija.

Pese a todo, no se ha habido ningún avance tangible.

Amnistía Internacional, además de otras organizaciones de defensa de los derechos humanos, han encontrado graves deficiencias en la efectividad de la investigación, como por ejemplo que no se hubieran realizado las pruebas pertinentes a los principales sospechosos para determinar si habían disparado un arma, o que las autoridades pretendieran devolver las ropas de Claudina a su familia en vez de realizar con ellas las oportunas pruebas forenses…

Los asesinos de Claudina no fueron nunca encontardos.

“Yo sigo pensando que la situación ha llegado a esos extremos por causa de la indiferencia de la sociedad, que no reacciona ante nada. La indignación no es suficiente: la indignación se tiene que expresar”, afirma Jorge.

Y desgraciadamente, la historia de Claudina no es excepcional en Guatemala.

Pese a las promesas realizadas por sucesivos presidentes del país de que se combatirían el crimen y la violencia contra las mujeres, y a pesar de la aprobación en 2008 en el Congreso de una ley por la que se establecían tribunales especiales y directrices para la imposición de condenas, las cifras siguen contando una historia bien distinta.

Solo en 2012, y según datos oficiales, unas 560 mujeres fueron asesinadas en este país centroamericano, muchas de ellas después de haber sido agredidas sexualmente.

La mayoría de los casos no son objeto de una investigación efectiva, y menos del cuatro por ciento de todos los homicidios en Guatemala terminan en la condena de los autores.

Rosa Franco sabe muy bien lo que Jorge está sufriendo.

A su hija María Isabel, de 15 años, la encontraron muerta en diciembre de 2001.

Rosa la vio por última vez la mañana del 16 de diciembre, cuando María salía hacia su primer día de trabajo en un centro comercial local.

Al no regresar María a casa, Rosa empezó la búsqueda. Tres días después, encendió el televisor y vio una imagen de su hija en el noticiario. Habían encontrado su cadáver tirado en una calle de la Ciudad de Guatemala.

“Me costó reconocerla”, recuerda ahora.

Desde entonces, Rosa no ha dejado de intentar que se lleve a cabo una investigación adecuada sobre lo que le sucedió a María Isabel, a causa de lo cual personas sin identificar la han amenazado de muerte y la han acosado.

La investigación se aplazó tantas veces que Rosa llevó su causa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (la más alta instancia en materia de derechos humanos en la región), la cual resolvió en octubre de 2006 que el Estado de Guatemala había demorado sus investigaciones sin ningún motivo justificado.

La causa se ha elevado ahora a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que ha incrementado la presión sobre las autoridades guatemaltecas para que actúen.

“De haber sido la hija de un diputado o de un ministro ya habrían agarrado a los autores. Pero no les importa. Es que era una marera, es que era una prostituta. Eso es lo que me dijo a la cara la persona que llevaba el caso”, asegura Rosa.

Amnistía Internacional ha pedido en repetidas ocasiones a las autoridades guatemaltecas que adopten medidas para proteger a las mujeres contra la violencia, y que garanticen que tanto las investigaciones como los enjuiciamientos de homicidios de mujeres se llevan a cabo de forma efectiva, oportuna y exhaustiva.

“Yo diría al gobierno que reaccione, que deje de mentir, deje de decirnos que la situación está mejor: no se puede decir que está mejor si siguen ocurriendo crímenes tan espantosos como estos. Yo diría al gobierno que cumpla con sus deberes de protegernos, que es la función básica de un gobierno”, concluye Jorge.

En un año, 173 mujeres asesinadas, documentan defensoras de derechos.Oaxaca. México.2013

“Se incrementan feminicidios” en la administración de Gabino Cué

Jorge A. Pérez Alfonso

Periódico La Jornada

Martes 22 de enero de 2013, p. 36

Oaxaca, Oax., 21 de enero. En el periodo 2011-2012, correspondiente al actual gobierno estatal, encabezado por Gabino Cué Monteagudo, fueron asesinadas 173 mujeres, 50 por ciento más que en el de 2009-2010, durante la administración de Ulises Ruiz, según el informe ciudadano ¡Justicia ya!feminicidio y violencia contra las mujeres en Oaxaca, presentado hoy por defensoras de derechos humanos.

Ana María Hernández, directora de Consorcio Parlamentario y para la Equidad de Oaxaca, informó que según las investigaciones realizadas por las organizaciones del Colectivo Huaxyacac, 45 de las 173 víctimas eran amas de casa, de entre 21 y 40 años,lo que nos habla de la gravedad de la violencia en el entorno familiar.

Precisó que la región de Valles Centrales es la que tiene mayor incidencia, seguida de la Costa y la Mixteca. En la mayoría de los casos los homicidas fueron parejas o ex parejas sexuales.

En muchos casos los agresores actuaron con crueldad excesiva, buscando hacer sufrir a las víctimas y ejerciendo abuso extremo de la fuerza y poder; en muchos de los cuerpos de mujeres y niñas encontramos golpes, estrangulamientos, heridas con cuchillo, violencia sexual, degollamientos, detalló.

Reconoció que en Oaxaca hay avance en la legislación local con la tipificación del feminicidioPero las leyes no son retroactivas, por lo que muchos casos no son calificados como tales, dijo.

En tanto, Beatriz Ramírez, integrante del colectivo Huaxyacac, señaló que de diciembre de 2010 a noviembre de 2012 han documentado 458 casos de violencia intrafamiliar, y en ese mismo periodo la procuraduría del estado tiene registro de 2 mil 910 casos.

El citado informe refiere que entre 2011-2012 ocurrieron 355 ataques sexuales, delito muy común, pero el menos denunciado, dijeron las defensoras de derechos humanos.

 

Víctima de trata de personas perdió su virginidad por $10. El Salvador.2013

Israel Serrano – La Página – 20/01/2013

El Salvador – Una joven de 15 años víctima de trata de personas fue obligada a “vender” su virginidad por un precio de $10 en uno de los prostíbulos de San Salvador a mediados del 2011, así lo informa la Fiscalía General de la República (FGR).

Smirna Salazar, jefa de la unidad especial de tráfico ilegal y trata de personas de la FGR, relata el caso de una joven cuya identidad ha sido protegida, y el cual ocurrió a inicio a mediados de 2011, cuando la menor enfrentaba problemas familiares en su residencia, situación que fue aprovechada por una mujer identificada como Zuleyma Noemí Guillén, de 24 años, quien le recomendó abandonar su hogar y le prometió un empleo donde ganaría “mucho dinero”.

Salazar detalla que la joven aceptó el trato, sin saber que sería víctima del delito de trata de personas y sería prostituida en lugares de “mala muerte” de San Salvador, iniciando uno de los caminos más amargos de su vida, y el cual le ha dejado graves secuelas psicológicas.

“Según declaró la joven, Guillén le habría pagado $10 la primera vez que la obligaron a acostarse con un hombre”, detalla Salazar.

La funcionaria relata que la joven era virgen y en dicho encuentro sexual Guillén la obligó a ingerir bebidas alcohólicas para sobrellevar la situación y quedar bien con el “cliente”.

Uno de los lugares donde la joven fue prostituida por Guillen fue el club nocturno conocido como “El Tío Sam”, ubicado sobre la 29 calle poniente de San Salvador, donde según la jefa fiscal, en principio solamente realizaba bailes eróticos y su ganancia era el dinero que los clientes del establecimiento colocaban en la ropa interior de la joven, del cual Guillén obtenía un  alto porcentaje de ganancia.

“Por prostituir a la menor se cobraba entre $10, $15 y 20, de los cuales, el 30% era para la joven, el 20% para el pago del prostíbulo y el 50% para Guillen”, explica la funcionaria de la fiscalía.

La mujer era quien le entregaba los preservativos a la menor antes de tener encuentros sexuales con los cllientes, pero en ocasiones le exigía que no los usara con el pretexto que así “se sentía mejor”. “Según nuestra experiencia esta situación se da porque el cliente incrementa el pago para estar con la persona prostituida condicionando así el no uso de condones en el encuentro sexual”, asegura Salazar.

La funcionaria detalla que esta situación exponía a la menor a contraer enfermedades de transmisión sexual de menor gravedad o  adquirir VIH/SIDA, pero según ella, la víctima no presentó ningún padecimiento de este tipo.

Salazar relata que los familiares fueron informados por amigos que la menor estaba siendo prostituida en lugares nocturnos de la capital e inmediatamente acudieron a la policía para interponer la denuncia y conjuntamente con la fiscalía iniciaron las investigaciones del caso.

“La mujer (explotadora sexual) se dio cuenta que estábamos persiguiendo sus pasos y se trasladó con la menor a Aguilares, al norte de San Salvador, donde continuó prostituyéndola en un establecimiento de la zona”, añade la fiscal.

A un mes de esta explotando sexualmente a la menor, la mujer decidió echarla de su vivienda al percatarse que podría ser arrestada por las autoridades y la amenazó que si decía algo a sus familiares o a la policía “se tendría que atener a las consecuencias”.

Las investigaciones dieron fruto y Guillén fue arrestada en enero de 2012, después de seguirle la pista por varios bares de San Salvador.

PROCESO PENAL

La representante de la fiscalía asegura que el caso fue presentado al Juzgado Sexto de Sentencia de San Salvador, donde Zuleyma Guillén fue acusada del delito de trata de personas en modalidad agravada y amenazas contra la víctima, logrando en las primeras instancias su detención provisional.

Este jueves 17 de enero la explotadora sexual fue condenada por las autoridades a nueve años de prisión por los delitos cometidos contra la menor de edad.

“Estamos muy contentos con este fallo y consideramos satisfactorio que se ha hecho justicia en el caso de la joven, lo que contribuye a la reparación social de su caso”, explica la funcionaria.

Salazar asegura que el caso fue suficientemente respaldado ante los tribunales con pruebas testimoniales, documentales y periciales, en los que se comprobó que la menor había sido víctima de trata de personas y que la ahora condenada era la responsable de prostituirla ilegalmente.

Lastimosamente no pudimos determinar si otras personas estaban involucradas en este delito, pero reiteramos nuestra satisfacción por una condena en contra de la imputada, subraya la fiscal.

SECUELAS EN LA VÍCTIMA

Salazar hace ver que las secuelas son graves en una víctima del delito de trata de personas, tanto así que la menor consideró quitarse la vida y tras de los abusos cayó en una profunda depresión.

Es necesario un apoyo interinstitucional a estas víctimas y que se tomen las medidas adecuadas en su ayuda, para que puedan superar los impactos psicológicos de haber sido explotadas sexualmente, afirma la funcionaria.

“Ahora existe el Consejo Nacional contra la Trata de Personas, donde se le pueden ayudar a superar los trastornos emocionales. La fiscalía forma parte de dicha instancia y podemos orientar a las víctimas hacia esta institución” asevera.

La experta de la fiscalía pide a los padres de familia estar más pendientes de sus hijos, principalmente de las niñas y los jóvenes, quienes son las personas más vulnerables y codiciadas por las redes de explotadores sexuales.

“Es necesario prestarle mucha atención a los niños y adolescentes. Estas cosas no se pueden ver aisladamente o con normalidad”, recomienda la funcionaria.

Finalmente, Salazar hace el llamado a los padres de familia a no dejar a sus hijos con personas desconocidas, ya que según ella, hasta un vecino o un amigo cercano podría ser un delincuente interesado en aprovecharse de los menores y afectar su desarrollo físico o emocional.