Manual de legislación sobre la violencia contra la mujer Naciones Unidas Nueva York, 2010

Manual de legislación
sobre la violencia
contra la mujer
asdf Naciones Unidas
Nueva York, 2010
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales
División para el Adelanto de la Mujer
ST/ESA/329División para el Adelanto de la Mujer
del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales
La División para el Adelanto de la Mujer del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales
apoya el trabajo de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, el Consejo
Económico y Social y la Asamblea General de las Naciones Unidas en materia de igualdad
entre los géneros y el empoderamiento de la mujer.
Si desea más información, visite http://www.un.org/womenwatch/daw/.
ST/ESA/329
Publicación de las Naciones Unidas
No. de venta: S.10.IV.2
ISBN 978-92-1-330212-5
Copyright © Naciones Unidas, 2010
Reservados todos los derechosv
Prólogo
En todo el mundo —tanto en los países ricos como en los pobres— las mujeres son víctimas de maltrato, trata de personas, violaciones y asesinatos. Estos abusos de los derechos humanos no sólo infligen graves daños y sufrimiento a las personas; también desgarran sociedades enteras.
El mundo está respondiendo. Estamos asistiendo a un creciente impulso mundial para
poner freno a la violencia contra las mujeres. En 2008, el Secretario General puso en marcha una campaña internacional multianual titulada “UNidos para poner fin a la violencia contra las mujeres” que anima a todos los aliados a unir fuerzas para eliminar esta lacra. La campaña reconoce el imperio de la ley: uno de sus cinco objetivos esenciales es que antes de 2015 todos los países adopten y cumplan las leyes nacionales que regulan y castigan todas las formas de violencia de ese tipo, de conformidad con las normas internacionales en materia de derechos humanos.
Este Manual de legislación sobre la violencia contra la mujer, elaborado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales/División para el Adelanto de la Mujer, tiene por objeto ayudar a los Estados y a otras partes interesadas a mejorar o a promulgar leyes que protejan a las mujeres. Considero los contenidos de este Manual altamente recomendables y agradezco a los miembros del Grupo de Expertos su valioso trabajo para elaborar el informe en el que se basa el Manual.
Las recomendaciones que contiene en el marco modelo para la legislación en materia
de violencia contra las mujeres constituyen una útil herramienta de apoyo a las iniciativas
encaminadas a proporcionar justicia, ayuda, protección y soluciones jurídicas a las víctimas
y a responsabilizar a los autores de tales actos. Los comentarios que acompañan a las recomendaciones destacan ejemplos alentadores de leyes al repecto en todo el mundo.
En los dos últimos decenios, muchos Estados han adoptado legislación o mejorado
la existente para evitar la violencia contra las mujeres y responder a ella. La legislación
criminaliza cada día más esa violencia, garantiza el enjuiciamiento y el castigo de quienes
la cometen, empodera y presta apoyo a las víctimas y refuerza la prevención. Además, las
víctimas también se benefician de las soluciones jurídicas en materia civil.
Sin embargo, siguen existiendo lagunas considerables en los marcos jurídicos. Los
Estados de todo el mundo siguen sin estar a la altura de sus obligaciones y compromisos
internacionales para evitar y abordar la violencia contra las mujeres. Todavía hay demasiados criminales que no han rendido cuentas por los delitos que han cometido. Persiste la impunidad y durante el proceso judicial las mujeres sufren una nueva victimización.
Una legislación amplia proporciona la base para una respuesta de conjunto y efectiva.
Esa legislación debe cumplirse y supervisarse de forma coherente y deben asignarse recursos suficientes para abordar el problema. El personal y los funcionarios que trabajan en este ámbito deben tener la instrucción, capacidades y sensibilidad necesarias para aplicar el espíritu y la letra de la ley. Las leyes deben sustentar una iniciativa concertada que incluya educación, concienciación y movilización de la comunidad. Asimismo, deben contribuir a luchar contra actitudes y estereotipos discriminatorios, e informar la investigación y la estructura de conocimientos necesarias para apoyar el desarrollo de políticas.vi Manual de legislación sobre la violencia contra la mujer
Espero sinceramente que este Manual de legislación sobre la violencia contra la mujer
contribuya en la mayor medida posible a la plena materialización de los objetivos de la
campaña del Secretario General “UNidos para poner fin a la violencia contra las mujeres”.
Asimismo, lo recomiendo a los encargados responsables de la formulación de políticas
interesads y a toda persona que dondequiera que sea le preocupen de estas cuestiones.
Asha-Rose Migiro
Vicesecretaria General
Naciones Unidas
Julio de 2009vii
Agradecimientos
El presente Manual se basa en los resultados de la reunión de Grupo de Expertos sobre buenas prácticas en la legislación destinada a regular la violencia contra la mujer que convocó en mayo de 2008 la División de las Naciones Unidas para el Adelanto de la Mujer, en cooperación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. En esa reunión se revisaron y analizaron las experiencias, los enfoques y las buenas prácticas en la legislación en materia de violencia contra la mujer en todo el mundo y se elaboró un marco modelo para la legislación sobre la violencia contra la mujer.
La División para el Adelanto de la Mujer reconoce con aprecio el trabajo de los participantes en la reunión del Grupo de Expertos, a saber: Carmen de la Fuente Méndez
(España), Sally F. Goldfarb (Estados Unidos), Rowena V. Guanzon (Filipinas), Claudia
Herrmannsdorfer (Honduras), Pinar Ilkkaracan (Turquía), P. Imrana Jalal (Fiji), Olufunmilayo (Funmi) Johnson (Reino Unido), Naina Kapur (India), Rosa Logar (Austria), Flor
de María Meza Tananta (Perú), Njoki Ndungu (Kenya), Theodora Obiageli Nwankwo
(Nigeria), Renée Römkens (Países Bajos), Karen Stefiszyn (Canadá/Sudáfrica), y Cheryl A.
Thomas (Estados Unidos). En la reunión participaron también los siguientes representantes de los organismos de las Naciones Unidas y de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales: Gloria Carrera Massana (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUDH), Dina Deligiorgis (Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, UNIFEM), Tanja Dedovic (Organización Internacional para las Migraciones, OIM), Kareen Jabre (Unión Interparlamentaria, UIP), Dubravka Šimonović (presidenta, Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer), Richard Pearshouse (Canadian HIV/AIDS Legal Network), y Nisha Varia (Human Rights Watch).
Si desea información adicional relacionada con la reunión del Grupo de Expertos,
incluidos los documentos especializados, sírvase visitar la siguiente página web: http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw_legislation_2008/vaw_legislation_2008.htmix
Sumario
Página
1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2. Marco jurídico y de política a escala internacional y regional . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.1. Instrumentos jurídicos y de política y jurisprudencia a escala
internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.1.1. Tratados internacionales en materia de derechos humanos . . . . . . . . 5
2.1.2. Otros tratados internacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.1.3. Instrumentos internacionales de política . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.2. Instrumentos jurídicos y de política y jurisprudencia a escala regional . . . 9
2.3. Leyes y estrategias modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3. Marco modelo para la legislación en materia de violencia contra la mujer . . . . . 13
3.1. Enfoque exhaustivo y basado en los derechos humanos . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.1.1. La violencia contra las mujeres como forma de discriminación
por razón de género . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.1.2. Enfoque legislativo exhaustivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.1.3. Igualdad de aplicación de la legislación a todas las mujeres
y medidas para abordar la discriminación múltiple . . . . . . . . . . . . . 14
3.1.4. Legislación sobre cuestiones de género . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.1.5. Relación entre derecho consuetudinario o religioso y el sistema
judicial formal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.1.6. Enmienda o supresión de disposiciones legales contradictorias . . . . 17
3.2. Aplicación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.2.1. Plan de acción o estrategia nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.2.2. Presupuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.2.3. Formación y capacitación de los empleados públicos . . . . . . . . . . . . 18
3.2.4. Unidades especializadas de la policía y la fiscalía . . . . . . . . . . . . . . . 19
3.2.5. Tribunales especializados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.2.6. Protocolos, orientaciones, normas y reglamentos . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.2.7. Límite de tiempo para la activación de las disposiciones legislativas 21
3.2.8. Sanciones a las autoridades competentes, por incumplimiento . . . . . 22
3.3. Supervisión y evaluación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.3.1. Mecanismo institucional específico para supervisar la aplicación . . . 22
3.3.2. Recopilación de los datos estadísticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.4. Definiciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.4.1. Definición de las formas de violencia contra la mujer . . . . . . . . . . . . 24
3.4.2. Definición de violencia doméstica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.4.2.1. Definición amplia de tipos de violencia doméstica . . . . . . . . . 25
3.4.2.2. Ámbito de personas protegidas por la ley . . . . . . . . . . . . . . . . 26x Manual de legislación sobre la violencia contra la mujer
Página
3.4.3. Definición de violencia sexual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.4.3.1. Definición de delito amplio de agresión sexual que incorpora
la violación, incluida la violación en el matrimonio . . . . . . . 27
3.4.3.2. Definición de acoso sexual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.5. Prevención . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.5.1. Incorporación de disposiciones en materia de prevención
de la violencia contra la mujer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.5.2. Concienciación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.5.3. Planes de estudios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.5.4. Sensibilización de los medios de comunicación de masas . . . . . . . . . 32
3.6. Protección, apoyo y asistencia a las demandantes/supervivientes . . . . . . . 32
3.6.1. Servicios de apoyo amplios e integrados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3.6.2. Centros de crisis para casos de violación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3.6.3. Apoyo a las supervivientes en su empleo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3.6.4. Derechos de las supervivientes a una vivienda . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3.6.5. Ayuda financiera para las supervivientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.7. Derechos de las mujeres inmigrantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.7.1. Situación migratoria independiente y favorable para
las supervivientes de la violencia contra la mujer . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.7.2. Restricciones a los mediadores en matrimonios internacionales
y respeto de los derechos de las “novias por correo” . . . . . . . . . . . . . 36
3.8. Investigación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3.8.1. Obligaciones de los agentes de policía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3.8.2. Obligaciones de los fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.8.3. Políticas favorables a la detención y el enjuiciamiento . . . . . . . . . . . 39
3.9. Procedimientos judiciales y pruebas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.9.1. Prohibición de la mediación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.9.2. Fomento de los procedimientos oportunos y acelerados . . . . . . . . . . 40
3.9.3. Asistencia judicial gratuita, interpretación y apoyo judicial,
incluidos asesor jurídico e intermediarios independientes . . . . . . . . 41
3.9.4. Derechos de la demandante/superviviente durante el procedimiento
judicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
3.9.5. Cuestiones relacionadas con la recopilación y la presentación
de pruebas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3.9.6. Inexistencia de inferencia adversa por demora en la denuncia . . . . . 45
3.9.7. Eliminación de elementos discriminatorios en los procedimientos
judiciales relativos a la violencia sexual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3.9.7.1. Eliminación de la norma de corroboración
o advertencia cautelar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3.9.7.2. No introducir la prueba del historial sexual
de la demandante/superviviente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3.9.8. Sin delitos de “acusación falsa” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3.10. Órdenes de protección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3.10.1. Órdenes de protección para todas las formas de violencia contra
la mujer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3.10.2. Relación entre órdenes de protección y otros procedimientos
judiciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48Sumario xi
Página
3.10.3. Contenido y emisión de órdenes de protección . . . . . . . . . . . . . . . . 48
3.10.4. Órdenes de emergencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3.10.5. Órdenes posteriores a la audiencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3.10.6. Solicitud de órdenes de protección mediante representación . . . . . . 50
3.10.7. Las pruebas de las demandantes/supervivientes, suficientes
para conceder una orden de protección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
3.10.8. Cuestiones específicas relativas a órdenes de protección
en casos de violencia doméstica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3.10.8.1. Las órdenes mutuas de protección y las citaciones por
conducta provocativa no deben incluirse en la legislación . . 52
3.10.8.2. Cómo proceder en relación con la custodia de los hijos
en procedimientos de órdenes de protección . . . . . . . . . . . . . 52
3.10.9. Delito penal de violación de una orden de protección . . . . . . . . . . 53
3.11. Condenas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
3.11.1. Coherencia de las condenas con la gravedad del delito cometido . . 54
3.11.2. Eliminación de excepciones y reducciones en las condenas . . . . . . . 54
3.11.3. Ampliación de sanciones para el delito reiterado/agravado
de violencia doméstica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
3.11.4. Consideraciones sobre la imposición de multas en asuntos
de violencia doméstica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
3.11.5. Restitución y compensación para las supervivientes . . . . . . . . . . . . 56
3.11.6. Programas de intervención para autores de actos violentos
y condenas alternativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
3.12. Demandas civiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3.12.1. Demandas civiles contra quienes han cometido delitos
de violencia contra la mujer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3.12.2. Demandas civiles contra terceros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
3.13. Derecho de familia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
3.14. Legislación en materia de asilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4. Lista de pasos que seguir para crear legislación en materia de violencia
contra la mujer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Paso 1. Definir el objetivo legislativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Paso 2. Consultar a las partes interesadas pertinentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Paso 3. Elaborar legislación con un enfoque empírico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621
1. Introducción
Para una respuesta efectiva y coordinada frente a la violencia contra la mujer resulta
fundamental una legislación completa. De conformidad con el derecho internacional, los
Estados tienen obligaciones claras de promulgar, aplicar y supervisar la legislación que
regula todas las formas de violencia contra la mujer. En los dos últimos decenios, muchos
Estados han adoptado o revisado su legislación en materia de violencia contra la mujer
1
. No obstante, siguen existiendo lagunas considerables
2
. Muchos Estados todavía no cuentan con disposiciones legislativas que aborden específicamente la violencia contra la mujer,
e incluso cuando existe legislación a menudo está limitada en su ámbito de aplicación y
cobertura o no se cumple.
La adopción y el cumplimiento de leyes nacionales que regulen y castiguen todas las
formas de violencia contra las mujeres y las niñas, de conformidad con las normas internacionales en materia de derechos humanos, es uno de los cinco resultados clave que la campaña
del Secretario General “UNidos para poner fin a la violencia contra las mujeres” pretende
conseguir en todos los países antes de 2015
3
. Este Manual tiene por objeto proporcionar a
todos los interesados orientación detallada para apoyar la adopción y la aplicación efectiva
de legislación que evite la violencia contra las mujeres, castigue a quienes cometan tales
actos y garantice los derechos de las supervivientes en cualquier lugar. Específicamente, se
espera que el Manual resulte de utilidad para funcionarios del gobierno, parlamentarios, la
sociedad civil, el personal de organismos de las Naciones Unidas y para otros actores, en sus
esfuerzos por garantizar que exista un fundamento jurídico sólido para acabar con la lacra
de la violencia contra la mujer.
El Manual esboza primero los marcos jurídico y político, a escala internacional y regional, que exigen a los Estados que promulguen y apliquen leyes completas y efectivas con el
fin de afrontar la violencia contra la mujer. A continuación presenta un Marco modelo de
legislación en materia de violencia contra la mujer, dividido en catorce secciones. Por último, el Manual facilita a los usuarios una lista de consideraciones que tener en cuenta a la hora de elaborar legislación sobre violencia contra la mujer. En ella se destaca la importancia de identificar un objetivo legislativo claro; emprender consultas amplias e inclusivas con todas las partes interesadas y, en particular, las víctimas/las supervivientes; y adoptar un enfoque empírico en relación con la elaboración de legislación.
El Marco modelo de legislación sobre violencia contra la mujer presenta recomendaciones sobre el contenido de la legislación, acompañadas de comentarios explicativos y ejemplos
de buenas prácticas. Aunque muchas de las recomendaciones del marco son aplicables a todas formas de violencia contra la mujer, algunas se circunscriben a determinadas formas, como la violencia doméstica o sexual.
1 Si se desea más información en relación con la legislación promulgada, sírvase visitar la base de datos del
Secretario General de las Naciones Unidas sobre violencia contra las mujeres, disponible en línea en http://
http://www.un.org/esa/vawdatabase (último acceso el 8 de abril de 2009).
2 Véase Naciones Unidas (2006), Fin a la violencia contra la mujer: Hechos, no palabras, Informe del Secretario
General (A/61/122/Add.1 y Corr.1). Véanse, entre otras, las páginas 96-97, que presentan los órganos del tratado
en materia de derechos humanos internacionales.
3 Para obtener más información en relación con la campaña del Secretario General “UNidos para poner fin a la
violencia contra las mujeres”, consúltese la página web siguiente: http://endviolence.un.org/2 Manual de legislación sobre la violencia contra la mujer
El Marco comprende: a) aspectos generales, aplicación y evaluación (3.1–3.3) definiciones de formas de violencia (3.4); c) prevención (3.5); d) protección, apoyo y derechos de las supervivientes (3.6–3.7); e) investigación, enjuiciamiento y condena (capítulos 3.8–3.11);
y f) asuntos relativos a las demandas del derecho civil (3.12) y al derecho de familia (3.13) y de asilo (3.14). Los principales asuntos tratados se destacan a continuación.
3.1 Enfatiza la importancia de adoptar un enfoque legislativo amplio que comprenda
no sólo la tipificación como delito de todas las formas de violencia contra la mujer y
el enjuiciamiento y castigo efectivos del autor del delito, sino también la prevención
de la violencia, y el empoderamiento, el apoyo y la protección de las supervivientes.
Recomienda que la legislación reconozca explícitamente la violencia contra la mujer
como forma de discriminación por razón de género y como violación de los derechos
humanos de las mujeres.
3.2 Recomienda que la legislación contenga disposiciones para su aplicación, evaluación
y supervisión efectivas. La legislación debe proporcionar un vínculo orgánico con un
plan o estrategia de acción nacionales completos; encargar un presupuesto para su
aplicación; disponer la elaboración de las normas, los reglamentos y los protocolos
necesarios para la aplicación plena y efectiva de la ley; y requerir la capacitación de
todos los funcionarios pertinentes. La sección 3.2 también recomienda que la legislación encargue la creación de instituciones y funcionarios especializados para aplicar
legislación en materia de violencia contra la mujer.
3.3 Enfatiza la importancia crítica de supervisar la aplicación de la ley y recomienda que la
legislación establezca mecanismos institucionales, como equipos de tareas o comités
multisectoriales, o relatores nacionales, para ejercer esta tarea. Asimismo, recomienda
que la legislación exija una recopilación regular de datos y estudios estadísticos a fin
de garantizar una base de conocimientos suficiente para una aplicación y supervisión
efectivas.
3.4 Insta a la promulgación en la legislación de definiciones amplias de todas las formas
de violencia contra la mujer de conformidad con normas internacionales de derechos
humanos y proporciona recomendaciones específicas en relación con las definiciones
adecuadas de violencia doméstica y violencia sexual.
3.5 Recomienda que la ley otorgue prioridad a la prevención y que disponga la adopción de una serie de medidas a tal fin, entre otras, campañas de concienciación, sensibilización de los medios de comunicación e inclusión de material sobre violencia contra la mujer y derechos humanos de la mujer en los planes de estudios.
3.6 Se centra en la necesidad de que la legislación contemple el empoderamiento de la
víctima/superviviente, así como su apoyo y protección. Recomienda la promulgación
de disposiciones legislativas que garanticen el acceso de las supervivientes a servicios
amplios e integrados de apoyo y asistencia.
3.7 Recomienda que se promulguen disposiciones jurídicas específicas que garanticen los derechos de las mujeres inmigrantes que sean víctimas/supervivientes de violencia.
3.8 Destaca la importancia de legislar sobre los deberes específicos de la policía y los fiscales en casos de violencia contra la mujer.
3.9 Hace recomendaciones detalladas con el objetivo de evitar la victimización secundaria
de la víctima/superviviente durante el proceso judicial. El capítulo trata de las normas
probatorias, la reunión de pruebas, el procedimiento judicial y los derechos de las
víctimas/supervivientes durante los procesos judiciales.
3.10 Facilita orientación sustancial sobre cómo legislar en favor de órdenes de protección
en casos de violencia contra la mujer e insta a la tipificación como delito de cualquier
violación de esas órdenes.Introducción 3
3.11 Insta a que la legislación garantice que las condenas en casos de violencia contra la
mujer sean acordes con la gravedad del delito cometido. Recomienda la eliminación
de la exención o reducción de las condenas impuestas a quienes hayan cometido actos
de violencia contra la mujer en determinadas circunstancias, como cuando un violador
se casa con su víctima o en los casos de los denominados crímenes de honor.
3.12 Destaca el papel valioso que las demandas civiles pueden desempeñar como complemento o alternativa al enjuiciamiento criminal, órdenes civiles de protección y otros
recursos jurídicos disponibles.
3.13 Recomienda que el derecho de familia pueda estudiarse y modificarse para garantizar que la violencia contra la mujer sea considerada con sensibilidad y apropiadamente en procesos de ese tipo. Asimismo, indica ámbitos particulares que merecen atención, incluidas las pensiones alimenticias y el derecho a permanecer en el domicilio familiar.
3.14 Reconoce que la violencia contra la mujer debe ser motivo de persecución y que las
demandantes/supervivientes de dicha violencia deben constituir “un grupo social particular” a efectos de la legislación en materia de asilo.
El siguiente enlace: http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/v-handbook.htm de la
página web de la División para el Adelanto de la Mujer contiene una presentación en PowerPoint del marco modelo de legislación; un vídeo con un diálogo entre dos expertos en el que
se destacan las principales recomendaciones del marco modelo y se comenta su importancia práctica; y la versión electrónica del Manual. La finalidad de esos recursos es proporcionar al usuario más herramientas para comprender y utilizar el modelo de marco de legislación.
Para conocer disposiciones legislativas específicas en materia de trata de personas, nos
remitimos a la Ley modelo contra la trata de personas (“Model Law Against Trafficking
in Persons”) elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
4.
Para obtener más información, acerca de las resoluciones en materia de violencia contra
la mujer adoptadas por los organismos intergubernamentales de las Naciones Unidas, así
como enlaces con la labor de las entidades de las Naciones Unidas y otras organizaciones sobre
violencia contra la mujer, sírvase consultar la página web de la División para el Adelanto de la
Mujer sobre violencia contra la mujer: http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw.
4 Disponible en línea en http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/UNODC_Model_Law_on_
Trafficking_in_Persons.pdf.5
2. Marco jurídico y de política
a escala internacional
y regional
En los dos últimos decenios, la violencia contra la mujer ha llegado a entenderse como forma de discriminación y violación de los derechos humanos de las mujeres. La violencia contra la mujer y la obligación de promulgar leyes para abordar la violencia contra la mujer es ahora objeto de un completo marco jurídico y de política a escala internacional y regional.
2.1. Instrumentos jurídicos y de política y jurisprudencia
a escala internacional
2.1.1. Tratados internacionales en materia de derechos humanos
Con el tiempo, los órganos de los tratados creados para supervisar la aplicación de los
tratados internacionales en materia de derechos humanos han ido asumiendo progresivamente las obligaciones de los Estados partes de hacer frente a la violencia contra la mujer.
En su recomendación general No. 19 (1992) sobre la violencia contra la mujer, el Comité
de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer confirmó
que “[en] virtud del derecho internacional y de pactos específicos de derechos humanos, los
Estados… pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia
debida para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de
violencia y proporcionar indemnización”
5
. En relación con marcos jurídicos nacionales, el
Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
recomendó que los Estados partes:
• Velen por que las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de violencia contra la mujer protejan de manera
adecuada a todas las mujeres y respeten su integridad y su dignidad
6.
• Adopten todas las medidas jurídicas y de otra índole que sean necesarias para proteger eficazmente a las mujeres contra la violencia, entre ellas, medidas jurídicas
eficaces, como sanciones penales, recursos civiles e indemnización, para protegerlas
contra todo tipo de violencia
7
.
El Comité también solicitó que en sus informes de conformidad con la Convención,
los Estados partes especificasen las medidas jurídicas que hubiesen adoptado para superar el
problema de la violencia contra la mujer y acerca de la eficacia de esas medidas
8. Del mismo
5 Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Recomendación
general No. 19 (1992) sobre la violencia contra la mujer, párr. 9.
6 Ibíd. párr. 24 b).
7 Ibíd., párr. 24 t).
8 Ibíd., párr. 24 v). Véase también la recomendación general No. 12 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (1989), párr. 1.6 Manual de legislación sobre la violencia contra la mujer
modo, el Comité de Derechos Humanos ha pedido que los Estados partes faciliten “información sobre las leyes y prácticas nacionales relativas a la violencia en el hogar y otros tipos de
violencia contra la mujer, incluida la violación” en los informes que remitan de conformidad
con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
9
. En consecuencia, actualmente
es ya una práctica de los Estados partes facilitar información pertinente en relación con la
violencia contra la mujer a los órganos de los tratados en materia de derechos humanos.
Durante su revisión de los informes de los Estados partes, los órganos de los tratados
han expresado su preocupación cuando los ordenamientos jurídicos de los Estados partes
carecen de legislación o de disposiciones legislativas específicas para tipificar como delito la
violencia contra la mujer y/o cuando mantienen leyes discriminatorias que refuerzan la vulnerabilidad de las mujeres con respecto a la violencia. Además, han expresado preocupación
sobre problemas con la legislación existente, incluidos el ámbito de aplicación y la cobertura, y
por la falta de aplicación efectiva de dicha legislación. En países en los que prevalece el derecho
consuetudinario al tiempo que el codificado, los órganos de los tratados han expresado su
preocupación por el uso de leyes y prácticas consuetudinarias discriminatorias pese a las leyes
promulgadas para proteger a las mujeres de la violencia.
A la luz de estas preocupaciones, los órganos de los tratados y, en particular, el Comité
de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, han hecho
un llamamiento a los Estados partes para que garanticen que:
• Se enjuicie y castigue la violencia contra la mujer;
• Las mujeres víctimas de violencia tengan medios inmediatos de reparación y protección; y
• Los funcionarios públicos, especialmente el personal responsable de hacer cumplir la
ley, los proveedores de servicios sanitarios, los trabajadores sociales y los profesores,
estén plenamente familiarizados con las disposiciones jurídicas aplicables y sensibilizados con el contexto social de la violencia contra la mujer.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer también se ha
ocupado de la obligación de los Estados partes de promulgar, aplicar y supervisar legislación que aborde la violencia contra la mujer en la labor que le corresponde de conformidad con el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En el asunto A. T. contra Hungría
10 el Comité dictaminó que la
falta de legislación específica que combata la violencia doméstica y el acoso sexual constituía
una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, especialmente del
derecho a la seguridad de la persona. En los asuntos Sahide Goekce (difunta) contra Austria
11
y Fatma Yildirim (fallecida) contra Austria
12, el Comité recomendaba al Estado parte “Reforzar
la aplicación y la vigilancia de la Ley Federal de protección contra la violencia doméstica y las leyes penales conexas, actuando con la debida diligencia para prevenir esa violencia contra la mujer y responder a ella, y prever sanciones adecuadas para los casos de incumplimiento”
13. En la investigación que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Convención efectuó en relación con los incidentes de secuestro, violación y asesinato de mujeres en la zona de Ciudad Juárez, Estado de Chihuahua (México), el Comité recomendó que México 9 Observación general No. 28 del Comité de Derechos Humanos (2000), en el artículo 3 (Igualdad de derechos
entre hombres y mujeres).
10 A. T. contra Hungría, comunicación No. 272003, dictamen adoptado el 26 de enero de 2005. Véase http://www.
un.org/womenwatch/daw/cedaw//protocol/decisions-views/CEDAW%20Decision%20on%20AT%20vs%20
Hungary%20Spanish.pdf.
11 Sahide Goekce (difunta) contra Austria, comunicación No. 5/2005, dictamen adoptado el 6 de agosto de 2007.
Véase http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/495/46/pdf/N0749546.pdf?OpenElement.
12 Fatma Yildirim (fallecida) contra Austria, comunicación No. 6/2005, dictamen adoptado el 6 de agosto de 2007.
Véase http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/495/46/pdf/N0749546.pdf?OpenElement.
13 Sahide Goekce (difunta) contra Austria, ibíd., nota 8, párr. 12.3 a), y Fatma Yildirim (fallecida) contra Austria, ibíd., nota 9 supra, párr. 12.3 a).Marco jurídico y de política a escala internacional y regional 7
“sensibilice a todas las autoridades estatales y municipales respecto a la violencia de género, entendida como violación de derechos fundamentales, como primer paso para llevar a cabo una revisión substantiva de la legislación en este ámbito”
14.
2.1.2. Otros tratados internacionales
Además de los tratados internacionales de derechos humanos, hay otros instrumentos internacionales que crean a los Estados partes la obligación de promulgar legislación que regule
la violencia contra la mujer. Entre ellos se incluyen el Protocolo para prevenir, reprimir y
sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (el Protocolo
de Palermo), y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (el Estatuto de Roma).
El Protocolo de Palermo exige a los Estados partes que:
• Adopten las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar
como delito en su derecho interno la trata de personas, cuando se cometa intencionalmente (artículo 5);
• Velen por que su ordenamiento jurídico o administrativo interno prevea medidas
con miras a proporcionar a las víctimas información sobre procedimientos judiciales
y administrativos y asistencia encaminada a permitir que sus opiniones y preocupaciones se presenten y examinen en las etapas apropiadas de las actuaciones penales
contra los delincuentes (artículo 6);
• Velen por que su ordenamiento jurídico interno prevea medidas que brinden a las
víctimas de la trata de personas la posibilidad de obtener indemnización por los
daños sufridos (artículo 6);
• Adopten o refuercen las medidas legislativas o de otra índole a fin de desalentar la
demanda que propicia cualquier forma de explotación conducente a la trata de personas, especialmente mujeres y niños (artículo 9); y
• Consideren la posibilidad de adoptar medidas legislativas u otras medidas apropiadas que permitan a las víctimas de la trata de personas permanecer en su territorio,
temporal o permanentemente, cuando proceda (artículo 7).
El Estatuto de Roma proporciona el mayor reconocimiento legal hasta la fecha de la
violencia por razón de género como delito con arreglo al derecho penal internacional. En la letra g) del apartado 1 del artículo 7, el Estatuto de Roma clasifica como crímenes de lesa humanidad la “[v]iolación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable” cometidos “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil” . Los mismos
delitos se clasifican en el punto xxii) de la letra b) del apartado 2 del artículo 8 como violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados, y por tanto clasificables
como crímenes de guerra. Con arreglo al principio de complementariedad establecido por el
Estatuto, los Estados partes tienen la responsabilidad primordial de llevar ante la justicia los
actos de genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. El preámbulo del
Estatuto de Roma recuerda que “es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra
los responsables de crímenes internacionales”. Por tanto, se ha defendido que es “esencial que
todos los Estados Partes, así como otros Estados, reformen su derecho interno o promulguen
legislación nueva en la que se definan los delitos de acuerdo con el derecho internacional”15
.
14 Informe sobre México elaborado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer bajo el Artículo 8 del Protocolo Facultativo de la Convención, y respuesta del Gobierno de México (CEDAW/C/2005/
OP.8/MEXICO), párr. 286. Véase http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw32/CEDAW-C-2005-
OP.8-MEXICO-S.pdf.
15 Amnistía Internacional, Corte Penal Internacional: Directrices para la aplicación efectiva del Estatuto de Roma; disponible en línea en http://www.amnesty.org/es/library/info/IOR40/013/2004/es/.8 Manual de legislación sobre la violencia contra la mujer
2.1.3. Instrumentos internacionales de política
Las convenciones y los protocolos esbozados más arriba se han complementado con el desarrollo de instrumentos de política a nivel internacional que proporcionan orientación detallada sobre las medidas que los Estados y otras partes interesadas deben adoptar para reforzar el marco jurídico con el fin de abordar todas las formas de violencia contra la mujer. Dichos instrumentos incluyen declaraciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Naciones Unidas, y los documentos producidos en las conferencias y cumbres de las Naciones Unidas. Por ejemplo, el artículo 4 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer de 1993
16, adoptada por la Asamblea General, solicita a los Estados miembros que:
• Condenen la violencia contra la mujer y no invoquen ninguna costumbre, tradición
o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla;
• Establezcan, en la legislación nacional, sanciones penales, civiles, laborales y administrativas, para castigar y reparar los agravios infligidos a las víctimas;
• Proporcionen acceso a los mecanismos de la justicia y, con arreglo a lo dispuesto en
la legislación nacional, a un resarcimiento justo y eficaz; y
• Eviten eficazmente la reincidencia en la victimización de la mujer como consecuencia de leyes, prácticas de aplicación de la ley y otras intervenciones que no tengan
en cuenta la discriminación contra la mujer.
De forma parecida, la Plataforma de Acción de Beijing, adoptada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995)
17, insta a los gobiernos a:
• Introducir sanciones penales, civiles, laborales y administrativas en las legislaciones
nacionales con el fin de castigar y reparar los daños causados a las víctimas;
• Adoptar, aplicar, revisar y analizar las leyes pertinentes a fin de asegurar su eficacia
para eliminar la violencia contra la mujer, haciendo hincapié en la prevención de la
violencia y en el enjuiciamiento de los responsables; y
• Adoptar medidas para garantizar la protección de las mujeres víctimas de la violencia, el acceso a remedios justos y eficaces, inclusive la reparación de los daños causados, la indemnización y la cura de las víctimas y la rehabilitación de los agresores.
Ese llamamiento se reiteró durante la revisión quinquenal de la Plataforma de Acción
de Beijing de 2000
18.En los últimos años, la Asamblea General de las Naciones Unidas se ha ocupado de la
violencia contra la mujer en general y de las formas y manifestaciones específicas de dicha violencia, incluida la trata de mujeres y niñas, prácticas tradicionales o consuetudinarias que afectan a la salud de las mujeres y las niñas, delitos contra las mujeres cometidos en nombre del “honor”, y la violencia doméstica contra las mujeres
19. En las resoluciones pertinentes,
la Asamblea General ha venido instando a los Estados Miembros a reforzar sus marcos
jurídicos
20. Por ejemplo, la resolución 61/143, de 19 de diciembre de 2006, sobre la intensificación de los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer, subraya
la necesidad de tipificar como delitos punibles por la ley todas las formas de violencia contra
la mujer e insta a los Estados a que revisen o deroguen todas las leyes y normas que discriminen a la mujer o que tengan efectos discriminatorios en su contra y a que garanticen que
16 Resolución 48/104 de la Asamblea General de 19 de diciembre de 1993.
17 Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, China, 4-15 de septiembre de 1995 (publicación
de las Naciones Unidas, No. de venta: S.96.IV.13), párr. 124.
18 Véase la resolución de la Asamblea General S-23/3, anexo, párr. 69.
19 Las comisiones funcionales del Consejo Económico y Social, incluida la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la Comisión de Derechos Humanos (sustituida por el Consejo de Derechos Humanos) y la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, también han aprobado con regularidad resoluciones en materia de violencia contra las mujeres.
20 Véanse, por ejemplo, las resoluciones de la Asamblea General 63/155, 61/143, 59/166, 58/147 y 56/128.Marco jurídico y de política a escala internacional y regional 9
las disposiciones de múltiples sistemas jurídicos se ajusten a las obligaciones internacionales de derechos humanos. La resolución 63/155, de 18 de diciembre de 2008, sobre el mismo asunto, insta a los Estados a utilizar las mejores prácticas para poner fin a la impunidad y a la cultura de permisividad respecto de la violencia contra la mujer, entre otras cosas mediante la evaluación y el análisis de los efectos de las leyes, normas y procedimientos vigentes en relación con la violencia contra la mujer; a reforzar las disposiciones de derecho y procedimiento penales relativas a todas las formas de violencia contra la mujer; y a incorporar en la
legislación medidas encaminadas a prevenir la violencia contra la mujer.
2.2. Instrumentos jurídicos y de política
y jurisprudencia a escala regional
El marco jurídico y de política a escala internacional esbozado en los párrafos anteriores se
ha acompañado de la adopción de varios marcos jurídicos y de política a escala regional.
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer, ambién conocida como la Convención de Belém do Pará, es la única convención dirigida exclusivamente a la eliminación de la violencia contra la mujer. Solicita que los Estados
partes actúen con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra
la mujer y contiene disposiciones detalladas relativas a las obligaciones de los Estados de promulgar legislación. De conformidad con el artículo 7, los Estados partes están obligados a:
• Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar o amenazar a la mujer;
• Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para
modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes o para modificar prácticas jurídicas
o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra
la mujer;
• Establecer procedimientos legales justos y eficaces para las víctimas; y
• Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que
las víctimas tengan acceso eficaz a un resarcimiento justo y eficaz.
El Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a los derechos de la mujer en África trata de la violencia contra la mujer en muchas de sus disposiciones
y establece obligaciones relativas a la reforma jurídica. De conformidad con el Protocolo, los
Estados partes están obligados a:
• Promulgar y cumplir leyes para prohibir todas las formas de violencia contra la
mujer (artículo 4, apartado 2);
• Adoptar medidas legislativas, administrativas, sociales y económicas que garanticen
la prevención, el castigo y la erradicación de la violencia contra la mujer (artículo 4,
apartado 2);
• Adoptar todas las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias para eliminar prácticas perjudiciales (artículo 5); y
• Promulgar medidas legislativas nacionales para garantizar que no se celebre ningún matrimonio sin el consentimiento libre y pleno de ambas partes y que la edad
mínima para contraerlo sea de 18 años para las mujeres (artículo 6).
En el sureste asiático, la Asociación del Asia Meridional para la Cooperación Regional
(SAARC, en sus siglas en inglés) ha aprobado la Convención sobre la prevención y la lucha
contra la trata de mujeres y niños con fines de prostitución, que obliga a los Estados partes,
de conformidad con el artículo III, a adoptar medidas efectivas para garantizar que la trata
constituya un delito con arreglo a su legislación penal respectiva y sea punible mediante las penas apropiadas.10 Manual de legislación sobre la violencia contra la mujer
En febrero de 2008 entró en vigor el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha
contra la trata de personas, que obliga a los Estados partes a tipificar como delito la trata
de seres humanos y los delitos relacionados
21. La legislación debe garantizar que los delitos
tipificados den lugar a “sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias”
22. Asimismo, el
Convenio obliga a los Estados partes a adoptar medidas legislativas o de otro tipo para asistir a las víctimas en su recuperación, y proporcionarles una indemnización
23.El Consejo de Europa también ha exigido acción en su Recomendación (2002)5 del
Comité de Ministros a los Estados miembros sobre la protección de la mujer contra la violencia. La Recomendación insta a los Estados miembros a garantizar que:
• Se castiguen todos los actos de violencia,
• Se adopten medidas rápidas y efectivas contra los autores, y
• Se proporcionen recursos, indemnización y protección y apoyo a las víctimas.
Además del desarrollo de instrumentos jurídicos y de política a escala regional, también existe un creciente cuerpo de jurisprudencia sobre violencia contra la mujer de conformidad con los tratados regionales en materia de derechos humanos. Las causas vistas por
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos han dictado a los Estados que:
• Creen legislación penal apropiada;
• Estudien y revisen las leyes y políticas en vigor; y
• Supervisen la forma de aplicación de la legislación.
En el asunto X e Y contra los Países Bajos
24, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
dictaminó que los Países Bajos habían infringido sus responsabilidades en materia de derechos humanos, de conformidad con el Convenio de Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (artículo 8), por no haber creado la legislación penal apropiada aplicable a la violación de una joven con discapacidad psíquica. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos abordó la necesidad de estudiar y revisar las leyes y políticas en vigor a fin de eliminar la discriminación contra la mujer en el asunto María Mamérita Mestanza Chávez contra el Perú
25, que trataba de la esterilización forzada. En
el asunto M. C. contra Bulgaria
26, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos destacó la
importancia de supervisar la forma de hacer cumplir la legislación. En dicho asunto se concluyó que aunque el artículo del Código Penal búlgaro que prohibía la violación no mencionaba el requisito de que hubiera o no resistencia física por parte de la víctima, en la práctica la resistencia física parecía constituir un requisito para poder imputar el cargo de violación.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha subrayado la importancia
de hacer cumplir la legislación de forma apropiada en el asunto de Maria da Penha contra
el Brasil
27, en el que la Comisión dictaminó que el gobierno brasileño había infringido sus
obligaciones en materia de derechos humanos debido a la considerable demora e ineficacia
de la investigación de la violencia doméstica.
21 Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de personas, artículos 18-20.
22 Ibíd., artículo 23, apartado 1.
23 Ibíd., artículo 12, apartado 1 y artículo 15..
24 X e Y contra los Países Bajos, Tribunal Europeo de Derechos Humanos (8978/80), 1995. Véase http://cmiskp.echr.
coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=x%20%7C%20y%20%7C%20nethe
rlands&sessionid=21406792&skin=hudoc-en.
25 María Mamérita Mestanza Chávez contra el Perú, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Petición 12.191, Informe No. 71/03, 2003. Véase http://www.cidh.oas.org/annualrep/2003sp/Peru.12191.htm.
26 M. C. contra Bulgaria, Tribunal Europeo de Derechos Humanos (39272/98), 4 de diciembre de 2003. Véase
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Bevacqua%20
%7C%20bulgaria&sessionid=21408082&skin=hudoc-en.
27 Maria da Penha contra el Brasil, asunto 12.501, informe No. 54/01, OEA/Ser.L/V/II.111 Doc.20 rev. en
704 (2000). Véase http://www.cidh.oas.org/annualrep/2000sp/CapituloIII/Fondo/Brasil12.051.htm.Marco jurídico y de política a escala internacional y regional 11
2.3. Leyes y estrategias modelo
A medida que se han aclarado las obligaciones de los Estados de abordar la violencia contra la mujer, distintas partes interesadas han elaborado leyes, estrategias y medidas modelo para facilitar e impulsar las actuaciones. En 1996, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias presentó un marco de legislación modelo en materia de violencia doméstica
28, el cual insta a los Estados a adoptar legislación
que, entre otras cosas:
• Contenga la definición más amplia posible de actos de violencia doméstica y relaciones en las que se da dicha violencia.
• Incluya mecanismos de denuncia y deberes de los agentes de policía, incluido el
que la policía ha de responder a toda petición de asistencia y protección en casos de
violencia doméstica y explicar a las víctimas sus derechos legales;
• Establezca mandatos judiciales de amparo y conminatorios ex parte;
• Aborde tanto el procedimiento penal como el civil; y
• Establezca servicios de apoyo a las víctimas, programas para los autores de los actos
y capacitación para agentes de policía y funcionarios judiciales.
En 1997, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó las Estrategias y Medidas Prácticas Modelo para la eliminación de la violencia contra la mujer en el campo de la
prevención del delito y la justicia penal
29. Los aspectos pertinentes de este modelo exhortan
a los Estados Miembros a:
• Revisar sus leyes para cerciorarse de que todos los actos de violencia contra la mujer
están debidamente prohibidos (párr. 6);
• Revisar sus procedimientos penales para cerciorarse de que la responsabilidad principal de entablar una acción penal recaiga en el ministerio público; que la policía tenga
autorización para allanar domicilios y efectuar detenciones en casos de violencia
contra alguna mujer; que se hayan adoptado medidas para facilitar el testimonio
de las víctimas; que en todo proceso penal se tengan en cuenta pruebas de actos de
violencia perpetrados con anterioridad, y que los tribunales estén facultados para
dictar mandatos judiciales de amparo y conminatorios (párr. 7);
• Cerciorarse de que se dé la respuesta que corresponda a los actos de violencia y de
que los procedimientos policiales tengan en cuenta la necesidad de garantizar la
seguridad de la víctima (párr. 8, letra c);
• Cerciorarse de que sus políticas en materia de condenas hagan que todo infractor
responda de sus actos contra la víctima y de que las sanciones sean comparables a las
previstas para otros delitos violentos (párr. 9, letra a);
• Adoptar medidas para proteger a las víctimas y los testigos antes, durante y a raíz de
la celebración del proceso (párr. 9, letra h);
• Dar capacitación a la policía y al personal del sistema de justicia penal (párr. 12,
letra b).
Otros organismos que han llevado a cabo iniciativas para desarrollar enfoques modelo
a fin de abordar la violencia contra la mujer han sido la secretaría de la Comunidad del
28 Informe presentado por la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer con inclusión de sus causas y
consecuencias (1996) “Marco de legislación modelo sobre la violencia doméstica” (E/CN.4/1996/53/Add.2).
Véase asimismo Fifteen Years of the United Nations Special Rapporteur on violence against women, its causes and
consequences (1994-2009) – A Critical Review [Quince años de existencia de la figura del Relator Especial sobre la
violencia contra la mujer (1994-2009), Revisión crítica], Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus
causas y consecuencias (2009); disponible en línea en http://www2.ohchr.org/english/issues/women/rapporteur/
docs/15YearReviewofVAWMandate.pdf.
29 Resolución de la Asamblea General 52/86, anexo, Medidas de prevención del delito y de justicia penal para la
eliminación de la violencia contra la mujer.12 Manual de legislación sobre la violencia contra la mujer
Caribe (CARICOM) en 1991
30; la Organización Panamericana de la Salud (OPS), una
oficina regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en coordinación con la
Comisión Interamericana de Mujeres (CIM/OEA), el Fondo de Población de las Naciones
Unidas (UNFPA), el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM)
y organizaciones regionales no gubernamentales en 2004
31
; varios Estados, como Australia
32
y otras entidades como el Consejo Nacional de Magistrados de Tribunales de Familia de
los Estados Unidos
33.
30 Disponible en línea en http://www.caricom.org/jsp/secretariat/legal_instruments/model_legislation_women_
issues.jsp (en inglés).
31 Disponible en línea en http://www.paho.org/Spanish/DPM/GPP/GH/LeyModelo.htm.
32 Partnership Against Domestic Violence (1999), Model Domestic Violence Laws Report, disponible en línea
enhttp://www.ag.gov.au/www/agd/agd.nsf/Page/Publications_Modeldomesticviolencelaws-report-April1999
(en inglés).
33 Comité Asesor del proyecto de la Fundación Conrad N. Hilton “Proyecto de Código Modelo sobre la Violencia
en la Familia (1994)”, Model Code on Domestic and Family Violence; disponible en línea en http://www.ncjfcj.org/images/
stories/dept/fvd(pdf(modecode_fin_printable.pdf13
3. Marco modelo
para la legislación en materia
de violencia contra la mujer
3.1. Enfoque exhaustivo y basado
en los derechos humanos
3.1.1. La violencia contra las mujeres como forma de discriminación
por razón de género
Recomendación
La legislación ha de:
• Reconocer que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación, una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, y una
violación de los derechos humanos de las mujeres;
• Definir la discriminación contra la mujer como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera; y
• Establecer que no pueda invocarse ninguna costumbre, tradición ni consideración religiosa
para justificar la violencia contra la mujer.
Comentario
En los dos últimos decenios, la violencia contra las mujeres ha llegado a entenderse como una
forma de discriminación y violación de los derechos humanos de las mujeres. La legislación
sobre la violencia contra la mujer debe realizarse en conformidad con la Declaración sobre
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la Asamblea General (resolución 48/104
de 1993), leída en conjunto con el artículo 1 de la Convención sobre la eliminación de todas
las formas de discriminación contra la mujer y las recomendaciones generales No. 12 (1989)
y 19 (1992) del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer.
Se han elaborado varios actos legislativos que reconocen explícitamente la violencia
contra la mujer como una forma de discriminación y una violación de los derechos humanos. Algunos se refieren específicamente a instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos. Por ejemplo, el artículo 1 de la Ley de penalización de la violencia contra las mujeres (2007) de Costa Rica establece: “La presente Ley tiene como fin proteger los derechos de las víctimas de violencia y sancionar las formas de violencia física, psicológica, sexual y patrimonial contra las mujeres mayores de edad, como práctica discriminatoria por razón de 14 Manual de legislación sobre la violencia contra la mujergénero, específicamente en una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no, en cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Ley No. 6968, de 2 de octubre
de 1984), así como en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Ley No. 7499, de 2 de mayo de 1995)”. En la legislación costarricense el término “violencia patrimonial” se refiere a la denegación de propiedad o herencia.
El artículo 9 de la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer (2008) de Guatemala establece que en los delitos tipificados contra la mujer no podrán invocarse
costumbres o tradiciones culturales o religiosas como causa de justificación o de exculpación
para perpetrar dicha violencia.
3.1.2. Enfoque legislativo exhaustivo
Recomendación
La legislación ha de:
• Ser exhaustiva y multidisciplinar y tipificar todas las formas de violencia contra la mujer, así
como incluir cuestiones de prevención, protección, empoderamiento y apoyo (sanitario,
económico, social y psicológico) a las supervivientes, además de un castigo adecuado a los autores y la disponibilidad de soluciones jurídicas para las supervivientes.
Comentario Hasta la fecha, muchas leyes sobre violencia contra la mujer se han centrado sobre todo en su tipificación como delito. Es importante que los marcos jurídicos superen este enfoque estrecho, para pasar a hacer uso efectivo de la serie de ámbitos del derecho (el civil, el penal, el administrativo y el constitucional) y que aborden la prevención de la violencia y la protección y el apoyo a las supervivientes. Por ejemplo, Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (2004) de España incorpora disposiciones sobre sensibilización, prevención y detección y los derechos de las supervivientes de violencia; crea mecanismos institucionales específicos para abordar la violencia contra la mujer; introduce normas con arreglo al derecho penal; y establece asistencia judicial para las supervivientes. También resulta
importante que la legislación incorpore un enfoque multidisciplinar a la regulación de la
violencia contra la mujer. Las reformas del Código Penal sueco en relación con la violencia
contra la mujer, introducidas por el paquete “Kvinnofrid” en 1998, destacan la importancia de la colaboración entre la policía, los servicios sociales y los proveedores de servicios sanitarios.
3.1.3. Igualdad de aplicación de la legislación a todas las mujeres
y medidas para abordar la discriminación múltiple
Recomendación
La legislación ha de:
• Proteger a todas las mujeres sin discriminar por razón de raza, color, idioma, religión, opinión
política o de otro tipo, origen nacional o social, patrimonio, estado civil, orientación sexual,
condición de seropositiva, de inmigrante o de refugiada, edad o discapacidad; y
• Reconocer que la experiencia que las mujeres tienen de la violencia se ve influida por factores como su raza, color, religión, opinión política o de otro tipo, origen nacional o social,
patrimonio, estado civil, orientación sexual, condición de seropositiva, condición de inmigrante o refugiada, edad o discapacidad, e incluir medidas orientadas a determinados grupos de mujeres, en su caso.Marco modelo para la legislación en materia de violencia contra la mujer 15
Comentario
En ocasiones, la legislación sobre la violencia contra la mujer contenía disposiciones o ha sido
aplicada por el sistema judicial de tal forma que establecía distinciones entre distintos grupos
de mujeres. La reforma del Código Penal turco en 2004 eliminó disposiciones que imponían
sanciones menores o nulas en casos de violencia contra mujeres no casadas o no vírgenes;
actualmente garantiza que la legislación proteja a todas las mujeres por igual.
La experiencia que las mujeres tienen de la violencia y del sistema judicial se ve influida
además por su raza, color, religión, opinión política o de otro tipo, origen nacional o social,
patrimonio, estado civil, orientación sexual, condición de seropositiva, condición de inmigrante o refugiada, edad o discapacidad. En muchas sociedades, las mujeres que pertenecen a una determinada etnia o a determinados grupos raciales sufren violencia por razón de género además de violencia por razón de su identidad étnica o racial. Es importante que la legislación, o la legislación subsidiaria, en su caso, dispongan específicamente el trato apropiado y concienciado de las mujeres demandantes/supervivientes de violencia que sufren múltiples formas
de discriminación. Cuando se apruebe, el título VI del Proyecto de Ley de Orden Público en las Comunidades Tribales (2008) de Estados Unidos promulgará disposiciones específicas acerca del enjuiciamiento y la prevención de la violencia doméstica y la agresión sexual cometidas contra mujeres americanas autóctonas.
3.1.4. Legislación sobre cuestiones de género
Recomendación
La legislación ha de:
• Tener en cuenta las cuestiones de género, no pasarlas por alto.
Comentario
La legislación que tiene en cuenta cuestiones de género reconoce las desigualdades entre la mujer y el hombre y las necesidades específicas de la mujer y del hombre. Un enfoque de la legislación en materia de violencia contra la mujer que tenga en cuenta cuestiones de género reconoce que las experiencias que las mujeres y los hombres tienen de la violencia son distintas y que la violencia contra la mujer es una manifestación de la desigualdad histórica de las relaciones de poder entre el hombre y la mujer y de la discriminación contra la mujer.
Durante mucho tiempo se ha debatido cuál era la mejor forma de velar por que se
tuviesen en cuenta las cuestiones de género en la legislación en materia de violencia. La legislación dedicada a las cuestiones de género se ha considerado importante, especialmente en Latinoamérica, por cuanto reconoce la violencia contra la mujer como forma de discriminación por razón de género y aborda las necesidades particulares de las mujeres demandantes/supervivientes. No obstante, la legislación dedicada a las cuestiones de género en materia de violencia contra la mujer no permite el enjuiciamiento de la violencia contra hombres y niños y en algunos países puede impugnarse por considerarse inconstitucional. Varios países han adoptado legislación neutral con respecto a las cuestiones de género, que es aplicable tanto a mujeres como a hombres. Sin embargo, esa legislación puede ser objeto de manipulación por parte de quienes perpetran delitos de violencia. Por ejemplo, en algunos países se ha enjuiciado
a las propias mujeres supervivientes de violencia por su incapacidad para proteger a sus hijos de la violencia. Asimismo, la legislación neutral con respecto a las cuestiones de género ha
tendido a dar prioridad a la estabilidad de la familia por encima de los derechos de las personas demandantes/supervivientes (predominantemente mujeres) porque no refleja ni aborda
específicamente la experiencia que las mujeres tienen de la violencia cometida contra ellas.16 Manual de legislación sobre la violencia contra la mujer
Algunas legislaciones combinan disposiciones neutras y específicas en relación con las
cuestiones de género con el objetivo de reflejar las experiencias y necesidades específicas de las demandantes/supervivientes de la violencia, al tiempo que permiten el enjuiciamiento de la violencia perpetrada contra hombres y niños. Por ejemplo, la sección 4a del capítulo 4
del Código Penal sueco, en su versión reformada por el paquete “Kvinnofrid” en 1998,
contiene un delito neutral de “grave violación de la integridad” que existe cuando una
persona comete violaciones reiteradas, como el abuso físico o sexual, contra una persona
con la que tiene o ha tenido una relación cercana, así como el delito específico de género
de “grave violación de la integridad de una mujer”, constituido por los mismos elementos, y que existe cuando lo comete un hombre contra una mujer. Desde 2006, el Código
de Procedimiento Penal austriaco dispone procedimientos y derechos específicos para las demandantes/supervivientes de violencia en el proceso judicial penal con el fin de evitar su victimización secundaria.
3.1.5. Relación entre derecho consuetudinario o religioso
y el sistema judicial formal
Recomendación
La legislación ha de establecer que:
• Cuando existen conflictos entre derecho consuetudinario o religioso y el sistema judicial
formal, el asunto ha de resolverse con respeto para los derechos humanos de la persona
superviviente y de acuerdo con normas en materia de igualdad entre los géneros; y
• El procesamiento de un asunto de conformidad con el derecho consuetudinario o religioso
no excluye la posibilidad de que se someta al sistema judicial formal.
Comentario
En muchos países, los asuntos de violencia contra la mujer siguen tramitándose a través de
procedimientos y medidas de derecho consuetudinario o religioso, como la prestación de
“compensación” a la familia o comunidad de la superviviente, y de prácticas consuetudinarias de reconciliación consistentes en ceremonias de perdón. La aplicación de esas leyes se ha demostrado problemática, por cuanto no se centra en la cura de la superviviente ni en la concesión de soluciones jurídicas. Además, en muchos casos se ha considerado que el uso del derecho consuetudinario o religioso excluye la posibilidad de que la superviviente recurra al sistema judicial formal. Por otro lado, existen pruebas de los beneficios de determinados mecanismos judiciales informales, como los “tribunales de mujeres”, que suelen ser más accesibles a las supervivientes de violencia que el sistema judicial oficial, tanto en términos de su ubicación geográfica como en relación con el lenguaje y la forma en que se lleva a cabo el procedimiento judicial.
Por consiguiente, es importante aclarar la relación entre el derecho consuetudinario o
religioso y el sistema judicial formal y codificar el derecho de la persona superviviente a ser tratada de acuerdo con las normas en materia de derechos humanos e igualdad de género en ambos procesos. La Ley de derecho penal (compensación) de 1991 de Papua Nueva Guinea es un ejemplo interesante de integración del derecho consuetudinario en el sistema judicial formal, al permitir a las personas supervivientes de delitos, incluidas la violencia sexual y doméstica, solicitar compensación al autor de los mismos. La solicitud de compensación por delito o falta constituye una característica común del derecho consuetudinario de Papua Nueva Guinea, y la promulgación de legislación sobre compensación tenía la finalidad de reducir la incidencia de pagar con un nuevo delito otro previo.Marco modelo para la legislación en materia de violencia contra la mujer 17
3.1.6. Enmienda o supresión de disposiciones
legales contradictorias
Recomendación
La legislación ha de:
• Establecer la enmienda o supresión de disposiciones incluidas en otros ámbitos de derecho, como el derecho de familia y divorcio, el derecho de propiedad, normativas en
materia de vivienda, el derecho de seguridad social y el derecho del trabajo que contradigan la legislación adoptada, con el fin de garantizar un marco jurídico que fomente los derechos humanos y la igualdad de género de la mujer, y la eliminación de la violencia contra la mujer.
Comentario
Para que la eficacia sea completa, la adopción de nueva legislación sobre violencia contra
la mujer debe acompañarse de una revisión y enmienda, en su caso, de todas las demás
leyes pertinentes, a fin de velar por la incorporación coherente de los derechos humanos
de las mujeres y la eliminación de la violencia contra la mujer. Por ejemplo, en España,
conjuntamente con la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género (2004) se modificaron otras con el fin de garantizar la coherencia, como el Estatuto
de los Trabajadores, la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, la Ley General de la Seguridad Social, disposiciones adicionales de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación y la Ley General de Publicidad. En los Estados Unidos, la Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidad de Empleo (1996) creó una Opción de Violencia Familiar que permite a las personas supervivientes de la violencia doméstica quedar exentas de determinadas restricciones de empleo relacionadas con la percepción de pagos de asistencia pública. En abril de 1999, el Departamento de Servicios
Sanitarios y Humanos de los Estados Unidos emitió normas relativas a la aplicación de la
Opción de Violencia Familiar.
3.2. Aplicación
3.2.1. Plan de acción o estrategia nacional
Recomendación
La legislación:
• Cuando no exista un plan de acción o estrategia nacional sobre la violencia contra la mujer, ha de encargar la formulación de un plan, que debe incluir un conjunto de actividades con referencias e indicadores, con el fin de velar por que exista un marco para uenfoque exhaustivo y coordinado de la aplicación de la legislación; o
• Cuando ya exista un plan de acción o estrategia nacional, ha de referirse a dicho plan como el marco para la aplicación exhaustiva y coordinada de la legislación.
Comentario
Lo más probable es que la legislación se aplique de forma eficaz si va acompañada de un
marco de política exhaustivo que incluya un plan de acción o estrategia nacional. La Ley de 18 Manual de legislación sobre la violencia contra la mujer
Prevención, Detección Temprana, Atención y Erradicación de la Violencia Doméstica (2002)
de Uruguay dicta la formulación de un plan nacional contra la violencia doméstica. El
artículo 46 de la Ley de Delitos Sexuales (2006) de Kenya exige que el ministro pertinente
prepare un marco de política nacional que oriente la aplicación y administración de la
ley y revise el marco de política al menos una vez cada cinco años. La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007) de México establece la inclusión prioritaria de medidas y políticas dirigidas a erradicar la violencia contra la mujer en el Plan Nacional de Desarrollo y obliga al gobierno a formular una política nacional con la finalidad de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
3.2.2. Presupuesto
Recomendación
La legislación ha de:
• Encargar la asignación de un presupuesto para su aplicación mediante:
ƒ La creación de una obligación general del gobierno de proporcionar un presupuesto
adecuado para la ejecución de las actividades pertinentes;
ƒ La solicitud de asignación de financiación para una actividad específica; por ejemplo, la
creación de una fiscalía especializada; o
ƒ La asignación de un presupuesto específico destinado a organizaciones no gubernamentales para una gama determinada de actividades relacionadas con su aplicación.
Comentario
Sin financiación adecuada, la legislación no puede aplicarse de forma efectiva. En consecuencia, es cada vez más corriente que la legislación en materia de violencia contra la mujer
contenga disposiciones que exijan una asignación presupuestaria para su aplicación. Por
ejemplo, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007) de México
establece la obligación de que el Estado y los municipios tomen medidas presupuestarias y
administrativas para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. En
los Estados Unidos, la Ley de Violencia contra la Mujer (1994) y sus enmiendas proporcionan una fuente notable de financiación para las organizaciones no gubernamentales que
trabajan en el ámbito de la violencia contra la mujer. Es importante que toda asignación
presupuestaria se base en un análisis completo de la financiación necesaria para aplicar
todas las medidas que contiene la legislación.
3.2.3. Formación y capacitación de los empleados públicos
Recomendación
La legislación ha de exigir:
• La formación y capacitación frecuentes y establecidas de los empleados públicos en la cuestión de la violencia contra la mujer teniendo en cuenta las cuestiones de género;
• La formación y capacitación específicas de los empleados públicos pertinentes cuando se promulgue nueva legislación, para garantizar que conocen de su existencia y son competentes en el uso de sus nuevas obligaciones; y
• Que dicha formación y capacitación se desarrolle y lleve a cabo en estrecha consulta con organizaciones no gubernamentales y con los proveedores de servicios a demandantes/supervivientes de violencia contra la mujer.Marco modelo para la legislación en materia de violencia contra la mujer 19
Comentario
Resulta crucial velar por que las personas a quienes se exija la aplicación de legislación relativa
a la violencia contra las mujeres —la policía, fiscales y jueces— tengan una comprensión profunda de dicha legislación y sean capaces de aplicarla de forma apropiada y teniendo en cuenta las cuestiones de género. Cuando no se forma de manera exhaustiva a los empleados públicos que participan en la aplicación de la ley sobre su contenido existe el riesgo de que no se aplique de forma efectiva o uniforme. Se han realizado múltiples y variados esfuerzos para formar a los empleados públicos e incluir la capacitación de la violencia contra la mujer en los planes oficiales de formación de estas profesiones. Se ha demostrado que dichos esfuerzos formativos y de capacitación son más efectivos, y se aplican con el mayor rigor, cuando la ley los exige y se desarrollan en estrecha colaboración con organizaciones no gubernamentales.
El artículo 47 de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género (2004) de España exige al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial que aseguren una formación específica sobre la igualdad y no discriminación por razón de sexo y sobre violencia de género en los cursos de formación de jueces y magistrados, fiscales, secretarios judiciales, fuerzas y cuerpos de seguridad y médicos forenses. De conformidad con el artículo 7 de la Ley de Medidas contra la Violencia en Relaciones Familiares (2006) de Albania, el Ministerio del Interior se encarga de formar a la policía sobre la gestión de casos
de violencia doméstica, y el Ministerio de Justicia es responsable de formar a los expertos
médico-jurídicos en violencia doméstica y abuso de menores y a los agentes judiciales en el servicio de las órdenes de protección. La sección 42 de la Ley Antiviolencia contra las Mujeres y sus Hijos (2004) de Filipinas exige que todas las agencias involucradas en dar una respuesta a la violencia contra la mujer y sus hijos asistan a cursos educativos y formativos sobre: a) la naturaleza y las causas de la violencia contra las mujeres y sus hijos; b) derechos y soluciones jurídicas de las demandantes/supervivientes; c) servicios disponibles; d) obligaciones legales de los agentes de policía de efectuar detenciones y ofrecer protección y asistencia; y e) técnicas de manejo de incidentes de violencia contra las mujeres y sus hijos. El proyecto de legislación sobre órdenes de protección de los Países Bajos, de aprobarse, establecerá un programa de formación para la policía.
3.2.4. Unidades especializadas de la policía y la fiscalía
Recomendación
La legislación/legislación subsidiaria ha de velar por:
• La designación o el refuerzo de unidades especializadas de la policía y unidades especializadas de la fiscalía sobre violencia contra la mujer y por proporcionar financiación suficiente
para su trabajo y la formación especializada de su personal; y
• Que las demandantes/supervivientes tengan la opción de comunicarse con agentes de policía o fiscales que sean mujeres.
Comentario
Las autoridades policiales y los fiscales resultan de vital importancia para garantizar que se castigue a los autores de actos violentos, especialmente con respecto a la investigación de actos de violencia contra la mujer, la conservación de pruebas y la emisión de autos de procesamiento. La calidad del trabajo de la policía y la fiscalía es crucial a la hora de determinar si se ha instruido un procedimiento o si se ha condenado a una persona. No obstante, en muchos países se ha visto que los actos de violencia contra la mujer no se investigan de forma exhaustiva o no se documentan de forma precisa, y que la violencia doméstica sigue considerándose un asunto privado y no un delito penal, mientras que las denuncias de violencia sexual siguen tratándose con 20 Manual de legislación sobre la violencia contra la mujerescepticismo. Se ha comprobado que las unidades especializadas son más receptivas y efectivas para la gestión de la violencia contra la mujer. La experiencia ha demostrado que la creación de esas unidades puede facilitar el desarrollo de conocimientos especializados en este ámbito y suponer un incremento en el número de asuntos investigados y una mejora de la calidad y de la eficiencia del proceso para la persona demandante/superviviente. No obstante, en algunos
países la experiencia dice que la creación de esas unidades puede dar lugar a la marginación de las cuestiones relacionadas con la mujer. Por ello es esencial que la creación de unidades especializadas se acompañe de financiación suficiente y de formación de los trabajadores. En Italia, muchas comisarías de policía han puesto en marcha servicios especiales de investigación para responder de forma más adecuada a las mujeres que denuncian actos de violencia sexual.
En Jamaica se ha constituido una unidad de delitos sexuales dentro de la policía con el objetivo de crear un entorno que anime a las demandantes/supervivientes a comunicar incidentes de agresión sexual y abuso de menores, investigar de forma efectiva las denuncias de agresión y ofrecer servicios de asesoría y terapia. Según las Orientaciones Nacionales para Fiscales en Asuntos
de Delitos Sexuales (1998) del Departamento de Justicia de Sudáfrica “un fiscal especialista es la
persona ideal para este tipo de asunto”. El proyecto de ley de violencia intrafamiliar del Líbano, de aprobarse, requeriría la creación de una unidad especializada en violencia intrafamiliar en la Dirección General de las Fuerzas de Seguridad Interna para recibir e investigar quejas.
3.2.5. Tribunales especializados
Recomendación
La legislación ha de:
• Establecer la creación de tribunales especializados o procedimientos judiciales especiales que garanticen la tramitación oportuna y eficiente de asuntos de violencia contra la mujer; y
• Velar por que el personal asignado a tribunales especializados reciba formación especializada y que existan medidas para minimizar el estrés y la fatiga de dichos trabajadores.
Comentario
Las experiencias de las demandantes/supervivientes con el personal de los tribunales ordinarios atestigua que con frecuencia dicho personal no presta atención suficiente a las cuestiones de género o no comprende en profundidad las diversas leyes aplicables a los asuntos de violencia contra la mujer; que no presta atención suficiente a los derechos humanos de las mujeres; y que tiene una carga excesiva de trabajo, lo que ocasiona demoras y aumentos de costes para la persona demandante/superviviente. Existen tribunales especializados en diversos países —en el Brasil, España, el Uruguay, Venezuela, el Reino Unido y varios Estados de los Estados Unidos entre ellos— que han resultado efectivos en muchos casos por haber brindado mayores posibilidades al personal de los tribunales y de la justicia para especializarse y ser más receptivo
a las cuestiones de género en relación con la violencia contra la mujer, y que suelen contar con procedimientos para acelerar las denuncias de violencia contra la mujer. Los tribunales especializados integrados creados con arreglo al título V de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (2004) en España y al artículo 14 de la Ley Maria da Penha (2006) en Brasil entienden de los aspectos jurídicos de asuntos relacionados con la violencia doméstica, incluidos procedimientos de divorcio y custodia de los hijos y
procedimientos penales. Al simplificar y centralizar los procesos judiciales, estos tribunales integrados evitan órdenes contradictorias, mejoran la seguridad de las demandantes/supervivientes y reducen la necesidad de que testifiquen reiteradamente. Sin embargo, es importante velar por que las demandantes/supervivientes conserven el control del procedimiento y no se sientan forzadas a emprender acciones, como un divorcio o una separación, si no están prepa-Marco modelo para la legislación en materia de violencia contra la mujer 21radas. La experiencia de España parece mostrar que los procedimientos instruidos en tribunales especializados a veces van demasiado rápido para las demandantes/supervivientes y que, en consecuencia, algunas se retiran de la causa. También es importante garantizar que todos los profesionales pertinentes estén disponibles en los tribunales especializados. Los Tribunales de Delitos Sexuales creados en Sudáfrica como parte de la estrategia de lucha contra la violación
están dotados de un cuadro de fiscales, trabajadores sociales, oficiales de instrucción, jueces,
profesionales sanitarios y policía.
3.2.6. Protocolos, orientaciones, normas y reglamentos
Recomendación
La legislación ha de:
• Exigir que los ministros pertinentes, en colaboración con la policía, los fiscales, los jueces y
el sector sanitario y educativo, formulen reglamentos, protocolos, orientaciones, instrucciones, directivas y normas, incluidos formularios normalizados, para la aplicación exhaustiva
y oportuna de la legislación; y
• Establecer que dichos reglamentos, protocolos, orientaciones y normas se elaboren dentro
de un número limitado de meses con posterioridad a la entrada en vigor de la legislación.
Comentario
Sin la promulgación de reglamentos, protocolos, orientaciones y normas, la legislación no se
aplicará de forma exhaustiva y la formación del personal no producirá resultados efectivos. Las
secciones 66 y 67 de la Ley de Modificación de la Legislación Penal (Delitos Sexuales y Asuntos
Relacionados) (2007) sudafricana contemplan procedimientos detallados para la elaboración de directivas, instrucciones y reglamentos nacionales. La sección 47 de la Ley de Delitos Sexuales (2006) de Kenya establece la promulgación de reglamentos. El apartado 3 del artículo 21 de la Ley de Eliminación de la Violencia Doméstica, Protección y Apoyo a las Víctimas (2006) de Georgia insta al Ministerio de Asuntos Internos a elaborar y aprobar en el plazo de un mes a partir de la publicación de la ley, un formulario normalizado para las órdenes de protección urgente emitidas por la policía. La Ley de Protección contra la Violencia Doméstica (2005) de Bulgaria exige a los ministerios del Interior, Justicia, Sanidad y otros que elaboren programas de prevención y protección contra la violencia doméstica en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la ley.
3.2.7. Límite de tiempo para la activación
de las disposiciones legislativas
Recomendación
La legislación ha de:
• Establecer un plazo límite en relación con el tiempo que puede transcurrir entre su adopción y su entrada en vigor.
Comentario
La experiencia ha demostrado que pueden darse demoras considerables entre la adopción de legislación y su entrada en vigor. Para solucionar este problema, algunos países han incluido una disposición legislativa que especifica la fecha en la que la legislación pertinente y todas sus disposiciones entrarán en vigor. Por ejemplo, la sección 72 de la Ley de Modificación de 22 Manual de legislación sobre la violencia contra la mujerla Legislación Penal (Delitos Sexuales y Asuntos Relacionados) (2007) sudafricana estableció que la mayor parte de la ley produjera efectos a partir del 16 de diciembre de 2007 y que los capítulos 5 y 6 lo hicieran a partir del 21 de marzo y el 16 de junio de 2008, respectivamente.3.2.8. Sanciones a las autoridades competentes
por incumplimientoRecomendación
La legislación ha de:
• Establecer sanciones efectivas contra las autoridades competentes que no cumplan sus
disposiciones.
Comentario
Para garantizar que el personal encargado de aplicar la legislación en materia de violencia contra la mujer acate íntegramente sus responsabilidades, existe la necesidad de que la legislación contemple sanciones por incumplimiento. El artículo 5 de la Ley de penalización de la violencia
contra las mujeres (2007) de Costa Rica establece que quienes, en el ejercicio de sus funciones, estén obligados a conocer de situaciones de violencia contra las mujeres “deberán actuar ágil y eficazmente, respetando tanto los procedimientos como los derechos humanos de las mujeres afectadas; de lo contrario, podrán incurrir en el delito de incumplimiento de deberes”. Los artículos 22, 23 y 24 de la Ley sobre la violencia contra la mujer y la familia (1998) de Venezuela establecen sanciones para los patronos o autoridades de jerarquía superior en los centros de empleo, educación o cualquier otra actividad, profesionales de la salud y funcionarios del sistema judicial que no den la debida tramitación a una denuncia dentro del plazo previsto.
3.3. Supervisión y evaluación
3.3.1. Mecanismo institucional específico para supervisar la aplicación
Recomendación
La legislación ha de:
• Contemplar la creación de un mecanismo específico multisectorial que supervise la aplicación de la legislación e informe al Parlamento con regularidad. Las funciones de dicho
mecanismo deben incluir:
ƒ Recopilación y análisis de información;
ƒ Entrevistas con demandantes/supervivientes, abogados, procuradores, policía, fiscales,
jueces, agentes de libertad vigilada y proveedores de servicios en relación con el acceso
de las demandantes/supervivientes al sistema jurídico y con la eficacia de las soluciones
jurídicas, incluidos los obstáculos que han de sortear determinados grupos de mujeres; y
ƒ La proposición de enmiendas a la legislación en caso necesario; y
• Establecer una financiación adecuada para el mecanismo.
Comentario
Para garantizar que la legislación se aplique de forma efectiva y no tenga efectos adversos no
previstos resulta esencial que se ejerza una supervisión atenta y regular. Una supervisión así
podría revelar al existencia de lagunas en el ámbito de aplicación y efectividad de la ley, la
necesidad de formar a los profesionales jurídicos y a otras partes interesadas, la falta de una Marco modelo para la legislación en materia de violencia contra la mujer 23
respuesta coordinada y consecuencias no previstas de la ley para las demandantes/supervivientes; en síntesis, serviría para identificar las áreas que requieren reformas legales. La supervisión
resulta más efectiva cuando es el gobierno el que la efectúa en colaboración con organizaciones
no gubernamentales y cuando cuenta con la participación de las demandantes/supervivientes de la violencia y los proveedores de servicios, para garantizar que las evaluaciones reflejen la experiencia de la ley en el terreno.
En Honduras, tras la promulgación de la Ley contra la Violencia Doméstica (1997) se
creó una Comisión Interinstitucional de Seguimiento a la Ley contra la Violencia Doméstica compuesta por miembros del gobierno y de la sociedad civil. En 2004, la Comisión
propuso enmiendas a la ley, incluida la ampliación de las disposiciones relativas a las órdenes de protección y la tipificación como delitos de la violencia doméstica reiterada. El Congreso
aprobó dichas modificaciones, que están en vigor desde 2006. La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (2004) de España contempla la creación de dos instituciones. A la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer le corresponde formular políticas que aborden la violencia por razón de género, la promoción de la sensibilización pública a través de planes y campañas nacionales, la coordinación
de las iniciativas de las distintas partes interesadas, la recopilación de datos y la realización de estudios. Además, el titular de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer está legitimado ante los órganos jurisdiccionales para intervenir en defensa de
çlos derechos de las mujeres. Una segunda institución, el Observatorio Estatal de Violencia
sobre la Mujer, se encarga del asesoramiento y remisión de un informe anual al gobierno.
Además, el gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, a los tres años de la
entrada en vigor de la ley, elaborará y remitirá al Congreso de los Diputados un informe con una evaluación de los efectos de su aplicación en la lucha contra la violencia de género. La sección 39 de la Ley Antiviolencia contra las Mujeres y sus Hijos (2004) de Filipinas establece la creación de un Consejo Interinstitucional sobre la Violencia contra las Mujeres y sus Hijos para supervisar la eficacia de las iniciativas emprendidas para combatir la violencia contra las mujeres y desarrollar programas y proyectos destinados a la eliminación de dicha violencia.
La Ley de Prevención, Detección Temprana, Atención y Erradicación de la Violencia
Doméstica (2002) de Uruguay contempla la creación de un Consejo Nacional Consultivo
de Lucha contra la Violencia Doméstica responsable de promover un enfoque integral que
atienda las necesidades de las demandantes/supervivientes de la violencia. En Indonesia, el Decreto Presidencial número 181/1998 instituyó la Comisión Nacional sobre la Violencia
contra la Mujer (Komnas Perempuan), que constituye un órgano independiente responsable
de la promoción del respeto de los derechos humanos de las mujeres y de la eliminación de
la violencia contra la mujer en Indonesia. El Proyecto de Ley de Prohibición de la Violencia
de Nigeria, en caso de que se promulgue, crearía una Comisión Nacional sobre la Violencia
contra la Mujer financiada íntegramente por el gobierno con el fin, entre otros, de supervisar
la aplicación de lo dispuesto en la ley.
3.3.2. Recopilación de los datos estadísticos
Recomendación
La legislación ha de:
• Exigir que los datos estadísticos se recopilen a intervalos regulares en relación con las causas,
las consecuencias y la frecuencia de todas las formas de violencia contra la mujer, y sobre la
eficacia de las medidas destinadas a prevenir, castigar y erradicar la violencia contra la mujer
y proteger y apoyar a las demandantes/supervivientes; y
• Exigir que dichos datos estadísticos se desglosen por sexo, raza, edad, origen étnico y otras
características pertinentes.24 Manual de legislación sobre la violencia contra la mujer
Comentario
La recopilación de datos, incluidos los estadísticos, resulta fundamental para supervisar
la eficacia de la legislación. Esta investigación debe incluir la compilación de datos sobre
reincidencia del agresor y si esos delitos tienen la misma víctima u otra diferente. Pese a los progresos alcanzados en los últimos años, sigue habiendo la necesidad urgente de reforzar la base de conocimientos sobre todas las formas de violencia contra las mujeres para informar el desarrollo de la legislación. Cuando sea posible, es importante que los institutos nacionales de estadística participen en la recopilación de datos estadísticos.
Algunos países han respondido a la necesidad de recopilar más datos obligando a ello
en la legislación. La Ley financiera italiana (2007) creó un Observatorio Nacional sobre
la Violencia contra la Mujer y destinó para sus actividades tres millones de euros anuales
durante los tres años siguientes. La Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer (2008) de Guatemala obliga al Instituto Nacional de Estadística a recopilar datos y a crear indicadores sobre violencia contra la mujer. La Ley de Medidas contra la Violencia en Relaciones Familiares (2006) de Albania obliga al Ministerio de Trabajo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades a mantener datos estadísticos sobre los niveles de violencia doméstica. Los artículos 7 y 8 de la Ley de Violencia Doméstica (2005) polaca exigen al ministro de Asuntos Sociales que dirija y financie estudios y análisis sobre violencia doméstica. En México, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007) contempla la creación de un banco de datos nacional sobre casos de violencia contra la mujer, que incluye las órdenes de protección y las personas afectadas. Los proyectos de ley sobre violencia doméstica de Armenia, de aprobarse, exigirían al Gobierno que recopilase estadísticas, elaborase estudios y supervisase y financiase centros de asesoramiento y de refugio.
3.4. Definiciones
3.4.1. Definición de las formas de violencia contra la mujer
Recomendación
La legislación ha de:
• Ser aplicable a todas las formas de violencia contra la mujer, incluidas las siguientes, aunque
no se excluyen otras posibilidades:
ƒ Violencia doméstica;
ƒ Violencia sexual, incluidos la agresión sexual y el acoso sexual;
ƒ Prácticas perjudiciales, como matrimonio a edad temprana, matrimonio forzado, mutilación genital femenina, infanticidio femenino, selección prenatal del sexo, comprobación
de virginidad, limpieza de VIH/SIDA, los llamados crímenes de honor, desfiguración con
ácido, crímenes cometidos por causa del precio de la novia y la dote, maltrato de viudas,
embarazo forzado y juicio de mujeres por brujería/hechicería;
ƒ Femicidio/feminicidio;
ƒ Trata; y
ƒ Esclavitud sexual; y
• Reconocer la violencia contra la mujer cometida por actores específicos y en contextos específicos, como:
ƒ La violencia contra la mujer en la familia;
ƒ La violencia contra la mujer en la comunidad;
ƒ La violencia contra la mujer en situaciones de conflicto; y
• La violencia contra la mujer condonada por el Estado, incluida la violencia en custodia policial y la violencia cometida por las fuerzas de seguridad.Marco modelo para la legislación en materia de violencia contra la mujer 25
Comentario
Las formas y manifestaciones de violencia contra la mujer varían en función de los contextos sociales, económicos, culturales y políticos concretos. No obstante, la legislación relativa a la violencia contra la mujer se ha ocupado de forma predominante de la violencia ejercida por la pareja. Varios países han aprobado legislación específica que regula otras formas de violencia, como la Ley de Prevención de los Crímenes con Ácido (2002) y la Ley de Control del Ácido (2002) de Bangladesh; la sección 304B del Código Penal indio, que tipifica como delito las “muertes por dote”, y la Ley de Represión de la Práctica de la Mutilación
Genital Femenina (No. 3 de 2003) de la República de Benin. Otros países han aprobado
legislación que se ocupa de varias formas de violencia. Por ejemplo, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007) de México regula las formas de violencia
en la familia, en el lugar de trabajo y en instituciones educativas, en la comunidad, en
instituciones estatales y el femicidio. El femicidio es una forma extrema de violencia que
puede culminar en homicidio de mujeres y que puede incluir tortura, mutilación, crueldad
y violencia sexual.Independientemente de si las formas de violencia se regulan en distintos actos legislativos o en uno solo, a cada forma ha de serle aplicable un marco jurídico amplio, incluidas medidas de prevención de la violencia, protección y apoyo a la demandante/superviviente, castigo del autor del acto violento, y medidas que garanticen la aplicación y evaluación exhaustivas de la ley.
3.4.2. Definición de violencia doméstica
3.4.2.1. Definición amplia de tipos de violencia doméstica
Recomendación
La legislación ha de:
• Incluir una definición amplia de la violencia doméstica, incluida la física, sexual, psicológica
y económica.
Comentario
La legislación relativa a la violencia doméstica ha tendido a abordar sólo la violencia física.
Sin embargo, con el surgimiento de una comprensión más detallada de la naturaleza de la
violencia doméstica, varios países han promulgado o modificado su legislación para adoptar
definiciones que incluyan algunos o todos los tipos de violencia: física, sexual, emocional
o psicológica, y patrimonial relativa a la propiedad o económica. Por ejemplo, el capítulo
II de la Ley de protección de las mujeres frente a la violencia doméstica (2005) de la India
incluye las agresiones físicas, sexuales, verbales, emocionales y económicas, y el artículo 5
de la Ley Maria da Penha (2006) brasileña dice: “Constituye violencia doméstica y familiar contra la mujer cualquier acción u omisión basada en el género que le cause la muerte,
lesión, sufrimiento físico, sexual o psicológico y daño moral o patrimonial”. El proyecto
de ley de violencia intrafamiliar del Líbano, de aprobarse, establecería que este tipo de violencia abarcaría todos los actos de violencia de género cometidos por cualquier persona en la familia que puedan causar o resulten en daños o sufrimiento físico, psicológico, sexual o económico para una mujer.
Sin embargo, en la práctica, las definiciones de violencia doméstica que incluyen la
violencia psicológica y económica pueden ser problemáticas. La experiencia ha demostrado que los autores de violencia pueden intentar aprovecharse de dichas disposiciones 26 Manual de legislación sobre la violencia contra la mujer
solicitando órdenes de protección al alegar que su pareja abusa psicológicamente de ellos. Además, posiblemente muchas mujeres no esperen una respuesta contundente del sistema judicial a los denominados actos de violencia psicológica o económica cometidos contra ellas. Por otro lado, la violencia psicológica es muy difícil de demostrar. Por tanto, resulta esencial que toda definición de violencia doméstica que incluya violencia psicológica o económica se cumpla de forma apropiada y teniendo en cuenta las cuestiones de género. Debe recurrirse a los conocimientos técnicos especializados de los profesionales pertinentes —como psicólogos y asesores, abogados y proveedores de servicios para las demandantes/supervivientes de violencia— y al mundo académico para determinar si el comportamiento constituye violencia.
3.4.2.2. Ámbito de personas protegidas por la ley
Recomendación
La legislación debe ser aplicable como mínimo a:
• Personas que mantengan o hayan mantenido una relación íntima, incluidas las relaciones matrimoniales, no matrimoniales, homosexuales y no cohabitacionales, personas con relaciones mutuas de familia y miembros del mismo hogar.
Comentario
Las leyes sobre violencia doméstica han venido aplicándose sólo a personas que mantienen relaciones íntimas y, en particular, a las parejas casadas. Con el tiempo, ha habido una ampliación de legislación para incluir otras personas demandantes/supervivientes de violencia doméstica, como los miembros de parejas no casadas o que mantienen una relación cohabitacional, las personas que mantienen relaciones de familia y los miembros del mismo hogar, incluidos los trabajadores domésticos. La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (2004) de España define las relaciones de violencia doméstica de forma amplia para incluir las relaciones con un cónyuge o ex cónyuge, relaciones no matrimoniales, relaciones no cohabitacionales, relaciones sentimentales y sexuales y relaciones entre los miembros de la familia o el hogar, como ascendientes, descendientes, personas con relaciones de sangre, personas que residen juntas y menores o personas discapacitadas sujetos a tutela o custodia. El artículo 5 de la Ley Maria da Penha (2006) brasileña incluye la violencia cometida en la “unidad doméstica”, definida como el espacio de convivencia permanente de personas, con o sin vínculo familiar; en la “familia”, definida como la comunidad formada por individuos que son o se consideran parientes, unidos por lazos naturales, por afinidad o por voluntad expresa, y en cualquier relación íntima. El Proyecto de Ley de Prohibición de la Violencia de Nigeria, en caso de aprobarse, definiría una relación doméstica de forma amplia, con el fin de incluir cónyuges, ex cónyuges, personas comprometidas, que salen juntas o enuna relación consensual, padres de un niño, miembros de la familia, o residentes del mismo hogar. La Ley sobre la eliminación de la violencia en el hogar (Ley No. 23 de 2004) de Indonesia se amplía a los trabajadores domésticos. En Austria, el requisito de que las personas demandantes/supervivientes demuestren su relación con el autor de la violencia para gozar de protección de conformidad con la ley ha tenido a veces como consecuencia la victimización secundaria de la demandante/superviviente. En ocasiones, los autores de la violencia han negado la existencia de una relación para evitar someterse a una orden de protección. En consecuencia, se ha solicitado a demandantes/supervivientes que demuestren que existía una relación, lo que ha llevado a debatir qué constituye una “relación”, incluido si la persona demandante/superviviente debe probar que ha tenido relaciones sexuales con el autor del acto violento para tener derecho a protección.Marco modelo para la legislación en materia de violencia contra la mujer 27
3.4.3. Definición de violencia sexual
3.4.3.1. Definición de delito amplio de agresión sexual que incorpora la violación,
incluida la violación en el matrimonio
Recomendación
La legislación ha de:
• Definir la agresión sexual como una violación de la integridad corporal y la autonomía sexual;
• Sustituir los delitos existentes de violación y agresión “indecente” con un delito amplio de agresión sexual graduada basada en el daño;
• Contemplar circunstancias agravantes incluidas, aunque no exclusivamente, la ley del superviviente, la relación del autor de la violencia y la persona superviviente, el uso o amenaza de violencia, la presencia de autores múltiples de violencia, y consecuencias físicas o mentales graves del ataque sobre la víctima;
• Suprimir el requisito de que la agresión sexual sea cometida por fuerza o violencia, o prueba de penetración, y minimizar toda victimización secundaria de la persona demandante/superviviente en los procedimientos, promulgando que la definición de agresión sexual:Exija la existencia de “acuerdo inequívoco y voluntario” y que la persona acusada aporte pruebas de las medidas adoptadas para determinar si la demandante/superviviente había dado su consentimiento; o
ƒ Exija que el acto tenga lugar en “circunstancias coercitivas” e incluya una amplia gama
de circunstancias coercitivas; y
• Tipificar específicamente como delito la agresión sexual dentro de una relación (es decir, la “violación en el matrimonio”):Estableciendo que las disposiciones en materia de agresión sexual sean aplicables “independientemente de la naturaleza de la relación” entre quien comete la violencia y quien la denuncia; oAfirmando que “ningún matrimonio u otra relación constituirá una defensa frente a un cargo de agresión sexual con arreglo a la legislación”.
Comentario
La violencia sexual se ha tratado a menudo en el problemático marco de la moralidad, la
decencia pública y el honor y como delito contra la familia o la sociedad, más que una violación de la integridad corporal de la persona. A la hora de abordar esta cuestión se han obtenido resultados positivos. Varios países latinoamericanos, como Argentina, Bolivia, Brasil y Ecuador, han revisado sus códigos penales para reflejar la violencia sexual como violación de la demandante/superviviente, en lugar de limitarla a una amenaza a su “honor” o “moralidad”. La reforma del Código Penal turco en 2004 definió las violaciones sexuales como “crímenes
contra el individuo” en lugar de “crímenes contra la costumbre moral y la sociedad” y eliminó todas las referencias a la “moralidad”, “castidad” y “honor”, como las reformas “Kvinnofrid” al Código Penal sueco de 1998.La violación ha constituido la principal “forma” de violencia sexual tratada por el derecho penal, y las definiciones de violación se centraban a menudo en la prueba de penetración. Esas definiciones no tienen en cuenta toda la gama de violaciones sexuales que sufren las mujeres y las repercusiones que tienen en la demandante/superviviente. Por esta razón algunos países han incluido en su legislación penal una definición amplia de “agresión sexual”, que comprende el delito anteriormente tipificado como violación y no depende de la prueba de penetración. Por ejemplo, el Código Penal canadiense contempla los delitos graduados de agresión sexual (sección 271), agresión sexual con arma, amenazas a una tercera parte o causantes de daños corporales (sección 272), y la agresión sexual agravada, en las que el autor del acto violento hiere, lesiona, desfigura o pone en peligro la vida 28 Manual de legislación sobre la violencia contra la mujer
de la persona demandante (sección 273). El artículo 102 del Código Penal turco (2004)
define la agresión sexual como el delito de violar la integridad corporal de otra persona por medio de la conducta sexual; la violación como el delito de violar la integridad personal de otra persona, incluido el cónyuge en el matrimonio, mediante la inserción de un órgano u otro objeto dentro de su cuerpo.
Las definiciones de violación y agresión sexual han evolucionado con el tiempo. Del
requisito del uso de la fuerza o violencia se ha pasado al requisito de ausencia de consentimiento. Por ejemplo, el Código Penal canadiense contiene una norma de consentimiento positivo que establece: por “consentimiento” se entiende, a los efectos de esta sección, el acuerdo voluntario de la persona demandante a participar en la actividad sexual en cuestión. La Ley de Delitos Sexuales (2004) del Reino Unido ha reforzado y modernizado la legislación en materia de delitos sexuales y ha mejorado las medidas preventivas y la protección de las personas frente a los delincuentes sexuales. Las tres disposiciones esenciales de la ley son: una definición codificada de consentimiento, una prueba de creencia razonable en el consentimiento y un conjunto de presunciones probatorias y conclusivas sobre el consentimiento y la creencia de la persona demandada en el consentimiento. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que, en la práctica, las definiciones de agresión sexual basadas en la ausencia de consentimiento han tenido como consecuencia la victimización secundaria de la persona demandante/superviviente al forzar al fiscal a probar fuera de toda duda razonable que la persona demandante/superviviente no había dado su consentimiento. En un intento de evitar la victimización secundaria, algunos países han desarrollado definiciones de violación basadas en la existencia de determinadas circunstancias, en lugar de en la demostración de la ausencia de consentimiento. Por ejemplo, la definición de violación con arreglo a la Ley de Lucha contra la Violación (2000) de Namibia exige la existencia de determinadas “circunstancias coercitivas” en lugar de la prueba de ausencia de consentimiento. Una definición similar se ha adoptado en la Ley de Delitos Sexuales (2003) de Lesotho. En los casos en los que se ha adoptado una definición de “circunstancias coercitivas” es importante velar por que las circunstancias que se mencionen sean amplias y no vuelvan a resaltar el uso de la fuerza o violencia.
Históricamente, la violación y la agresión sexual no se tipificaban como delito cuando
se cometían en el contexto de una relación íntima. Aunque el concepto de violación dentro de las relaciones íntimas sigue siendo muy problemático en muchos países, en los códigos penales de un número cada vez mayor de ellos se están suprimiendo las exenciones de la violación/agresión sexual en una relación íntima o se están promulgando disposiciones específicas para tipificarla como delito. Lesotho, Namibia, Sudáfrica y Swazilandia han tipificado como delito la violación en el matrimonio. La Ley de Lucha contra la Violación (2000) de Namibia lo hace estableciendo lo siguiente: “Ningún matrimonio u otra relación constituirá una defensa frente a un cargo de violación con arreglo a esta Ley”. En 2002, el Tribunal Supremo de Nepal en el asunto Foro de Mujeres, Derecho y Desarrollo contra el Gobierno de su Majestad/Nepal dictaminó que la excepción de la violación en el matrimonio era inconstitucional y contraria al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En 2003, la introducción de la Ley
del Código Penal (Delitos Sexuales y Delitos contra Menores) de 2002 de Papua Nueva Guinea
abolió la impunidad marital en relación con la violación.
3.4.3.2. Definición de acoso sexual
Recomendación
La legislación ha de:
• Tipificar como delito el acoso sexual;arco modelo para la legislación en materia de violencia contra la mujer 29
• Reconocer el acoso sexual como una forma de discriminación y una violación de los derechos humanos de las mujeres con consecuencias para su salud y su seguridad;
• Definir el acoso sexual como comportamiento no aceptado sexualmente determinado,
tanto en relaciones horizontales como verticales; por ejemplo, en el empleo (incluido el
sector del empleo no estructurado), la educación, la recepción de bienes y servicios, actividades deportivas y transacciones de propiedad; y
• Establecer que el comportamiento no aceptado sexualmente determinado incluye (directamente o por implicación) conducta física e intentos; la solicitud o exigencia de favores sexuales; comentarios con connotaciones sexuales; la exhibición de imágenes, carteles o grafitos con contenido sexual explícito y cualquier otra conducta física, verbal o no verbal de carácter sexual.
Comentario
El acoso sexual se ha asociado tradicionalmente en exclusiva con los delitos laborales y se ha definido como un acto que ocurre sólo en el contexto de las relaciones desiguales de poder (como la del superior con el subordinado). En consecuencia, a menudo el acoso sexual se ha tratado en los códigos laborales de los países y sólo se ha aplicado a quienes sufren dicho comportamiento en el sector del empleo estructurado. Con el tiempo, los países han reconocido estas limitaciones y comenzado a tratar el acoso sexual de forma más completa y en varios ámbitos del derecho, como la lucha contra la discriminación y el derecho penal. La Ley Antidiscriminación (1977) del Estado de Nueva Gales del Sur (Australia) establece que el acoso sexual es ilegal cuando ocurre en el empleo; instituciones educativas; la recepción de bienes o servicios; el alquiler o intento de alquiler de alojamiento; la compra o venta de terrenos; y en actividades deportivas. En Turquía, una de las principales reformas del Código Penal en 2004 fue la tipificación del acoso sexual como delito. En Kenya, el acoso sexual se regula en tres leyes: la sección 23 de la Ley de Delitos Sexuales (2006) (delito penal para cualquier persona que ejerza autoridad o desempeñe un cargo oficial); en la sección 6 de la Ley de Empleo (2007) (acoso por parte de los empleadores o compañeros de trabajo), y en la sección 21 de la Ley de la Ética del Funcionario (2003) (acoso dentro del servicio público y prestación de servicios públicos). En el asunto Vishaka contra el Estado de Rajastán y Ors AIR 1997 S.C:3011, el Tribunal Supremo de la India aplicó los artículos 11, 22 y 23 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, así como la recomendación general No. 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, y las secciones pertinentes de la Plataforma de Acción de Beijing (en relación con la promoción de la salud y la seguridad en el trabajo) para crear una definición jurídicamente vinculante de acoso sexual, invocando una definición amplia del “lugar de trabajo”.
3.5. Prevención
3.5.1. Incorporación de disposiciones en materia de prevención
de la violencia contra la mujer
Recomendación
La legislación debe otorgar prioridad a la prevención de la violencia contra la mujer e incluir disposiciones, conforme lo expuesto infra en las subsecciones 3.5.2 a 3.5.4 del Marco, sobre las siguientes medidas destinadas a prevenir la violencia contra la mujer:
• Actividades de concienciación sobre los derechos humanos de la mujer, igualdad entre los
géneros y el derecho de las mujeres a no sufrir violencia;30 Manual de legislación sobre la violencia contra la mujer
• Utilización de planes de estudios para modificar los patrones de conducta sociales y culturales discriminatorios y los estereotipos de género despectivos; y
• Sensibilización de los medios de comunicación en relación con la violencia contra la mujer.
Comentario
Las primeras respuestas legislativas a la violencia contra la mujer tendían a centrarse exclusivamente en su tipificación como delito, sin abordar las raíces de la violencia contra la mujer.
No obstante, con el tiempo se ha ido subrayando la importancia de incluir medidas preventivas en la legislación. La Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer(2008) ya vigente en Guatemala, afirma que el gobierno es responsable de la coordinación entre agencias, la promoción y la supervisión de campañas de sensibilización, generando diálogo y promoviendo políticas públicas para prevenir la violencia contra la mujer. El artículo 8 de la Ley Maria da Penha brasileña (2006) establece medidas de prevención integradas, como que los medios de comunicación eviten papeles estereotipados que legitimen o impulsen la violencia doméstica y familiar; campañas educativas públicas, y enfatiza los planes de estudios a todos los niveles sobre los derechos humanos y el problema de violencia doméstica y familiar contra la mujer. El capítulo II de la Ley sobre la violencia contra la mujer y la familia (1998) de Venezuela establece políticas sobre prevención de violencia y asistencia a supervivientes. El Tribunal Supremo de la India, en el asunto Vishaka contra el Estado de Rajastán y Ors AIR 1997 S.C.3011, exigía a los empleadores que garantizasen la creación de condiciones apropiadas con respecto al trabajo, el ocio, la salud y la higiene, con el fin de evitar el acoso sexual en el lugar de trabajo. El proyecto de ley italiano sobre Medidas de prevención y represión de los delitos contra la persona dentro de la familia, la orientación sexual, el género y cualquier otra causa de discriminación, en caso de aprobarse, destacaría
las políticas de prevención.
3.5.2. Concienciación
Recomendación
La legislación debe establecer apoyo y financiación gubernamentales para campañas de concienciación sobre violencia contra la mujer; por ejemplo:
• Campañas generales que conciencien a la población sobre la violencia contra la mujer como manifestación de desigualdad y violación de los derechos humanos de la mujer; y
• Campañas específicas de concienciación orientadas a reforzar el conocimiento tanto de las leyes promulgadas para abordar la violencia contra la mujer como de las soluciones jurídicas que contienen.
Comentario
Las campañas de concienciación son cruciales para exponer y transmitir el carácter inaceptable de la violencia contra la mujer. Deben transmitir el mensaje de “tolerancia cero” para la violencia contra la mujer, incluida la promoción de los derechos humanos de las mujeres, poner énfasis en la condena social de las actitudes discriminatorias que perpetúan la violencia contra la mujer y abordar las actitudes que estigmatizan a las demandantes/supervivientes de la violencia. Esas campañas constituyen además una herramienta importante para informar a las demandantes/supervivientes de sus derechos y de las leyes existentes y las soluciones jurí-dicas que contienen. En muchos países, las organizaciones no gubernamentales desempeñan un papel esencial en la concienciación sobre la inaceptabilidad de la violencia contra la mujer, Marco modelo para la legislación en materia de violencia contra la mujer 31especialmente mediante una formación de coaliciones amplias y la práctica de actividades de difusión pública y contactos con los medios de comunicación. Muchos gobiernos también han realizado campañas de sensibilización, a menudo en colaboración con organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales.
El artículo 3 de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género (2004) establece la puesta en marcha en España del Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género, dirigido tanto a hombres como a mujeres, para concienciar sobre los valores basados en el respeto de los derechos humanos y la igualdad entre el hombre y la mujer. El Plan será controlado por una comisión que contará con la presencia de los afectados, las instituciones, los profesionales y personas de reconocido prestigio social relacionado con el tratamiento de estos temas. El artículo 11 de la Ley de protección de las mujeres frente a la violencia doméstica (2005) de la India ordena al Gobierno central y al gobierno de cada uno de los Estados a adoptar medidas para garantizar que las disposiciones de la ley tengan amplia publicidad a través de todos los medios de comunicación, a intervalos regulares.
3.5.3. Planes de estudios
Recomendación
La legislación ha de establecer:
• La educación obligatoria a todos los niveles de escolarización, desde el jardín de infancia
hasta el nivel terciario, sobre los derechos de las mujeres y las niñas, la promoción de la
igualdad entre los géneros y, en particular, el derecho de las mujeres y las niñas a no sufrir
violencia;
• Que dicha educación tenga en cuenta las cuestiones de género e incluya información apropiada relativa a las leyes en vigor que promueven los derechos humanos y abordan la violencia contra la mujer; y
• Que los planes de estudio pertinentes se desarrollen previa consulta con la sociedad civil.
Comentario
Uno de los puntos de entrada más efectivos en los que pueden cuestionarse las actitudes
discriminatorias relativas a la igualdad entre los géneros y la violencia contra la mujer es
el sistema educativo. Las iniciativas para prevenir la violencia contra la mujer serán más
efectivas cuando los estereotipos despectivos y actitudes discriminatorias hacia las mujeres se eliminen de los planes de estudio y cuando el contenido que promueve los derechos humanos de las mujeres y la igualdad entre los géneros y que condena la violencia contra la mujer se incorpore en todos los niveles de educación. El capítulo I de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (2004) de España se centra en la promoción de la igualdad de género y resolución pacífica de conflictos a distintos niveles de educación; también a través de la formación del profesorado. El artículo 6 de la Ley exige que las administraciones encargadas de Educación velen para que en todos los materiales educativos se eliminen los estereotipos sexistas o discriminatorios. Como resultado de esta disposición se han revisado muchos libros de texto. En México, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007) exige el desarrollo de programas educativos a todos los niveles de escolarización que promuevan la igualdad entre los géneros y una vida libre de violencia para las mujeres. La Ley de Violencia Intrafamiliar (1994) de Chile afirma en el apartado a) de su artículo 3 que en los planes y programas de estudio deben incorporarse contenidos dirigidos a modificar las conductas que favorecen, estimulan o perpetúan la violencia intrafamiliar.32 Manual de legislación sobre la violencia contra la mujer
3.5.4. Sensibilización de los medios de comunicación de masas
Recomendación
La legislación ha de:
• Impulsar la sensibilización de periodistas y otro personal de los medios de comunicación en
relación con la violencia contra la mujer.
Comentario
Cómo presenten los asuntos los medios de comunicación influye notablemente en la percepción de la sociedad de lo que se consideran comportamientos y actitudes aceptables. La formación de periodistas y otro personal de los medios de comunicación en cuestiones de derechos humanos de la mujer y las causas originarias de la violencia contra ella puede influir en la forma de comunicar este asunto y repercutir en las actitudes sociales. La Ley Orgánica
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (2004) de España establece en su artículo 14: “[l]os medios de comunicación fomentarán la protección y salvaguardia de la igualdad entre hombre y mujer, evitando toda discriminación entre ellos” y “[l]a difusión de informaciones relativas a la violencia sobre la mujer garantizará, con la correspondiente objetividad informativa, la defensa de los derechos humanos, la libertad y dignidad de las mujeres víctimas de violencia y de sus hijos”. En Brasil, el artículo 8 de la Ley Maria da Penha (2006) insta a los medios de comunicación a evitar papeles estereotipados que legitimen o refuercen
la violencia doméstica y familiar.
3.6. Protección, apoyo y asistencia
a las demandantes/supervivientes
3.6.1. Servicios de apoyo amplios e integrados
Recomendación
La legislación ha de:
• Obligar al Estado a financiar o a contribuir a crear servicios de apoyo amplios e integrados y
a asistir a las supervivientes de violencia;
• Afirmar que todos los servicios para las supervivientes de violencia también presten apoyo
suficiente a los niños de esas mujeres;
• Declarar que la ubicación de dichos servicios permita el acceso equitativo a los servicios, en
particular por las poblaciones urbanas y rurales; y
• En la medida de lo posible, establecer al menos el siguiente nivel mínimo de disponibilidad
de los servicios de apoyo para las demandantes/supervivientes:
ƒ Una línea telefónica nacional de ayuda a las mujeres en la que las demandantes/supervivientes de violencia puedan obtener asistencia las veinticuatro horas del día de forma gratuita y en la que las puedan dirigir a otros proveedores de servicios;
ƒ Una casa de acogida o refugio por cada 10.000 habitantes donde se facilite alojamiento
seguro de emergencia, asesoramiento cualificado y asistencia para la búsqueda de alojamiento a largo plazo;
ƒ Un centro de defensa y asesoramiento de la mujer por cada 50.000 mujeres que facilite
apoyo proactivo e intervención de crisis para las demandantes/supervivientes, incluido
asesoramiento y apoyo jurídicos, apoyo a largo plazo para las demandantes/supervivientes y servicios especializados para grupos específicos, como inmigrantes supervivientes de
violencia, supervivientes de la trata o que hayan sufrido acoso sexual laboral, en su caso;
ƒ Un centro de crisis para casos de violación por cada 200.000 mujeres; y
ƒ Acceso a la asistencia sanitaria, incluida la reproductiva y la profilaxis frente al VIH.arco modelo para la legislación en materia de violencia contra la mujer 33
Comentario
Las personas que sobreviven a la violencia contra la mujer necesitan acceso oportuno a la
asistencia sanitaria y servicios de apoyo para responder a lesiones a corto plazo, protegerse de otras violaciones y satisfacer necesidades a más largo plazo. En muchos países, dichos servicios no están exigidos por ley. En consecuencia, a menudo los prestan organizaciones no gubernamentales con medios económicos limitados y con financiación pública no predecible, lo que implica limitaciones de disponibilidad. Por consiguiente, muchas mujeres que han sufrido violencia no reciben servicios de apoyo, o reciben servicios insuficientes. No obstante, aunque el Estado puede desempeñar un papel importante a la hora de crear y financiar servicios, muchas veces no es el órgano más apropiado para gestionar los servicios. En la medida de lo posible, los servicios deben ser gestionados por organizaciones no gubernamentales independientes y con experiencia en el campo de atención de la mujer que presten apoyo amplio relacionado con las cuestiones de género y el empoderamiento a las supervivientes de la violencia, basándose en principios feministas.
Hasta ahora, la mayoría de los servicios se han dirigido a las supervivientes de violencia ejercida en la pareja, mientras que la experiencia ha demostrado que las supervivientes
de toda forma de violencia contra la mujer requieren acceso a servicios de ese tipo. Por
ejemplo, en Honduras, los refugios gestionados por organizaciones no gubernamentales
para supervivientes de violencia doméstica también han sido utilizados por supervivientes
de violencia sexual.
Cada vez hay más Estados que proporcionan mandatos legislativos para el establecimiento de servicios. El artículo 17 de la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer (2008) de Guatemala exige al Gobierno que garantice a las supervivientes de violencia accesos a centros de servicios integrados; por ejemplo, proporcionando recursos financieros. La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007) de México exige al Estado que apoye la instalación y el mantenimiento de refugios. En Turquía, la Ley de Administración Local obliga a la creación de refugios en municipios con más de 50.000 habitantes. De conformidad con la Ley de Protección contra la Violencia (1997) de Austria, todas las provincias deben crear centros de intervención en los que las demandantes/supervivientes de la violencia doméstica reciban asistencia de forma proactiva tras las intervenciones de la policía. Los centros de intervención son gestionados por organizaciones no gubernamentales
de mujeres y financiados por el Ministerio del Interior y el Ministerio de la Mujer, sobre la
base de contratos quinquenales.
3.6.2. Centros de crisis para casos de violación
Recomendación
La legislación ha de:
• Proveer acceso inmediato a servicios amplios e integrados, con cargo al Estado, como pruebas de embarazo, contracepción de emergencia, servicios abortivos, tratamiento para enfermedades de transmisión sexual, tratamiento para lesiones, profilaxis después de la exposición y asesoramiento psicosocial, para demandantes/supervivientes de violencia sexual; y
• Señalar que el acceso a dichos servicios no esté condicionado al hecho de que la demandante/superviviente denuncie la violación a la policía.
Comentario
Las supervivientes de la violencia sexual necesitan acceso inmediato a servicios amplios
e integrados. Algunos ejemplos de servicios que organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales han ido desarrollando con el tiempo incluyen centros de crisis para 4 Manual de legislación sobre la violencia contra la mujer
casos de violación en los Estados Unidos y en Alemania, centros de servicios integrales en
Malasia, y centros favorables a las mujeres adjuntos a hospitales en la India. En algunos
países, el acceso a los servicios sigue estando condicionado a que la superviviente denuncie la violación pertinente a la policía. Dicho requisito es problemático por cuanto puede desalentar a las mujeres a buscar asistencia médica y psicológica. En Filipinas, la Ley de asistencia a las víctimas de violación (1998) exige la creación de un centro de crisis para casos de violación en cada provincia o ciudad. No obstante, como no obliga a asignar los fondos pertinentes, los gobiernos locales han encontrado dificultades para crear dichos centros.
3.6.3. Apoyo a las supervivientes en su empleo
Recomendación
La legislación ha de:
• Proteger los derechos laborales de las supervivientes de violencia contra la mujer, prohibiendo también a los empleadores que las discriminen o penalicen por las consecuencias derivadas de las agresiones sufridas.
Comentario
Algunas supervivientes de violencia contra la mujer han perdido su empleo por faltar al
trabajo como consecuencia de lesiones y otras causas de la violencia y por la necesidad de encontrar vivienda o acudir a los tribunales. El artículo 21de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (2004) de España establece varios derechos laborales y de seguridad social para las personas supervivientes de violencia, incluido el derecho a reducir o acomodar el tiempo de trabajo. De conformidad con el artículo 43 de la Ley Antiviolencia contra las Mujeres y sus Hijos (2004) de Filipinas, las supervivientes tienen derecho a tomar una licencia remunerada de hasta diez días, además de otras licencias retribuidas. Tras las enmiendas a la Ley de Violencia Doméstica de Honduras de 2006, los empleadores, del sector público o del privado, tienen que dar permiso a los empleados para que asistan a programas como grupos de autoayuda para supervivientes y a sesiones de reeducación para autores de actos violentos.
3.6.4. Derecho de las supervivientes a una vivienda
Recomendación
La legislación ha de:
• Prohibir la discriminación en materia de vivienda contra personas supervivientes de violencia, por ejemplo, prohibiendo a los propietarios desalojar a una inquilina, o que se nieguen a alquilar a una posible inquilina por ser superviviente de violencia; y
• Permitir que una superviviente rompa su contrato de arrendamiento sin ser sancionada,
para que pueda buscar otra vivienda.
Comentario
La violencia contra la mujer afecta directamente al alojamiento de las supervivientes. En
muchos casos, las supervivientes de violencia permanecen en situación de vulnerabilidad
a nuevas agresiones debido a incapacidad para encontrar un alojamiento adecuado. Las arco modelo para la legislación en materia de violencia contra la mujer 35
supervivientes de violencia que viven de alquiler sufren a menudo desalojos de su vivienda
y discriminación en su solicitud de alojamiento. En los Estados Unidos, la Ley de Violencia
contra la Mujer y de enmienda del Departamento de Justicia (2005) introdujo nuevas disposiciones y programas para proporcionar a las supervivientes de violencia más derechos en materia de vivienda. La ley modificó varios actos legislativos con el fin de garantizar que las supervivientes de violencia doméstica no sean desalojadas ni se les niegue el acceso a viviendas públicas por ser supervivientes. También proporciona financiación para la educación y la formación del personal de agencias de viviendas públicas, mejorar las admisiones a las viviendas y las políticas de ocupación y mejores prácticas y mejorar la colaboración entre las agencias de viviendas públicas y las organizaciones encargadas de ayudar a las supervivientes de violencia. En Austria, el Ayuntamiento de Viena presta asistencia a las mujeres que han sufrido violencia y perdido sus viviendas para que alquilen pisos a precios asequibles. Desde 2001, los inmigrantes también tienen derecho a la adjudicación de dichas viviendas.
3.6.5. Ayuda financiera para las supervivientes
Recomendación
La legislación ha de:
• Establecer la prestación eficiente y oportuna de asistencia financiera a las supervivientes
para satisfacer sus necesidades.
Comentario
Las supervivientes de la violencia contra las mujeres incurren en costes financieros significativos a corto y largo plazo, además de dolor y sufrimiento, reducción del empleo y la productividad, y el gasto en servicios. Es importante que las supervivientes de la violencia tengan acceso a asistencia financiera más allá de la orden de protección (mencionada en la sección 3.10), el derecho de familia (mencionado en la sección 3.13) y los procedimientos de condena (mencionados en la sección 3.11) debido a la incertidumbre sobre la duración de esos procedimientos y la asistencia financiera que puedan ofrecer. De conformidad con las secciones 1061JA y 1061JH de la Ley de Seguridad Social australiana, en su forma enmendada en 2006, las supervivientes de la violencia doméstica pueden solicitar una “prestación de crisis” a la agencia federal de bienestar “Centrelink”, cuando hayan tenido que abandonar su hogar debido a la violencia y/o cuando aun permaneciendo en él tras la marcha del autor de la violencia atraviesen dificultades económicas graves. Dependiendo del contexto jurídico, esa asistencia podría canalizarse a través de un fondo fiduciario para supervivientes de violencia al que contribuyan el Estado y otros actores. La sección 29 de la Ley de Violencia Doméstica (2007) de Ghana instituye un Fondo de Apoyo a las Víctimas de la Violencia Doméstica, que recibe aportaciones voluntarias de individuos, de organizaciones y del de cualquier otra fuente autorizada por el Ministro de Finanzas. sector privado; dinero aprobado para ello por el Parlamento y contribuciones monetarias El dinero del Fondo se utiliza para una amplia gama de fines, incluido el apoyo material básico a las víctimas de la violencia doméstica; cualquier otro asunto vinculado con el salvamento, rehabilitación y reintegración de víctimas de violencia doméstica; el rescate de supervivientes de violencia doméstica; y formación y capacitación de personas vinculadas con el suministro de refugio, rehabilitación y reintegración. El proyecto de ley de violencia intrafamiliar del Líbano, en caso de aprobarse, establecería un fondo fiduciario para proveer asistencia a supervivientes de la violencia doméstica.36 Manual de legislación sobre la violencia contra la mujer
3.7. Derechos de las mujeres inmigrantes
3.7.1. Situación migratoria independiente y favorable
para las supervivientes de la violencia contra la mujer
Recomendación
La legislación ha de:
• Establecer que no se deporte a las supervivientes de violencia contra la mujer ni se las
someta a otras acciones punitivas relacionadas con su situación migratoria cuando denuncien dicha violencia a la policía o a otras autoridades; y
• Permitir que las inmigrantes supervivientes de violencia soliciten con confidencialidad la
situación migratoria legal e independientemente del autor de los actos violentos.
Comentario
Las mujeres supervivientes de violencia doméstica o de violencia en el lugar de trabajo cuya situación migratoria en un país está vinculada a su estado civil o a su situación familiar o laboral suelen ser reacias a denunciar los actos violentos a la policía. Con el tiempo, los Estados han desarrollado legislación o legislación subsidiaria que establece el derecho de las supervivientes a solicitar la situación migratoria legal por ellas mismas. En los Estados Unidos, la Ley de Violencia contra la Mujer (1994) y sus enmiendas permiten a las supervivientes de violencia doméstica dependientes de la residencia de un ciudadano o residente legal permanente de los Estados Unidos pedir autónomamente la regularización de su situación migratoria en determinadas circunstancias. Además, la ley les permite cumplir determinados requisitos para obtener la suspensión de los procesos de deportación y convertirse en residentes legales permanentes. En Canadá, la Ley de inmigración y protección de los refugiados (2002) permite a las supervivientes solicitar la residencia permanente independientemente de que su cónyuge apoye la solicitud, del mismo modo que la Ley de Extranjería (2005) de Suecia. En los Países Bajos, las pruebas de violencia sexual o de otro tipo en una relación constituyen un motivo aparte de concesión de la condición de residente para las personas que están en posesión de un permiso de residencia dependiente de esa persona. El Complemento Provisional a las Directrices de Aplicación
de la Ley de Extranjería (TBV 2003/48) de los Países Bajos indica que si una niña corre riesgo de mutilación genital femenina, ella y su familia pueden obtener la condición de residente en los Países Bajos. En el Reino Unido, las Normas de Concesión en Casos de Violencia Domésticapermiten a las mujeres cuya situación en materia de residencia dependa de una persona que ejerza violencia contra ellas que soliciten permanecer en el Reino Unido por tiempo indefinido.
3.7.2. Restricciones a los mediadores en matrimonios internacionales
y respeto de los derechos de las “novias por correo”
Recomendación
La legislación ha de incluir:
• Medidas para minimizar el riesgo asociado a los mediadores en matrimonios internacionales, como: restringir las operaciones de los mediadores en matrimonios internacionales y la capacidad de los hombres intimidadores para utilizar esos mediadores, garantizar que las mujeres a las que se contrate a través de esos mediadores superen la mayoría de edad y hayan dado su consentimiento voluntario e informado, y proporcionar a todas las mujeres
contratadas información sobre su futuro esposo y sus derechos legales; y
• El derecho al divorcio y a la obtención de una situación migratoria independiente para las novias internacionales que sean supervivientes de violencia.Marco modelo para la legislación en materia de violencia contra la mujer 37
Comentario
La industria de los mediadores en matrimonios internacionales acarrea varios peligros para las mujeres. Cuando se “anuncia” a mujeres de países económicamente desfavorecidos como novias para hombres de países ricos, a menudo esas mujeres se enfrentan al aislamiento y la impotencia, dependientes de un cónyuge al que apenas conocen y desinformadas sobre sus derechos. Debido al ánimo de lucro y a que sean los hombres quienes pagan los honorarios, el incentivo para los mediadores en matrimonios internacionales es fomentar la satisfacción del hombre por encima del bienestar de la mujer. Al combinarse, estos factores suponen un grave riesgo de violencia doméstica para las mujeres contratadas por tales mediadores.
Tanto los países emisores como los receptores de novias internacionales han adoptado iniciativas legislativas para abordar este problema. La Ley por la que se declara ilegal la práctica de emparejar a mujeres filipinas para el matrimonio con ciudadanos extranjeros por correo y otras prácticas similares (1990) declara ilegal que cualquier persona o empresa se establezca o realice negocios para casar mujeres filipinas con extranjeros, por correo o por presentación personal; anunciar, publicar, imprimir, distribuir, o ser causante de ello, cualquier folleto, tarjeta publicitaria o material propagandístico destinado a promover los actos prohibidos.
En los Estados Unidos, la Ley de Regulación de la Mediación en Matrimonios Internacionales (2005) exige que se facilite información a las mujeres extranjeras sobre los antecedentes penales y matrimoniales de su futuro esposo y sobre los derechos y los recursos disponibles en el país para las supervivientes de violencia doméstica. La ley obliga además a que los mediadores en matrimonios internacionales cuenten con el consentimiento escrito de la mujer antes de distribuir información sobre ella, prohíbe diseminar información sobre personas menores de dieciocho años y restringe la capacidad de solicitar visados para varias prometidas en los Estados Unidos.
3.8. Investigación
3.8.1. Obligaciones de los agentes de policía
Recomendación
La legislación debe disponer que los agentes de policía:
• Respondan con diligencia a todas las solicitudes de asistencia y protección en casos de
violencia contra la mujer, incluso cuando la persona denunciante no sea la demandante/
superviviente;
• Asignen igual prioridad a las llamadas relativas a casos de violencia contra la mujer y a los de violencia doméstica que a las relativas a otros actos o tipo de violencia; y que
• Tras recibir una denuncia, elaboren una evaluación coordinada de riesgos del lugar del delito y respondan de forma acorde y en un idioma que comprenda la denunciante/superviviente, entre otras cosas:
ƒ Interrogando a las partes y los testigos, incluidos menores, en habitaciones separadas,
para garantizar que tengan oportunidad de hablar libremente;
ƒ Tomando nota de la denuncia en detalle;
ƒ Asesorando a la demandante/superviviente sobre sus derechos;
ƒ Cumplimentando y presentando un informe oficial sobre la denuncia;
ƒ Proporcionando u organizando el transporte de la demandante/superviviente al hospital
o al centro médico más cercanos para su tratamiento, en caso de necesidad o solicitud;
ƒ Proporcionando u organizando el transporte de la demandante/superviviente y sus hijos
o dependientes, en caso de necesidad o solicitud; y
ƒ Dispensando protección a la persona denunciante de la violencia.38 Manual de legislación sobre la violencia contra la mujer
Comentario
La policía desempeña un papel crucial en toda respuesta coordinada que pretenda darse a la violencia contra la mujer. No obstante, las demandantes/supervivientes de violencia contra la mujer suelen ser reacias a llamar a la policía por temor a que no se las tome en serio o a que se las considere mentirosas, de ahí que su confianza en el sistema de justicia no sea muy alta.
Está aumentando el número de leyes que incluyen disposiciones relativas a las obligaciones de los agentes de policía en casos de violencia contra la mujer. El artículo 7 de la Ley contra la Violencia Doméstica (2007) de Ghana establece que los agentes de policía deben “responder a toda solicitud de asistencia frente a violencia doméstica y brindarán la protección que las circunstancias del caso o de la persona denunciante requieran, incluso aunque la persona denunciante no sea la víctima de la violencia doméstica”, y el artículo 8 prosigue con una
exposición detallada de las obligaciones de los agentes. La sección 30 de la Ley Antiviolencia
contra las Mujeres y sus Hijos (2004) de Filipinas impone una multa a las autoridades rurales o a los responsables de hacer cumplir la ley que no notifiquen un incidente de violencia. El proyecto de ley de violencia intrafamiliar del Líbano, en caso de aprobarse, establecería que los agentes de la policía que dejen de atender las quejas o notificationes sobre violencia intrafamiliar serán responsables de su inacción.
3.8.2. Obligaciones de los fiscales
Recomendación
La legislación ha de:
• Establecer que la responsabilidad de castigar la violencia contra la mujer recae en las autoridades del ministerio público y no en las personas demandantes/supervivientes de violencia, independientemente del nivel o el tipo de lesión;
• Exigir que en todas las etapas pertinentes del proceso legal se informe de forma diligente y
adecuada a las demandantes/supervivientes y en un idioma de su comprensión, de:
ƒ Sus derechos;
ƒ Los detalles de los procesos judiciales pertinentes;
ƒ Los servicios, mecanismos de apoyo y medidas de protección disponibles;
ƒ Las oportunidades de obtener restitución y compensación a través del sistema judicial;
ƒ Los detalles de los actos relacionados con su caso, incluidos el lugar y la hora de las
audiencias; y
ƒ La liberación de los perpetradores de la detención previa al juicio o de la cárcel; y
• Exigir que los fiscales que pongan fin a la investigación de un asunto de violencia contra la mujer expliquen a la demandante/superviviente la causa de dicho sobreseimiento.
Comentario Dado el odio y la intimidación a que están sometidas las demandantes/supervivientes, es importante que se asignen fiscales, o sus equivalentes, a los asuntos de violencia contra la mujer. La participación del fiscal fue uno de los elementos centrales de la reforma legal original en materia de violencia doméstica emprendida en los Estados Unidos. En Austria, el procesamiento de oficio se ejerce en asuntos relativos a todas las formas de violencia, independientemente del nivel de lesiones. En algunos países en los que la demandante/superviviente debe denunciar casos de violencia contra la mujer por medio de acusación particular, los abogados han intentado que se enmiende la legislación para obligar a que se incremente la participación de los fiscales.Marco modelo para la legislación en materia de violencia contra la mujer 39
La falta de información o la mala información en relación con el proceso judicial puede
resultar intimidatoria para la demandante/superviviente; impedirle tomar parte íntegra y
completamente en el asunto; disuadirla de continuar con la acusación, especialmente en
asuntos de violencia doméstica; y poner en riesgo su seguridad. Si la situación de prisión
preventiva o encarcelamiento del autor de la violencia cambia y no se informa a la demandante/superviviente, es posible que no pueda garantizarse su seguridad. Si no se informa a la demandante/superviviente de las fechas y los procedimientos del tribunal pertinente, es posible que no comprenda lo que está ocurriendo o no acuda a citas importantes. La sección 9 de la Ley de Lucha contra la Violación (2000) de Namibia impone a los fiscales el deber de garantizar que la demandante/superviviente reciba toda la información relativa al caso. Las reformas del Código de Procedimiento Penal de Austria introdujeron en 2006 el derecho de la demandante/superviviente a ser informada en caso de que se ponga en libertad al autor de los actos violentos. La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (2003) de España proporciona a las demandantes/supervivientes el derecho a recibir información constante sobre sus procedimientos judiciales, incluido cualquier cambio en el proceso y la posible liberación del autor del delito. La sección 29 de la Ley Antiviolencia contra las Mujeres y sus Hijos (2004) de Filipinas exige que los fiscales y el personal del tribunal informe a la demandante/superviviente de sus derechos y posibilidades de recurso.
Los casos de violencia contra la mujer suelen desestimarse sin ninguna explicación
a la demandante/superviviente. Para abordar este problema, varios países han introducido disposiciones en la legislación, como la Instrucción 8/2005 del Fiscal General del Estado de España, que exige a los fiscales que expliquen a las demandantes/supervivientes los motivos del sobreseimiento de la causa.
3.8.3. Políticas favorables a la detención y el enjuiciamiento
Recomendación
La legislación ha de:
• Disponer la aplicación de políticas favorables a la detención y al enjuiciamiento en casos de violencia contra la mujer en los que haya razones fundadas para creer que se ha producido un delito.
Comentario
Pese a la educación y la formación de los agentes de policía y los fiscales, muchos de ellos continúan creyendo que la violencia contra la mujer, y especialmente la violencia doméstica, no constituye un delito. Los agentes de policía suelen amonestar o reprender a los autores de la violencia contra la mujer en lugar de emprender acciones más contundentes, como la detención. En muchos casos, los fiscales no incoan procedimientos de ese tipo debido a la percepción de que no puede confiarse en la demandante/superviviente o debido a las dificultades para reunir pruebas. Se han adoptado varias políticas para abordar estas cuestiones, como la detención y el enjuiciamiento obligatorios, las políticas favorables a la detención y el enjuiciamiento, y las políticas de enjuiciamiento de ausentes-supervivientes.
Las políticas de detención obligatoria exigen que los agentes de policía detengan al
autor del acto violento si su evaluación de la situación los lleva a tener razones fundadas
para creer que se ha producido un delito. Si se aplica dicha política, la policía no podrá
imponer una sanción alternativa y la causa debe juzgarse sin excepción. Dichas políticas
existen en diversos países, entre ellos varios de las islas del Pacífico. De conformidad con
la Ley de Delitos Sexuales (2006) de Kenya, la policía debe presentar todos los cargos y sólo el Fiscal General del Estado puede anular la causa. El Proyecto de Ley de Prohibición de la 40 Manual de legislación sobre la violencia contra la mujer
Violencia de Nigeria establece que: “Ningún fiscal a) renunciará a instituir una acusación;
o b) retirará un cargo, con respecto a una infracción del apartado 1) de la sección 18, a
menos que haya sido autorizado para ello, tanto en general como en un caso particular, por el Director de la Fiscalía”. Aunque algunos han acogido con beneplácito el vigor de dichas políticas, otros han expresado su preocupación por la supresión de la representación de la demandante/superviviente, especialmente en casos de violencia doméstica.
Un enfoque alternativo son las políticas favorables a la detención y al enjuiciamiento,
que son más flexibles que el enfoque obligatorio y conservan un nivel de representación de la demandante/superviviente al tiempo que garantizan que la policía y los fiscales traten el asunto con seriedad. En España existe una política favorable a la detención y el arresto en casos en los que la policía considera que existe riesgo grave para la demandante/superviviente o cuando la policía es testigo de la comisión del delito. En Honduras, las enmiendas a la Ley contra la Violencia Doméstica, introducidas en 2006, incorporaron una variación de esta política: si una denunciante/superviviente desea desestimar su causa, el juez no podrá sobreseerla sin una investigación de los motivos que la han impulsado a hacerlo.
Las políticas obligatorias y favorables a la detención presentan el problema potencial
de que las víctimas pueden ser detenidas en el lugar de la agresión si el agente de policía es incapaz de identificar al agresor primario (puede ocurrir que la víctima se haya defendido frente a su agresor y le haya causado lesiones). En respuesta a este problema, en los Estados Unidos se han desarrollado estrategias destinadas a determinar el agresor primario y se han creado módulos de formación de policía al respecto.
3.9. Procedimientos judiciales y pruebas
3.9.1. Prohibición de la mediación
Recomendación
La legislación ha de:
• Prohibir explícitamente la mediación en todos los casos de violencia contra la mujer, tanto
antes como durante los procedimientos judiciales.
Comentario
En las leyes de varios países en materia de violencia contra la mujer, la mediación se fomenta u ofrece como alternativa a la vía penal y los procesos de derecho de familia. No obstante, cuando la mediación se utiliza en casos de violencia contra la mujer, surgen varios problemas. Retirar asuntos del control judicial presupone que ambas partes tienen el mismo poder de negociación, refleja la presunción de que ambas partes son igualmente culpables de la violencia y reduce la responsabilidad de quien ha cometido el delito. Un número creciente de países están prohibiendo la mediación en casos de violencia contra la mujer. Por ejemplo, en España, la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género(2004) prohíbe la medicación de cualquier tipo en casos de violencia contra la mujer.
3.9.2. Fomento de los procedimientos oportunos y acelerados
Recomendación
La legislación ha de:
• Establecer procedimientos judiciales oportunos y acelerados e impulsar la tramitación de
urgencia de asuntos de violencia contra la mujer, en su caso.Marco modelo para la legislación en materia de violencia contra la mujer 41
Comentario
Las demoras en la celebración de juicios pueden incrementar el riesgo de que la demandante sufra represalias, especialmente si el autor del acto violento no se encuentra bajo custodia policial. Además, las demoras suelen disuadir a las demandantes de continuar con la acusación. En la India, las comisiones de denuncias de acoso sexual creadas por el Tribunal Supremo en el asunto Vishaka contra el Estado de Rajastán y Ors AIR 1997 S.C.3011 para abordar las denuncias de acoso sexual tienen que crear un proceso limitado en el tiempo. En algunos países, como España, Sudáfrica, el Reino Unido y en varios Estados de los Estados Unidos se han introducido procedimientos para acelerar en los tribunales (es decir, tramitar de urgencia) asuntos relativos a la violencia contra la mujer. La Ley Orgánica complementaria de la Ley de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado (2002) introdujo los juicios rápidos para determinados delitos y admite que los asuntos de violencia doméstica se juzguen en el plazo de quince días a partir de la comisión del delito. Sin embargo, es importante velar por que las demandantes/supervivientes conserven el control del procedimiento y no se sientan forzadas a emprender acciones, como un divorcio o una separación, si no están preparadas. La experiencia de España sugiere que los procedimientos instruidos en tribunales especializados a veces progresan demasiado rápido para las demandantes/supervivientes y que, en consecuencia, algunas se retiran de la causa. También es importante garantizar que todos los profesionales pertinentes estén disponibles en los tribunales especializados.
3.9.3. Asistencia judicial gratuita, interpretación y apoyo judicial,
incluidos un asesor jurídico e intermediarios independientes
Recomendación
La legislación debe velar por que las demandantes/supervivientes tengan el derecho a:
• Asistencia judicial gratuita en todos los procedimientos judiciales, especialmente los
penales, con el fin de garantizar el acceso a la justicia y evitar su victimización secundaria;
• Apoyo judicial gratuito, incluido el derecho a estar acompañadas y representadas en el
juicio por un servicio o intermediario especializado y gratuito y sin perjuicio para su causa,
y acceso a centros de servicio en los juzgados para recibir orientación y asistencia a la hora
de desenvolverse en el sistema judicial; y
• Libre acceso a un intérprete cualificado e imparcial y a la traducción de los documentos
jurídicos en caso de que lo solicite o sea necesario.
Comentario
La asistencia judicial, incluido el asesoramiento jurídico independiente, constituyen componentes esenciales para el acceso de las demandantes/supervivientes al sistema judicial y a las soluciones jurídicas a que tienen derecho y para su comprensión de ello. La representación legal ha demostrado que la posibilidad de obtener resultados positivos para la demandante/superviviente en el proceso judicial se incrementa. Por ejemplo, la supervisión de la Ley de Protección contra la Violencia Doméstica (2005) de Bulgaria ha demostrado que aunque las supervivientes no necesitan un abogado para solicitar una orden de protección, es más probable que la obtengan si cuentan con representación legal. Las barreras lingüísticas constituyen un obstáculo importante para las supervivientes de violencia inmigrantes cuando buscan seguridad para ellas y sus hijos y que sus agresores rindan cuentas de sus actos.42 Manual de legislación sobre la violencia contra la mujer
Han aparecido muchas buenas prácticas en la legislación para el establecimiento de
asistencia judicial gratuita y el derecho de la demandante/superviviente a asesoramiento
jurídico y apoyo independiente. Por ejemplo, los centros de crisis para casos de violación
creados con arreglo a la Ley de asistencia a las víctimas de violación (1998) de Filipinas
proporcionan asistencia judicial gratuita. El artículo 21 de la Ley contra el Femicidio y
otras formas de Violencia contra la Mujer (2008) de Guatemala obliga al Gobierno a proporcionar asistencia judicial gratuita a las supervivientes. En Armenia, un proyecto de ley contempla financiación pública para los centros de asesoramiento y refugio que prestan asistencia psicológica, médica, jurídica y social a las supervivientes de violencia doméstica.
En diversas jurisdicciones de los Estados Unidos, los centros de servicio para víctimas de
abusos domésticos están en los juzgados mismos, como manera de dar a las demandantes/supervivientes de violencia doméstica eficiente y fácil acceso al asesoramiento jurídico y a otros servicios, y en varios idiomas. En España, toda demandante/superviviente de violencia tiene el derecho a asistencia jurídica especializada e inmediata, incluida asistencia judicial gratuita, para litigar en todos los procesos administrativos y procedimientos judiciales directa o indirectamente asociados con la violencia sufrida.
En Kenya, la Ley de Delitos Sexuales (2006) contempla la posibilidad de emprender
acciones judiciales en los casos en los que la demandante/superviviente no pueda personarse en el juzgado. El Código de Procedimientos Penales (1999) de Honduras contempla la posibilidad de que la demandante/superviviente sea representada por una organización debidamente establecida, como una organización de derechos humanos. Por ejemplo, el Centro de Derechos de Mujeres de Honduras ha actuado en nombre de demandantes/supervivientes, en coordinación con la fiscalía en asuntos de violencia sexual.
En el Reino Unido y en los Estados Unidos la acusación tiene la responsabilidad de
obtener y abonar los gastos de un intérprete para la demandante/superviviente de violencia doméstica si se reconoce la necesidad de esos servicios.
3.9.4. Derechos de la demandante/superviviente
durante el procedimiento judicial
Recomendación
La legislación ha de:
• Garantizar, a través de todo el proceso judicial, el derecho de la demandante/superviviente a:
ƒ Decidir si comparecer o no ante el tribunal o presentar pruebas por medios alternativos,
entre otros, declaración jurada/affidavit, solicitud de presentación de información en su
nombre por parte del fiscal, o presentación de testimonio grabado;
ƒ Presentar pruebas de manera que en su comparecencia ante el tribunal no tenga que
confrontar al demandado: por ejemplo, mediante procedimientos a puerta cerrada, bancos de protección de testigos, circuito cerrado de televisión y a través de vídeo;
ƒ Gozar de protección en el interior de los juzgados; por ejemplo, con salas de espera separadas para demandantes y demandados, áreas y horario de entrada y salida diferentes y escoltas policiales;
ƒ Testificar sólo las veces que sean necesarias;
ƒ Solicitar la clausura de la sala durante el proceso, siempre que sea posible desde el punto de vista constitucional; y
ƒ Una orden de reserva en relación con los sujetos implicados en el asunto, con soluciones
aplicables en caso de incumplimiento; y
• Remitirse a o incorporar la legislación existente sobre protección de testigos, si es que existe.Marco modelo para la legislación en materia de violencia contra la mujer 43
Comentario
A menudo, los procedimientos judiciales vuelven a convertir en víctimas a las demandantes/supervivientes. Por eso es importante garantizar que los procedimientos judiciales se instruyan de modo que se proteja su seguridad y se le den opciones para participar en el proceso. La Ley de Lucha contra la Violación (2000) de Namibia establece que la demandante tiene el derecho de personarse en el juzgado o de solicitar que el fiscal presente la información pertinente en su nombre si el acusado ha solicitado la libertad condicional. La sección 5 de la Ley de asistencia a las víctimas de violación (1998) de Filipinas contempla la investigación, acusación o enjuiciamiento a puerta cerrada y la no difusión pública del nombre y circunstancias personales de la parte perjudicada ni del acusado ni información alguna tendiente a establecer sus identidades.
La Ley contra la Violencia Doméstica (2007) de Ghana señala en el apartado 2 de su sección 13 que la presencia del demandado probablemente tenga efectos negativos importantes en la víctima o en los testigos y que el tribunal puede adoptar las medidas que considere necesarias para separar al demandado de la víctima o del testigo, sin sacrificar la integridad del procedimiento. El Tribunal Supremo de la India, en la causa Vishaka contra el Estado de Rajastán y Ors
AIR 1997 S.C.3011, exigía que, cuando se trataran denuncias de acoso sexual, los lugares de trabajo y demás instituciones debían velar por que ni las personas demandantes ni los testigos fuesen objeto de victimización o discriminación y que toda demandante tenía el derecho a solicitar el traslado del autor del acto violento o su propio traslado desde el lugar de trabajo.
La denegación del acceso público al juzgado o de permiso para hacer público el procedimiento judicial puede proteger a la demandante/superviviente de intimidación, situaciones embarazosas y posibles encuentros perjudiciales durante su personación en el proceso y la prestación de testimonio. La Ley de Lucha contra la Violación (2000) de Namibia impone restricciones estrictas a la publicación de la identidad de la demandante con vistas a garantizar que se proteja su privacidad. El Proyecto de Ley sobre Delitos Sexuales que se está estudiando en Mauricio limitaría la difusión de información relativa a la demandante/superviviente y tipificaría como delito la “publicación, difusión, reproducción, emisión o divulgación, por cualquier medio, de datos que conduzcan, o puedan conducir, a miembros del público a identificar a la persona contra la cual se presume que se ha cometido el delito”. De conformidad con la Ley de Delitos Sexuales (2006) de Kenya, la orden de reserva sobre publicaciones y proceso se amplía a la identidad de la familia. El Tribunal Supremo de la India, en el asunto Vishaka contra el Estado de Rajastán y Ors AIR 1997 S.C.3011, contemplaba la confidencialidad en los asuntos vistos por los comités creados para estudiar las denuncias de acoso sexual en los lugares de trabajo y en otras instituciones. Con respecto al delito de violación, recientemente se ha modificado la Ley de Pruebas india con objeto de prohibir la difusión de la identidad de la parte demandante en cualquier publicación (p. 228).
Es importante remitir a la legislación en vigor en materia de protección de testigos,
como en el caso de la Ley de Delitos Sexuales (2006) de Kenya, para velar por que las demandantes en asuntos de violencia contra la mujer sean plenamente conscientes de su existencia
y de los contenidos.

3.9.5. Cuestiones relacionadas con la recopilación

y la presentación de pruebas

Recomendación
La legislación ha de:
• Exigir la recopilación y presentación apropiadas al tribunal de pruebas médicas y forenses, en la medida de lo posible;44 Manual de legislación sobre la violencia contra la mujer
• Exigir la oportuna comprobación de las pruebas médicas y forenses recopiladas;
• Permitir que las demandantes sean tratadas o examinadas por un médico forense sin necesitar el consentimiento de cualquier otra persona o parte, como un familiar masculino;
• Garantizar que las múltiples recopilaciones de pruebas médicas y forenses han sido previstas, para limitar la victimización secundaria de la demandante;
• Señalar que no se necesitan pruebas médicas ni forenses para condenar a un autor de actos violentos; y
• Brindar la posibilidad de acusación en ausencia de la demandante/superviviente en casos de violencia contra la mujer cuando ésta no pueda o no quiera aportar pruebas.
Comentario
La recopilación diligente de pruebas médicas y forenses constituye un deber importante
de las autoridades públicas. Varios países están aplicando mayor diligencia en la recopilación de pruebas en los asuntos de violencia contra la mujer, y se anima cada vez más a las demandantes a que accedan a servicios en los que puedan preservar de forma segura y confidencial las pruebas médicas y forenses. En los Estados Unidos, de conformidad con la Ley de Violencia contra la Mujer y de enmienda del Departamento de Justicia (2005), los Estados deben velar por que las supervivientes tengan acceso a un examen forense de forma gratuita si deciden no denunciar el delito a la policía ni cooperar con el sistema judicial penal ni con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. En Kenya, las orientaciones elaboradas con arreglo a la Ley de Delitos Sexuales (2006) establece la protección de la dignidad de la superviviente en la reunión de pruebas y exige que se reúnan pruebas de la forma menos intrusiva posible, que haya un número limitado de sesiones y que el formulario médico sea detallado y fácilmente comprensible para todas las partes, incluido el tribunal.
No obstante, es posible que las pruebas forenses y médicas no estén disponibles en
los procedimientos judiciales por diversas razones, incluida la falta de conocimiento de la
demandante en relación con la importancia de dicha prueba; el temor al examen médico;
acciones adoptadas que puedan comprometer las pruebas aun de forma no intencionada, como el lavado posterior a la agresión sexual o el transcurso del tiempo hasta la obtención de servicios; la falta de centros disponibles o de personal capacitado para la recopilación de pruebas, de forma respetuosa para la demandante/superviviente en asuntos de violencia contra la mujer; y la naturaleza de la violencia. Por tanto, es importante que la legislación también permita el enjuiciamiento y la condena de un delincuente tomando como base únicamente el testimonio de la demandante/superviviente, como se detalla en la subsección 3.10.7 del Marco, en relación con órdenes de protección, y en la subsección 3.9.7.1,
sobre la eliminación de la norma de corroboración o de la advertencia cautelar.
Habrá casos en los que la demandante/superviviente no desee prestar testimonio ni
declaración escrita debido al temor ocasionado por las amenazas del autor de los actos violentos, vergüenza u otras razones. Dada la importancia del testimonio de la demandante/superviviente para las pruebas de la acusación en asuntos de violencia contra la mujer, algunos países han decidido adoptar una política de testimonio obligatorio de la demandante/superviviente. Sin embargo, esta práctica puede disuadirla de ponerse en contacto con la policía. Una alternativa al testimonio obligatorio de la demandante/superviviente es la posibilidad de enjuiciamiento en su ausencia. Este método indica claramente que el sistema judicial se toma en serio el delito y que también puede fomentar la seguridad de la demandante/superviviente. Para reforzar la intervención de la demandante/superviviente resulta crítico garantizar que permanezca informada a lo largo de todas las etapas del procedimiento en los enjuiciamientos en su ausencia.Marco modelo para la legislación en materia de violencia contra la mujer 45
3.9.6. Inexistencia de inferencia adversa
por demora en la denuncia
Recomendación
La legislación ha de:
• Prohibir a los tribunales que extraigan inferencia adversa alguna por cualquier tipo de
demora entre el presunto momento de comisión de la violencia y su denuncia;
• Exigir que el funcionario judicial que presida la causa en cualquier asunto de violencia contra la mujer informe al jurado, a los asesores o a sí mismo de que una demora de la denuncia no debe utilizarse contra la demandante.
Comentario
Las demandantes/supervivientes de violencia suelen demorarse a la hora de denunciar la
infracción a las autoridades públicas. Dichos retrasos pueden deberse a diversas razones, entre otras, el temor de la demandante/superviviente a sufrir estigmatización, humillación, falta de credibilidad y represalias; dependencia financiera o emocional del autor del acto violento; y falta de confianza en las instituciones responsables, o inaccesibilidad, por lejanía de los juzgados o por ausencia de personal penal especializado en ellos. Pese a estas preocupaciones legítimas, las demoras de las denuncias de violencia contra la mujer suelen interpretarse como una demostración de falta de credibilidad de la demandante/superviviente.
Muchos países están legislando ya para garantizar que no se extraigan inferencias
adversas por cualquier tipo de dilación entre la comisión de un acto de violencia contra la
mujer y la denuncia de él a las autoridades. La sección 7 de la Ley de Lucha contra la Violación (2000) establece que: “En procedimientos penales en los que se acuse a una persona de un delito de carácter sexual o indecente, el tribunal no extraerá ninguna inferencia tomando como base exclusivamente el tiempo transcurrido entre la comisión del acto sexual o indecente y la presentación de la denuncia”. La sección 59 de la Ley de Modificación de la Legislación Penal (Delitos Sexuales y Asuntos Relacionados) (2007) contiene un tenor similar. La sección 16 de la Ley Antiviolencia contra las Mujeres y sus Hijos (2004) de Filipinas señala que el tribunal no negará la emisión de una orden de protección debido al tiempo transcurrido entre el acto de violencia y la presentación de la denuncia.
3.9.7. Eliminación de elementos discriminatorios
en los procedimientos judiciales relativos a la violencia sexual
3.9.7.1. Eliminación de la norma de corroboración o advertencia cautelar
Recomendación
La legislación debe abolir la norma de corroboración o advertencia cautelar con respecto a las demandantes en asuntos de violencia sexual:
• Señalando que “será ilegal exigir la corroboración de las pruebas de la demandante”;
• Creando una suposición de credibilidad de la demandante en asuntos de violencia sexual;
• Afirmando que “la credibilidad de la demandante en un asunto de violencia sexual será
la misma que la credibilidad de una parte demandante en cualquier otro procedimiento
penal”.46 Manual de legislación sobre la violencia contra la mujer
Comentario
La advertencia cautelar es una práctica por la cual un tribunal advierte a sí mismo o al
jurado que es peligroso condenar a partir de las pruebas no corroboradas de la demandante/superviviente (también conocida como la “norma de corroboración”). Esta práctica se basa en la creencia de que las mujeres mienten sobre la violación y que sus pruebas deben corroborarse de forma independiente, y en varios países sigue aplicándose, especialmente en el derecho consuetudinario y la “sharia”. No obstante, muchos países han suprimido de sus ordenamientos jurídicos la advertencia/norma. La Ley de Modificación de Pruebas (1986-1987) de las Islas Cook, basada en la legislación neozelandesa, dispone que quedará anulado cualquier requisito exigido por cualquier ley o práctica anterior de que la prueba de una superviviente de violación o agresión sexual tuviera que ser respaldada por corroboración para que se dicte condena. Del mismo modo, la sección 5 de la Ley de Lucha contra la Violación (2000) de Namibia establece que: “Ningún tribunal tratará la prueba de una demandante en un procedimiento penal en el que se imponga a un acusado un delito de carácter sexual o indecente con especial cautela porque se haya imputado a la persona dicho cargo”. Al condenar al autor de una violación de una menor en Honduras, un tribunal del país citó la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de España para argumentar su decisión de dar valor probativo al testimonio de la demandante/superviviente cuando era
la única prueba disponible para el juez.
3.9.7.2. No introducir la prueba del historialsexual
de la demandante/superviviente
Recomendación
La legislación:
• Debe impedir la introducción del historial sexual de la demandante tanto en procedimientos
civiles como penales.
Comentario
En muchos países, el historial sexual previo de la demandante sigue utilizándose para desviar la atención desde el acusado hacia ella. Cuando se admite como prueba la conducta sexual anterior de la demandante/superviviente, eso puede utilizarse para influir en su credibilidad hasta el punto de no ser creída y que la acusación no prospere. A veces esas pruebas han servido para rebajar la condena del autor del delito. Es corriente que las demandantes/supervivientes de violencia sexual vuelvan a sufrir victimización durante los interrogatorios de los abogados defensores en relación con los detalles de su conducta sexual.
Las leyes que impiden la introducción de la prueba del comportamiento sexual de la
superviviente que no esté relacionado con los hechos protegen la intimidad de las mujeres
y evitan que se introduzcan pruebas que predispongan al juez o al jurado en su contra.
La Norma Federal sobre Pruebas 412 de los Estados Unidos, en su forma modificada por
la Ley de Violencia contra la Mujer (1994), prohíbe introducir en los procedimientos civiles o penales pruebas no pertinentes en relación con el historial sexual de la demandante.
El apartado 2 de la sección 293 de la Ley de Procedimiento Penal (1986) de Nueva Gales del Sur (Australia) establece: “No se admitirán a trámite las pruebas relativas a la reputación sexual de la demandante”. La Ley de Pruebas (Modificación) (2003) de la India eliminó de la anterior Ley de Pruebas la sección en la que se permitía impugnar la credibilidad de una demandante/superviviente de una violación consumada o en grado de tentativa. Es importante garantizar que tal legislación no la debiliten lagunas legislativas o interpretaciones judiciales desfavorables.Marco modelo para la legislación en materia de violencia contra la mujer 47
3.9.8. Sin delitos de “acusación falsa”
Recomendación
La legislación ha de:
• No incluir una disposición que penalice falsas acusaciones/alegaciones.
Comentario
La legislación en materia de violencia contra la mujer contiene a veces la disposición de que acusar a alguien falsamente es en sí mismo un delito penal con arreglo a derecho. Es posible que disposiciones de este tipo disuadan a las demandantes/supervivientes de entablar un proceso por temor a no ser creídas. Existe además un riesgo alto de que tales disposiciones se apliquen de modo incorrecto y de que el demandado/autor del delito las utilice como represalia. El acto intencionado de engañar al tribunal se trata comúnmente en otros ámbitos
de derecho y no ha de incluirse en la legislación en materia de violencia contra la mujer. Por consiguiente, varios instrumentos legislativos recientes sobre violencia contra la mujer, como la Ley de Modificación de la Legislación Penal (Delitos Sexuales y Asuntos Relacionados) (2007)
sudafricana, no incluyen dicha disposición.
3.10. Órdenes de protección
3.10.1. Órdenes de protección para todas las formas de violencia
contra la mujer
Recomendación
La legislación ha de:
• Crear órdenes de protección para las supervivientes de todas las formas de violencia contra la mujer.
Comentario
Las órdenes de protección es uno de los recursos jurídicos más efectivos puestos a disposición de las demandantes/supervivientes de la violencia contra la mujer. Se introdujeron por primera vez en los Estados Unidos, a mediados de la década de 1979, y representaron una solución inmediata a las demandantes/supervivientes de violencia doméstica al autorizar a los tribunales a que obliguen a quien ha cometido un acto violento a abandonar la casa. Actualmente,
todos los Estados del país establecen órdenes de protección. Dichas órdenes varían considerablemente en su especificidad en relación con la duración de la orden, su cumplimiento, quién puede solicitarla y emitirla y si pueden asignarse ayudas financieras u otro tipo de asistencia.
La experiencia ha demostrado que las demandantes/supervivientes de formas de violencia distintas de la violencia doméstica también necesitan órdenes de protección. Varios avances legislativos recientes han ampliado la aplicación de dichas órdenes de forma acorde.
El capítulo 6 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007) de México provee órdenes de protección para las supervivientes de cualquier forma de violencia definida por la ley, incluida violencia en la familia, violencia en el lugar de trabajo, en centros educativos o en la comunidad, violencia institucional y femicida. La Ley de Matrimonios Forzados
(Protección Civil) de 2007 del Reino Unido permite a los tribunales emitir una orden con el
fin de proteger a una persona de ser obligada a contraer matrimonio o de todo intento de ello; o a una persona que haya sido obligada a contraerlo.48 Manual de legislación sobre la violencia contra la mujer
3.10.2. Relación entre órdenes de protección
y otros procedimientos judiciales
Recomendación
La legislación ha de:
• Incluir órdenes de protección para cualquier demandante/superviviente, indistintamente
de que ésta instituya contra el acusado/autor del delito otros procedimientos judiciales,
como penales o de divorcio.
• Declarar que las órdenes de protección han de emitirse además de, y no en lugar de, otros procedimientos judiciales;
• Permitir que se introduzca la emisión de una orden de protección como hecho fundamental en procedimientos judiciales posteriores.
Comentario
La emisión de órdenes de protección en algunos países depende de que la demandante/superviviente prosiga las acciones judiciales entablando acciones penales o presentando una demanda de divorcio, por ejemplo. Este requisito puede disuadir a las supervivientes de solicitar órdenes de protección y podría tener como consecuencia que las demandantes/supervivientes sufran una sanción si no lo cumplen. De conformidad con la Ley de Violencia Doméstica (2007) de Ghana, los particulares pueden solicitar órdenes de protección independientemente de cualquier otro procedimiento, y la institución de procedimientos penales o civiles no afecta al derecho de la persona interesada a solicitar una orden de protección. En Fiji, las solicitudes de órdenes de protección en virtud de la sección 202 de la Ley de Derecho de Familia (2003) pueden presentarse de forma independiente de otros procedimientos judiciales. Eso mismo sucede con la Ley Antiviolencia contra las Mujeres y sus Hijos (2004) de Filipinas.
3.10.3. Contenido y emisión de órdenes de protección
Recomendación
La legislación ha de establecer:
• Que las órdenes de protección contengan las medidas siguientes:
ƒ Ordenar al demandado/autor del acto violento permanecer a distancia concreta de la
demandante/superviviente y sus hijos (y otras personas en su caso) y de los lugares que
frecuenten;
ƒ Ordenar al acusado que ayude financieramente a la demandante/superviviente, incluido
el pago de facturas médicas, honorarios de asesores o gastos de refugios, compensaciones monetarias y, además, en casos de violencia doméstica, para préstamos hipotecarios, alquileres, seguros, pensiones alimenticias y apoyo a los hijos;
ƒ Prohibir al demandado/autor del acto violento ponerse en contacto con la demandante/
superviviente o hacerlo con una tercera parte;
ƒ Disuadir al demandado/autor del acto violento de causar más violencia a la demandante/
superviviente, sus dependientes, otros familiares y personas pertinentes;
ƒ Prohibir que el demandado/autor del acto violento adquiera, utilice o posea un arma de
fuego o cualquier otra arma que especifique el tribunal;
ƒ Exigir que el demandado/autor del delito sean objeto de seguimiento electrónico;
ƒ Dar instrucciones al demandado/autor del acto violento en casos de violencia doméstica
para que abandone el hogar familiar, sin emitir en ningún caso dictamen sobre la propiedad de dicho inmueble y/o que dé un medio de transporte (como un automóvil) u otros efectos personales esenciales a la demandante/superviviente;Marco modelo para la legislación en materia de violencia contra la mujer 49
• La emisión de órdenes de protección tanto en procedimientos penales como civiles; y
• Que las autoridades no hagan salir a la demandante/superviviente del hogar en contra de su voluntad.
Comentario
Con el tiempo, la gama de medidas incluidas en las órdenes de protección se ha ampliado.
La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (2003)
dispone en España una serie de soluciones jurídicas, como prohibir al autor del delito
acercarse a la demandante/superviviente o a través de terceras personas; ordenar al acusado que se mantenga una distancia concreta en relación con la demandante/superviviente, sus hijos, su familia, su residencia, su lugar de trabajo o cualquier otro lugar que pueda visitar o frecuentar, incluida la obligación de abandonar la residencia común; custodia infantil temporal; determinación de las vacaciones; y pago de la ayuda de manutención de los hijos y los gastos básicos de supervivencia, incluidos alquiler y seguro.
En Albania, los Países Bajos y los Estados Unidos los tribunales pueden ordenar al
autor de un acto violento contra una mujer que le ayude con la manutención de los hijos,
el pago del alquiler, el préstamo hipotecario y el seguro de la superviviente, como parte
de las condiciones de una orden de protección. El artículo 20 de la Ley de protección de las mujeres frente a la violencia doméstica (2005) establece que: “el Magistrado puede ordenar al demandado que dé ayuda monetaria para satisfacer los gastos en que haya incurrido y las pérdidas que haya sufrido la persona agraviada y cualquier hijo de ella, en el caso de violencia doméstica”.
El apartado 1 del artículo 10 de la Ley de Medidas contra la Violencia en Relaciones
Familiares (2006) de Albania da a los tribunales autoridad para que ordenen al autor del
acto violento que abandone el hogar común o pague el alquiler o residencia temporal de la demandante/superviviente. De conformidad con las secciones 33 y 41 de la Ley de Derecho de Familia (1996) del Reino Unido, las demandantes/supervivientes pueden solicitar una
orden de ocupación, además de una orden de protección, lo que les da derecho a permanecer en el hogar y “excluir” del domicilio a quien ha cometido el delito o restringir su uso a una parte determinada. La sección 20 de la Ley de Violencia Doméstica (2007) de Ghana y la sección 19 de la Ley de protección de las mujeres frente a la violencia doméstica (2005) contemplan órdenes similares.
3.10.4. Órdenes de emergencia
Recomendación
Cuando haya alegaciones de riesgo inminente de violencia, la legislación ha de:
• Dar a los oficiales pertinentes la autoridad para ordenar al demandado abandonar el hogar y mantenerse alejado de la superviviente; y
• Establecer que el procedimiento ocurra con carácter ex parte sin una audiencia y otorgar
prioridad a la seguridad de la superviviente sobre los derechos de propiedad y otras consideraciones.
Comentario
En un número creciente de países la legislación contempla la emisión de órdenes de protección de emergencia en situaciones en las que exista riesgo inminente de actos violentos. 50 Manual de legislación sobre la violencia contra la mujer
Los requisitos de procedimiento para la emisión de órdenes de protección de emergencia
varían dependiendo del país. En Austria y en otros países europeos, incluida Alemania,
la República Checa, los Países Bajos y Eslovenia, es posible que la policía emita de oficio
una orden para sacar de la vivienda común, por un periódo de 10 días, a una persona
que ponga en peligro la vida, la salud o la libertad de otra persona. En Bulgaria, de conformidad con la Ley de Protección contra la Violencia Doméstica (2005), las demandantes/supervivientes pueden solicitar una orden de protección de emergencia a través del juzgado o de la comisaría de policía más próxima. En virtud de la sección 14 de la Ley Antiviolencia contra las Mujeres y sus Hijos (2004) de Filipinas, los punong barangay o kagawad (funcionarios rurales electos) pueden emitir de ex parte órdenes de protección por 15 días. En los casos en los que la legislación permite a las autoridades tradicionales ejercer poderes cuasijudiciales, es importante que el procedimiento sea transparente y otorgue prioridad a los derechos de la demandante/superviviente por encima de otras consideraciones, como la reconciliación de familias o comunidades. Las leyes sobre violencia doméstica de muchos países latinoamericanos, incluidos el Brasil, Chile, el Paraguay, el Uruguay y Venezuela, contemplan órdenes similares denominadas medidas de “urgencia” o “protección”. En Fiji, los tribunales pueden dictar una media cautelar con arreglo a la Ley de Derecho de Familia(2003), tras una solicitud ex parte de la demandante/superviviente.
3.10.5. Órdenes posteriores a la audiencia
Recomendación
La legislación ha de:
• Otorgar a los tribunales la autoridad para emitir órdenes a largo plazo, finales o posteriores
a la audiencia, tras su notificación, y la posibilidad de celebrar una audiencia completa en
base a alegaciones de violencia.
Comentario
Para reforzar la seguridad de la demandante/superviviente, algunas jurisdicciones han
introducido órdenes de protección por un período de tiempo determinado o bien para
definitivas. Al reducir el número de veces que una demandante/superviviente debe comparecer ante un tribunal se disminuyen las cargas financieras, emocionales y psicológicas que soportan las demandantes/supervivientes, y el número de veces que se ven obligadas a enfrentarse al autor del acto violento. Por ejemplo, en el Estado de Nueva Jersey (Estados Unidos), puede emitirse una orden de protección definitiva tras una audiencia judicial completa. La orden de protección definitiva permanece en vigor a menos que un tribunal la desestime taxativamente. Con arreglo a la sección 14 de la Ley de Violencia Doméstica (2007) de Ghana, las órdenes de protección provisionales (por no más de tres meses) tendrán carácter definitivo si el demandado no comparece ante el tribunal para explicar sus alegaciones sobre por qué no ha de darse carácter definitivo a la orden cautelar.
3.10.6. Solicitud de órdenes de protección mediante representación
Recomendación
La legislación ha de:
• Limitar la capacidad de solicitar órdenes de protección mediante representación a la demandante/superviviente, y cuando ésta sea incompetente desde el punto de vista jurídico, a un tutor legal; oMarco modelo para la legislación en materia de violencia contra la mujer 51
• Permitir que otros actores pertinentes —públicos, familiares y profesionales— puedan
representar en dichas solicitudes, al tiempo que garantizar que se respete la intervención
de la demandante/superviviente.
Comentario
Hay distintas experiencias sobre la solicitud de órdenes de protección. Algunos defienden
que sólo la demandante/superviviente debe poder solicitarla, mientras que otros piensan
que la policía, trabajadores sociales y otros familiares deben poder presentar la solicitud en nombre de la demandante/superviviente independientemente de que ésta dé su consentimiento. De conformidad con la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (2004) de España, los familiares que convivan con la demandante y el Ministerio Fiscal pueden solicitar órdenes de protección penales, aunque los deseos de la demandante/superviviente han de tenerse en cuenta en la audiencia completa ante el tribunal. Según la Ley Antiviolencia contra las Mujeres y sus Hijos (2004) de Filipinas, además de la demandante/superviviente pueden solicitar órdenes de protección sus padres, tutores, ascendientes, descendientes y otros familiares; trabajadores sociales; agentes de policía; funcionarios rurales; abogados; sus asesores y su proveedores de servicios sanitarios de la demandante/superviviente.
Quienes defienden que sólo la demandante/superviviente puede presentar la solicitud
destacan que autorizar a terceras partes a solicitar órdenes de protección con independencia de los deseos de la superviviente puede comprometer sus intereses y seguridad. Uno de los objetivos originales de la orden de protección era conferir poder a la demandante/superviviente. Las terceras partes cuyas motivaciones no vayan en el mejor interés de la superviviente
o sus hijos pueden aprovecharse de la capacidad de solicitar una orden de protección. Además, a menudo, las supervivientes de violencia son quienes mejor pueden juzgar el peligro que supone para ellas su compañero violento; permitir a otras personas solicitar dichas órdenes les resta control sobre el procedimiento.
3.10.7. Las pruebas de las demandantes/supervivientes,
suficientes para conceder una orden de protección
Recomendación
La legislación ha de establecer:
• Que el testimonio en directo o una declaración jurada o affidavit de la demandante/superviviente constituya razón suficiente para emitir una orden de protección; y
• Que no sean necesarias pruebas independientes —médicas, policiales o de otro tipo— para la emisión de una orden de protección después del testimonio en directo o de una declaración jurada o affidavit de la demandante/superviviente.
Comentario
La legislación o la práctica jurídica exigen a veces que, para que pueda concederse una orden de protección, además de la declaración o affidávit de la demandante/superviviente, se presenten pruebas. Dicho requisito podría comprometer la seguridad de la demandante/superviviente al causar demoras considerables y aplazamientos de las audiencias. De conformidad con la Ley de Protección contra la Violencia Doméstica (2005) de Bulgaria, los tribunales del país podrán dictar una orden de protección regular o de emergencia basándose exclusivamente en la solicitud y las pruebas de la demandante/superviviente.52 Manual de legislación sobre la violencia contra la mujer
3.10.8. Cuestiones específicas relativas a órdenes de protección
en casos de violencia doméstica
3.10.8.1. Las órdenes mutuas de protección y lascitaciones porconducta provocativa
no deben incluirse en la legislación
Recomendación
La legislación ha de:
• Abstenerse de conceder autoridad a funcionarios públicos para citar a supervivientes por
“conducta provocativa”; y
• Abstenerse de autorizar a funcionarios públicos para emitir órdenes mutuas de protección.
Comentario
La legislación de algunos países permite a la policía emitir un aviso a una demandante/
superviviente de violencia si ésta ha tenido presuntamente “conducta provocativa”. La experiencia ha demostrado que es poco probable que los tribunales concedan a la demandante/superviviente una orden de protección si se la ha citado por “conducta provocativa”. En consecuencia, los abogados de países en los que existe dicha disposición, Ucrania entre ellos, están proponiendo actualmente enmiendas a dichas cláusulas.En los Estados Unidos, algunos jueces que han estudiado la solicitud de orden de protección de la demandante/superviviente han emitido órdenes mutuas de protección que limitan la conducta de ambas partes. Dichas órdenes implican que tanto la demandante/superviviente como el autor del auto violento comparten la misma culpa y responsabilidad por las infracciones y pueden generar problemas legales continuos para la demandante/superviviente. Aunque la legislación no recomienda la concesión de órdenes mutuas de protección, algunos jueces continúan dictándolas.
3.10.8.2. Cómo proceder en relación con la custodia de los hijos en procedimientos
de órdenes de protección
Recomendación
La legislación ha de incluir las siguientes disposiciones relativas a la custodia de los hijos y el
régimen de visitas en procedimientos de órdenes de protección.
• Presunción en contra de la concesión de la custodia al autor de los actos violentos;
• Presunción en contra de visita por el autor de los actos violentos si no es supervisada;
• Exigencia de que antes de la concesión de la visita supervisada hayan pasado tres meses desde el acto de violencia y que el autor de los actos violentos ha cesado de utilizar cualquier forma de violencia y está participando en un programa de tratamiento para ese tipo de delincuentes; y
• La no concesión de derechos de visita en contra de la voluntad del menor.
Comentario
En muchos países, los delincuentes violentos han utilizado la custodia de los hijos como
medio para continuar abusando y teniendo acceso a las supervivientes. En Georgia, la
Ley de Eliminación de la Violencia Doméstica, Protección y Apoyo a las Víctimas (2006)
autoriza a los tribunales a tener en cuenta la seguridad del niño en decisiones relativas a la custodia en procedimientos de órdenes de protección. En Bulgaria, los tribunales pueden Marco modelo para la legislación en materia de violencia contra la mujer 53
trasladar temporalmente “la residencia del menor con el progenitor que sea la víctima o
con el progenitor que no haya realizado el acto violento en cuestión”. La sección 28 de la
Ley Antiviolencia contra las Mujeres y sus Hijos (2004) de Filipinas establece que “la mujer
víctima de violencia tendrá derecho a la custodia y el apoyo de su hijo/s y “en ningún caso
la custodia del menor se concederá a quien haya cometido el acto contra una mujer que
sufra el síndrome de la mujer golpeada”.
La experiencia de algunos países y las causas parecen aconsejar que las decisiones
que se tomen en materia de custodia en procedimientos de órdenes de protección deberían ser temporales y que las cuestiones relativas a custodia permanente sólo deben tratarse en procedimientos de divorcio o en tribunales de familia. Otra opinión al respecto es que los tribunales que deciden sobre cuestiones de custodia en casos de órdenes de protección tienen más conocimientos sobre violencia de género que los que deciden sobre ello en el contexto de divorcio u otros ámbitos de derecho de familia y que, por tanto, debe darse a aquéllos poder para dictar órdenes de custodia. En la sección 3.10 del Marco figuran más recomendaciones sobre cómo proceder en relación con la custodia de los hijos en procedimientos de derecho de familia.
3.10.9. Delito penal de violación de una orden de protección
Recomendación
La legislación ha de:
• Tipificar como delito las violaciones de órdenes de protección.
Comentario
En países en los que la legislación no tipifica como delito la violación de una orden de
protección civil, los fiscales y la policía han expresado lo frustrante que resulta no poder
detener al autor de los actos violentos. En España, cualquier violación de una orden de
protección es tipificada como delito, y cuando se infringe, la superviviente tiene derecho a
una audiencia completa sobre si los aspectos de la orden de protección deben modificarse, incluida la distancia de protección que ha de mantener el autor de los actos violentos en relación con ella, la duración de la orden de protección o el uso de aparatos electrónicos para seguir los pasos del autor de actos violentos. En caso de riesgo o perjuicio grave puede recurrirse a la detención preventiva del autor del delito. La violación de una orden de protección es un delito penal con arreglo a la sección 17 de la Ley de Violencia Doméstica(1998) de Sudáfrica. Cuando un tribunal dicta una orden de protección en virtud de esa ley, también emite un auto para la detención del demandado, que se suspende si se cumple la orden. La Ley de Delitos y Víctimas de la Violencia Doméstica (2004) del Reino Unido tipifica específicamente como delito la infracción de una orden de protección. En Turquía, quien viole una orden de protección puede ser condenado a una pena de prisión de entre tres y seis meses. De conformidad con la Ley Antiviolencia contra las Mujeres y sus Hijos(2004) de Filipinas, la violación de una orden de protección es un delito penal sancionable con multa o seis meses de prisión. Algunos países, como Bulgaria, se encuentran en el proceso de estudio de enmiendas a la legislación en vigor, para tipificar la infracción de las órdenes de protección como delitos. El proyecto de ley de violencia intrafamiliar del Líbano, en caso de ser aprobado, establecería que si el demandado viola la orden de protección podrá ser condenado a una pena de prision de tres meses y/o a pagar una multa, y que si la violación ha llevado aparejado el uso de violencia, el demandado podrá ser condenado a prisión por un año.54 Manual de legislación sobre la violencia contra la mujer
3.11. Condenas
3.11.1. Coherencia de las condenas con la gravedad del delito
cometido
Recomendación
La legislación ha de establecer que:
• Las condenas sean acordes con la gravedad de los delitos de violencia contra la mujer; y
• Se elaboren las orientaciones en materia de condena para garantizar que los resultados de las condenas estén en consonancia.
Comentario
Las condenas impuestas en asuntos de violencia contra la mujer en distintos países han
variado, han presentado incoherencias y a menudo han estado informadas por actitudes
discriminatorias de funcionarios de justicia en relación con demandantes/supervivientes
de violencia contra la mujer. Se ha venido trabajando para reducir las discrepancias en las condenas y para garantizar que en los casos de violencia contra la mujer sean acordes con la gravedad del delito cometido. La experiencia ha demostrado que dar orientaciones en materia de condenas puede contribuir a la normalización de las condenas impuestas en asuntos de violencia contra la mujer. En el Reino Unido, el Consejo de Orientaciones en Materia de Condenas concluyó las “Orientaciones en materia de condenas sobre la Ley de Delitos Sexuales” (2003) en 2007. Se han aplicado condenas mínimas obligatorias en varios países, en un intento de reducir las discrepancias en este ámbito. No obstante, la experiencia varía en relación con la eficacia y el valor disuasorio.
3.11.2. Eliminación de excepciones y reducciones
en las condenas
Recomendación
La legislación ha de eliminar las disposiciones que:
• Contemplen condenas reducidas o exculpen a los autores de actos violentos basados en asuntos de los denominados delitos de honor;
• Exculpen a un autor de actos violentos si después contrae matrimonio con la superviviente; y
• Impongan penas menores en asuntos relativos a “tipos” concretos de mujeres, como trabajadoras del sexo o no vírgenes.
Comentario
La legislación de muchos países en materia de violencia contra la mujer sigue conteniendo
disposiciones que absuelven o reducen las condenas de autores de delitos de violencia contra
la mujer en ciertas circunstancias. Por ejemplo, algunos códigos penales contienen disposiciones que establecen que si el autor de un acto violento contrae matrimonio con la superviviente de la violencia sexual no será responsable del mismo.
Muchos códigos penales contienen disposiciones que establecen la imposición de penas
reducidas en los casos denominados “asuntos de honor”. Algunos otros países han realizado gestiones para suprimir de sus códigos penales esas disposiciones. Por ejemplo, en 2003 se suprimió el artículo 462 del Código Penal de Turquía, que concedía reducciones de condena Marco modelo para la legislación en materia de violencia contra la mujer 55por el asesinato de una persona o la lesión de un miembro de la familia que hubiese cometido adulterio. En 1994, el Brasil modificó su Código Penal mediante la Ley 8.930 para eliminar las secciones VII y VIII del artículo 107, y en 2006 el Uruguay modificó el artículo 116 de su Código Penal: ambos exculpaban a los autores de actos violentos si luego contraían matrimonio con la superviviente de violencia sexual.
3.11.3. Ampliación de sanciones para el delito reiterado/agravado
de violencia doméstica
Recomendación
La legislación ha de establecer:
• El reforzamiento de la intensidad de las sanciones para incidentes reiterados de violencia doméstica, independientemente del grado de lesiones; y
• El incremento de las sanciones por violación reiterada de una orden de protección.
Comentario
Los incidentes reiterados de violencia doméstica es cosa común: es obvio que cuando se aplica la misma pena por cada agresión repetida, el efecto disuasorio de la sanción es cuestionable.
En los Estados Unidos y en algunos países de Europa el reforzamiento de las penas por
incidentes reiterados ha demostrado ser efectivo. El paquete de reformas sueco “Kvinnofrid” de 1998 introdujo en el Código Penal un nuevo delito —“grave violación de la integridad de una mujer”— para dar respuesta a los casos en que un hombre comete reiteradamente determinados actos criminales contra una mujer con la que está o ha estado casado o con la que convive o ha convivido. El delito es punible con ingreso en prisión por no menos de seis meses y no más de seis años. La sección 215a del Código Penal de la República Checa establece penas ampliadas en casos de violencia doméstica reiterada. Las nuevas enmiendas a las leyes en los Estados Unidos establecen que los jueces pueden conceder órdenes de protección que se mantengan por cincuenta años cuando una superviviente haya tenido dos órdenes de protección previas contra un mismo agresor o cuando el asesor haya infringido
una orden de protección en dos ocasiones.
3.11.4. Consideraciones sobre la imposición de multas
en asuntos de violencia doméstica
Recomendación
La legislación ha de establecer que:
• No se impongan multas en asuntos de violencia doméstica si ello puede provocar dificultades económicas a la superviviente o sus hijos; y que
• Si se ha de imponer una multa, que ésta se combine con el tratamiento y la supervisión del
autor del delito a través de la libertad condicional.
Comentario
En muchos casos de violencia contra la mujer puede condenarse al autor del acto violento
en procedimientos penales, u obligársele, en procedimientos civiles, a pagar una multa
al Estado por una infracción del derecho penal o civil. Se ha criticado la imposición de 56 Manual de legislación sobre la violencia contra la mujermultas a autores de actos de violencia doméstica porque eso puede suponer una carga para la superviviente y constituir una forma inapropiada de castigo al autor del delito. Por esta razón algunos países, como España, han excluido la imposición de multas para este delito. Además, la experiencia sugiere que las multas no son un castigo suficiente para cambiar el comportamiento del autor del acto violento.
3.11.5. Restitución y compensación para las supervivientes
Recomendación
La legislación ha de:
• Establecer que las condenas en asuntos penales puedan ordenar el pago a la superviviente
de compensación y restitución por el autor del acto violento;
• Declarar que, aunque la compensación puede ser un elemento a la hora de sancionar a los autores de los delitos de la violencia contra la mujer, no debe sustituirse por otras sanciones, como el ingreso en prisión; y
• Disponer la creación de un programa de compensación patrocinado por el gobierno, que otorgue a las supervivientes de violencia contra la mujer el derecho de solicitar y recibir una cantidad justa de compensación.
Comentario
Un aspecto de la imposición de condenas que no se ha utilizado plenamente es la posibilidad
de exigir al autor del delito el pago de compensación a la superviviente. No obstante, cada vez
más países están promulgando legislación que permite incluir la concesión de compensación
en las condenas en asuntos penales. Por ejemplo, el artículo 11 de la Ley contra el Femicidio
y otras formas de Violencia contra la Mujer (2008) de Guatemala, contempla la reparación
proporcional del perjuicio causado por la violencia, y la Ley de compensación de daños penales (1995) del Reino Unido. En España, la Ley de de Ayudas y Asistencia a las Victimas de Delitos
Violentos y contra la Libertad Sexual (1995) creó un fondo para las víctimas de delitos violentos
y contra la libertad sexual.
3.11.6. Programas de intervención para autores de actos violentos
y condenas alternativas
Recomendación
La legislación ha de:
• Establecer que las condenas contengan programas de intervención para autores de actos violentos, y que los operadores de dichos programas trabajen en estrecha cooperación con los proveedores de servicios a demandantes/supervivientes;
• Aclarar que el uso de condenas alternativas, incluidas aquellas en las que el autor del delito está obligado a asistir a un programa de intervención para personas que hayan cometido actos violentos sin que se le imponga ninguna otra pena, debe abordarse con mucha cautela y dictarse sólo cuando vaya a haber un seguimiento continuo de la condena por parte de funcionarios de justicia y organizaciones no gubernamentales de mujeres, de manera que queden garantizadas la seguridad de la demandante/superviviente y la efectividad de la condena; y
• Dictaminar la revisión y el seguimiento atentos de los programas de intervención de autores de actos violentos y condenas alternativas que tengan que ver con organizaciones no gubernamentales de mujeres y demandantes/supervivientes.arco modelo para la legislación en materia de violencia contra la mujer 57
Comentario
Por condena alternativa se entienden todas las condenas y castigos distintos del ingreso en prisión, incluido el servicio comunitario o el requisito de que el autor del delito asista a un programa de intervención al efecto. Un creciente número de países ofrecen la opción de condenas que obligan a quien haya cometido un acto violento a asistir a un programa de intervención al efecto, como adición a otras penas o en sustitución de ellas. Aunque ha habido algunas experiencias positivas con estos programas, los proveedores de servicios para supervivientes han destacado que cuando la financiación sea limitada debe otorgarse prioridad a las supervivientes por encima de los programas para autores de delitos, y que esas sentencias sólo deben imponerse tras una evaluación que garantice que no haya riesgos para la seguridad de la superviviente. Los artículos 11 a 20 de la Ley de penalización de la violencia contra las mujeres (2007) de Costa Rica contienen instrucciones detalladas sobre cuándo han de imponerse condenas alternativas y si existen otras opciones. En España, la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (2004) contempla la posibilidad de la suspensión o la sustitución de otras penas en casos de violencia contra la mujer, cuando la posible pena de prisión sea inferior a dos años. En los casos en los que la condena quede en suspenso, el autor del acto violento está obligado a participar en un programa de intervención. La experiencia ha subrayado la importancia de instituir programas bien desarrollados que garanticen que la superviviente está segura y que el autor del acto violento se beneficia del programa. El Reino Unido ha tenido experiencias positivas con el Programa Integrado de Abusos Domésticos como opción en la imposición de condenas. El programa tiene una duración de 26 semanas y se centra en que los autores del acto violento acepten la responsabilidad por su comportamiento y se comprometan a modificar su conducta y actitudes. Los programas acreditados deben asociarse con una organización que apoye a la superviviente, a fin de que ésta pueda notificar si la violencia continúa.
3.12. Demandas civiles
3.12.1. Demandas civiles contra quienes han cometido delitos
de violencia contra la mujer
Recomendación
La legislación ha de:
• Permitir que las demandantes/supervivientes de violencia contra la mujer presenten
demandas civiles contra quienes hayan perpetrado dicha violencia; y
• Suprimir los requisitos que prohíban a las mujeres presentar demandas contra su cónyuge u otro miembro de la familia, o que exijan el consentimiento del cónyuge u otro familiar para que ellas puedan presentar una demanda.
Comentario
Las demandas civiles son un complemento o alternativa al enjuiciamiento criminal, las órdenes civiles de protección y otros recursos jurídicos disponibles. En función de los fundamentos jurídicos y de la legislación competente, entre las formas de resarcimiento para las demandantes en demandas civiles pueden incluirse indemnización compensatoria, daños punitivos, alivio declarativo y desagravio por mandato judicial, así como una orden judicial que exija al demandado el abono de los honorarios corrientes de la defensa. En muchos ordenamientos jurídicos las demandas civiles presentan ventajas sobre acciones penales. Los asuntos civiles están regulados por una carga de la prueba menor que en los penales, las demandantes/58 Manual de legislación sobre la violencia contra la mujer
supervivientes tienen el control sobre la demanda, y algunas consideran que los tipos de
resarcimiento concedidos cuando se gana una demanda civil son más útiles que el que el
autor de la violencia vaya a la cárcel. En los Estados Unidos, recientes cambios de doctrina han facilitado la presentación de demandas civiles de demandantes/supervivientes contra los autores de actos violentos. Algunos Estados han ampliado la Ley de limitaciones para alegaciones de violencia doméstica. Además, muchos Estados han abandonado la antigua doctrina del derecho consuetudinario de inmunidad en materia de agravio entre cónyuges, que prohibía a un cónyuge demandar al otro.
3.12.2. Demandas civiles contra terceros
Recomendación
La legislación ha de permitir:
• A las demandantes/supervivientes de violencia contra la mujer presentar demandas contra individuos gubernamentales o no gubernamentales y entidades que no hayan ejercido la diligencia debida para prevenir, investigar o castigar la violencia; y
• Demandar sobre la base de leyes antidiscriminación o en derechos civiles.
Comentario
Las demandas contra terceros suponen una oportunidad adicional para imputar a organismos gubernamentales y a otras instituciones responsabilidades por violencia contra la
mujer, y también pueden ser una fuente de compensación monetaria para la superviviente. En el asunto Chairman Railway Board contra Chandrima Das (MANU/SC/0046/2000), el Tribunal Supremo de la India confirmó la concesión de diez millones de rupias, algo sin precedente hasta entonces, a una superviviente bangladeshí de una violación cometida por funcionarios ferroviarios en Bengala Occidental, como compensación por la vulneración del derecho fundamental de la mujer a la vida y a la igualdad, de conformidad con la Constitución india, independientemente de su nacionalidad extranjera. En el asunto Thurman contra City of Torrington (595 F. Supp. 1521 D. Conn. 1984), una parte demandó a la ciudad de Torrington, Connecticut (Estados Unidos), alegando que los agentes de policía habían desoído reiteradamente sus quejas de violencia cometida por su marido, del que estaba separada, y que incluso fueron testigos sin inmutarse de la brutal paliza que él le propinó. El jurado le concedió 2,3 millones de dólares por daños y perjuicios. Tras este asunto muchos departamentos de policía reforzaron sus políticas en materia de respuesta a la violencia doméstica.
Existe un subconjunto de demandas civiles contra autores de violencia o terceros compuesto de demandas presentadas con arreglo a leyes antidiscriminación o en materia de derechos civiles. En función de la legislación competente, las leyes antidiscriminación o en materia de derechos civiles pueden autorizar demandas penales, demandas civiles o ambas.
Dichas demandas incluyen los actos de violencia contra la mujer en el contexto más amplio de desigualdad sistémica de género y dejan claro que las mujeres tienen derecho a la igualdad y al derecho a la seguridad física. La violencia contra la mujer se reconoce en la legislación de muchos países como una forma de discriminación; por ejemplo, la Ley de Promoción de la Igualdad y la Prevención de la Discriminación Injusta. La Ley de Derechos Humanos (1993) de Nueva Zelandia define el acoso sexual como una forma de discriminación y violación de los derechos humanos de las mujeres. En los Estados Unidos, algunos Estados y poblaciones permiten a las demandantes/supervivientes de violencia por razón de género presentar una demanda por vulneración de sus derechos civiles.Marco modelo para la legislación en materia de violencia contra la mujer 59
3.13. Derecho de familia
Recomendación
La legislación ha de garantizar lo siguiente y modificar todas las disposiciones pertinentes en derecho penal que reflejen:
• El divorcio de un cónyuge violento y recibir una pensión alimenticia suficiente para la esposa
y los hijos;
• El derecho de la superviviente a permanecer en la vivienda familiar tras el divorcio;
• Los derechos en materia de seguro y pensión para las supervivientes que se divorcien del
autor del delito;
• La distribución pronta de las propiedades, y otros procedimientos pertinentes;
• La selección atenta de todos los asuntos de custodia y visitas para determinar en qué casos
hay un historial de violencia;
• Una presunción legal contra la concesión de custodia infantil a quien haya cometido actos
de violencia contra la mujer;
• La disponibilidad, en su caso, de centros de visita supervisados y gestionados profesionalmente;
• Una superviviente de violencia que haya actuado en defensa propia, o huido para evitar más
actos de violencia, no debe considerarse que ha cometido delito, ni deben extraerse conclusiones negativas en su contra en las decisiones relativas a regímenes de custodia y visitas; y
• Los procedimientos en materia de abuso y abandono infantiles deben dirigirse a los autores de violencia contra la mujer; debe reconocerse que la mejor manera de proteger a los niños suele ser proteger a sus madres.
Comentario
La protección contra la violencia doméstica y el derecho a una vida libre de violencia deben constituir un principio tanto en la legislación sobre violencia contra la mujer como en los ámbitos pertinentes del derecho de familia y de divorcio. La concesión de la custodia de un menor a una persona que haya cometido violencia contra la mujer supone un riesgo para la superviviente y para el niño. La necesidad de contacto continuado entre las dos partes, después de la separación, para organizar la custodia y las visitas a los hijos, suele ser aprovechada por el autor de los actos violentos para continuar acosando a la superviviente.
En los Estados Unidos, el Congreso aprobó en 1990 una resolución por unanimidad
por la que se insta a todos los Estados a adoptar una presunción legal contra la concesión
de la custodia a cualquier progenitor que haya cometido actos de violencia doméstica.
Algunos países exigen que un tercero supervise la visita de los niños al autor de la violencia, al comienzo y al final del encuentro. No obstante, el sistema plantea serias cuestiones.
Aun cuando se disponga de centros supervisados de visita, como en los Estados Unidos,
en España y en el Reino Unido, resultan demasiado caros —su creación y su funcionamiento— y su calidad es irregular. Además, las visitas supervisadas no eliminan el riesgo de que quien ha cometido actos violentos aproveche la visita para infligir daño a la superviviente o a su hijo.
En procedimientos relativos a abuso, negligencia o abandono de las obligaciones
para con los hijos, las supervivientes adultas de violencia son acusadas a veces de exponer a sus hijos a la violencia doméstica. En los Estados Unidos, los representantes de organizaciones de violencia doméstica y de organismos de servicios de protección de menores han colaborado en la elaboración de un conjunto de recomendaciones dirigidas a tribunales, organizaciones comunitarias y otras para proteger la seguridad y el bienestar de las mujeres y los niños. Una evaluación indicó algunas mejoras en la concienciación y en las prácticas 60 Manual de legislación sobre la violencia contra la mujer
relativas a la violencia doméstica en organismos dedicados al bienestar infantil radicados
en comunidades que habían recibido financiación federal para aplicar las recomendaciones.
No obstante, fue difícil lograr y sostener el cambio institucional.
3.14. Legislación en materia de asilo
Recomendación
La legislación ha de:
• Establecer que la violencia contra la mujer puede constituir persecución y que las demandantes/supervivientes de dicha violencia deben constituir “un grupo social particular” a
efectos de la legislación en materia de asilo.
Comentario
Los supervivientes de violencia deben poder cumplir los requisitos necesarios para la concesión de asilo en las circunstancias apropiadas. La evolución positiva de la jurisprudencia otorga reconocimiento creciente a la violencia contra la mujer como base para la concesión de asilo. Por ejemplo, en 1999 la Cámara de los Lores de Inglaterra adoptó una decisión de referencia en relación con una solicitud de asilo basada en la violencia doméstica. El asunto La Corona contra el Tribunal de Apelación en materia de Inmigración; a petición de Shah [1999] 2 AC 629 se ocupaba de las solicitudes de dos mujeres casadas paquistaníes a las que sus maridos habían obligado a abandonar sus hogares y que corrían peligro de ser acusadas falsamente de adulterio en el Pakistán. La Cámara de los Lores concedió asilo a las dos mujeres basada en que eran miembros de un grupo social particular, que en su sentido más amplio podría clasificarse como mujeres pakistaníes que sufren discriminación y grupo desprotegido por el Estado. En el asunto Fauziya Kassinja, 21 I. & N. Dic. 357, Decisión Provisional 3278, 1996 WL 379826 (Junta de Apelación en materia de Inmigración 1996), la Junta de Apelación en materia de Inmigración del Departamento de Justicia de los Estados Unidos concedió asilo a una mujer que había huido de Togo para evitar ser sometida a la mutilación genital femenina. Sin embargo, los tribunales de los Estados Unidos no aplican este razonamiento por igual en todos los casos de violencia por motivos de género.1
4. Lista de pasos que seguir
para crear legislación sobre
violencia contra la mujer
o Paso 1. Definir el objetivo legislativo
Al comienzo de todo proceso legislativo debe definirse claramente su objetivo. En la legislación en materia de violencia contra la mujer el objetivo debe ser prevenirla, garantizar la investigación, el enjuiciamiento y el castigo de sus autores y proteger a las víctimas.
o Paso 2. Consultar a las partes interesadas pertinentes
La consulta a todas las partes interesadas que involucre la legislación o que deban aplicarla es un elemento clave. La consulta garantiza que la ley recoge con precisión realidad de las mujeres que sufren violencia y que la respuesta legislativa es apropiada y mejora las posibilidades de aplicar la legislación de forma efectiva. La siguiente lista no exhaustiva de partes involucradas es una guía de a quién consultar a la hora de crear legislación sobre la violencia contra la mujer.
o Supervivientes/demandantes;o Organizaciones no gubernamentales dedicadas a la violencia contra la mujer, incluidas las que tienen experiencia en la violencia contra grupos determinados de mujeres, como las indígenas, inmigrantes, discapacitadas o pertenecientes a minorías étnicas;
o Proveedores de servicios a supervivientes/demandantes;
o Departamentos gubernamentales, incluidos todos los mecanismos nacionales para
el adelanto de la mujer;
o  Instituciones nacionales de derechos humanos;
o  Policía y demás fuerzas del orden;
o  Fiscales
o Jueces;
o  Abogados/colegios de abogados;
o Profesionales sanitarios;
o  Personal forense;
o Trabajadores sociales/proveedores de asesoramiento;
o Profesores y otro personal de sistemas educativos;
o Institutos nacionales de estadística;
o Funcionarios de prisiones;
o  Líderes religiosos y comunitarios;
o  Periodistas de cualquier medio.2 Manual de legislación sobre la violencia contra la mujer o Paso 3. Elaborar legislación con un enfoque empírico
Un enfoque empírico garantiza que el desarrollo y la concepción de la legislación se realice de un manera informada y pueda ayudar a mejorar la calidad y la efectividad futura de la propia legislación. La legislación ha de elaborarse a partir de pruebas fiables, incluidos datos e investigación sobre el alcance, la prevalencia y la incidencia de todas las formas de violencia contra la mujer, sobre sus causas y consecuencias y sobre las lecciones aprendidas y las buenas prácticas de otros países en su esfuerzo para prevenir y abordar la violencia contra la mujer

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