Caso Marita Verón: funcionarios y ONG denunciaron corrupción en la Justicia.Argentina 2012

Zaida Gatti, del Ministerio de Justicia, dijo que en Tucumán hay “una mafia poderosísima”Juan Martín Mena habló de hostigamiento

Lucía Álvarez – Tiempo – 12/12/2012

Argentina, Tucumán – Estupefacción. Vergüenza. Rabia. Funcionarios y representantes de organizaciones sociales que acompañaron a Susana Trimarco en estos casi once años de búsqueda de justicia, y que trabajan diariamente en el diseño de estrategias para combatir el delito de trata de personas, recibieron la sentencia de ayer con sorpresa y dolor, y caracterizaron la decisión del tribunal como una muestra más de la impunidad que disfrutan las redes en el país.

“Un fallo como este busca que ninguna víctima se anime a denunciar. Es increíble la decisión después de escuchar esos relatos desgarradores. No les creyeron a las víctimas que declararon frente a sus violadores. ¿Cómo seguimos trabajando con ellas cuando les dijimos que en este país había justicia? Se nos rieron en la cara. Acá hay otra cosa de por medio, es una muestra de corrupción absoluta delante de toda la sociedad. Acá, en Tucumán, hay una mafia poderosísima que incluye al Poder Judicial. Ahora pienso que los 13 imputados son unos pichis al lado de los jueces”, dijo a Tiempo Zaida Gatti, responsable de la Oficina de Rescate y Asistencia a las Víctimas de Trata, del Ministerio de Justicia.

Otros funcionarios de esa cartera cuestionaron además la situación a la que estuvieron expuestos los querellantes durante las cuatro horas de espera antes de la lectura de la resolución y denunciaron que se trató de un acoso explícito: “Por órdenes del tribunal, la infantería estuvo hostigando a Susana, a la familia de las víctimas. Estuvimos custodiados por la policía provincial. Esta es la justicia que no queremos. La que no da la cara a la ciudadanía, que se esconde, que maltrata, y que ni siquiera puede comunicar de manera humana un resultado como este”, señaló Juan Martín Mena, subsecretario de Política Criminal del ministerio.

También el titular de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE), Marcelo Colombo, cuestionó la sentencia y denunció que se trata de “un muy mal mensaje en términos de visibilidad del delito de trata”, mientras el titular del INADI, Pedro Mouratian, cuestionó que “en la medida en que no haya justicia, queda trabado todo lo que avanzamos en ampliación de derechos como política de Estado”.

La reacción de las referentes de ONG vinculadas al tema tampoco fue de un tenor menor: “Es un atropello a los Derechos Humanos de todas las víctimas que declararon. Queda claro el poder que tienen las redes mafiosas para comprar justicia. Es la imagen misma de la impunidad, de magistrados con vendas en los ojos y bolsillos abiertos. Lamentablemente la justicia todavía tiene muchas asignaturas pendientes con la democracia y la sociedad”, dijo Fabiana Túñez, de la Casa del Encuentro. Mientras que Andrea Romero, presidenta de la Fundación María de los Ángeles, indicó que este tribunal “no entiende lo que es la violencia de género y no tienen idea cómo funciona una red de trata”, aunque rescató que esta resolución no daña los progresos en la visibilización de esta problemática: “Es un golpe muy bajo, pero no es un retroceso en lo que ya se avanzó.”

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