Denunciar al maltratador, un reto de toda la sociedad.ESPAÑA.2012

De las 443 mujeres asesinadas por violencia de género a manos de sus parejas o exparejas desde 2006, sólo 118 habían denunciado a sus maltratadores. ¿Qué falla de la aplicación de la Ley de Violencia de Género para que un porcentaje mayoritario de mujeres que estaban en riesgo mortal no denunciara? ¿Cuáles son los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres maltratadas? Lo contamos en este reportaje que acompaña al lanzamiento de nuestra Campaña de Carteles de sensibilización que hemos elaborado para este 25 de noviembre.

Texto: Noemí García Cabezas 

España, Madrid – Pese a contar con un marco legal amplio y de medios en los cuerpos de seguridad del Estado y otras instituciones públicas para prevenir situaciones de violencia de género -que en el peor de los casos acaban con el asesinato de las mujeres-, continúan dándose casos que quedan al margen de la ley porque no se cumple el primero de los pasos que debe darse: denunciar. Sin embargo, a nivel local y según las leyes de cada Comunidad Autónoma, existen servicios sociales orientados a víctimas de violencia de género que prestan asistencia psicológica, social y jurídica sin necesidad de haber presentado denuncia o tener activa una orden de protección. No obstante, la asistencia a este tipo de centros muchas veces no se da por desconocimiento del servicio o bien por la vergüenza social que supone para las mujeres enfrentarse a una situación de este tipo, situación que se agudiza en poblaciones pequeñas.

LAS CIFRAS

Según el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicialen el primer trimestre de 2012 se han recibido en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer un total de 30.895 denuncias, de las cuales sólo un 8,9% fue presentada por la víctima y el 0,37% por familiares; la cifra aumenta si se tienen en cuenta los atestados policiales, que en un 64,33% de los casos se realizan con denuncia de la víctima y en 0,92% por parte de los familiares, mientras que en el 12,21% de los casos el atestado es hecho directamente por intervención policial. De las mujeres que denuncian, el 64% son españolas frente al 36% de mujeres extranjeras. En el segundo trimestre del año las denuncias han aumentado un 5,9%, registrándose 32.704 denuncias, a razón de 359 denuncias diarias (20 más que en el primer trimestre).

En 2011 el 65% de las víctimas oficiales de violencia de género eran españolas y el 35% extranjeras, suponiendo las mujeres extranjeras un 12% de la población femenina en España por lo que se aprecia una especial sobrerrepresentación de estas últimas.

En todo el año 2011 se interpusieron un total de 134.002 denuncias por violencia de género en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. 15.460 de esas mujeres renunciaron a continuar con el proceso. Desde 2007 se ha producido un incremento medio del número de denuncias de un 6%; cifra que ha descendido muy levemente en el último año.

De las mujeres que interpusieron denuncia, 3.711 de ellas decidieron finalmente retirarla, la mayoría de ellas (61%), de nacionalidad española.

El 68,14% de los varones enjuiciados por violencia de género en el primer trimestre de 2012 fueron condenados.

De las 8.343 órdenes de protección solicitadas a través de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, en el 63% de los casos éstas fueron acordadas. En cuanto a las órdenes de protección solicitadas a través de Juzgados de Guardia, el porcentaje sube hasta el 71%. En total se solicitaron 9.715 órdenes de protección, la mayoría procedentes de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (86% frente a un 14% procedentes de los Juzgados de Guardia).

La tasa de denuncias por cada 10.000 mujeres más alta la ostenta Baleares (18.9 denuncias por cada 10.000 mujeres), seguida de Canarias (16,98) y Murcia (15,94); la tasa más baja de denuncias la ostenta Extremadura (8). La media en España es de 12,92 denuncias por violencia de género por cada 10.000 mujeres.

En los Juzgados de lo Penal el 50,18% de las sentencias fueron absolutorias. En los Juzgados de Violencia sobre la Mujer las sentencias absolutorias fueron sólo del 27,35%. Por su parte, en las Audiencias Provinciales el porcentaje de sentencias absolutorias es la más baja, con un 26,36%. En total, en el primer trimestre del año de las 13.138 sentencias dictadas, el 57,76% de las sentencias fueron condenatorias, y el 42,24% absolutorias.

Respecto al último trimestre de 2011, las denuncias han disminuido en un 2,7%. Como dato positivo, destacar que las renuncias de continuar el proceso han bajado en el mismo porcentaje (2,7%).La tendencia a la bajada de denuncias continúa desde el tercer trimestre de 2011, tras continuas subidas desde el último trimestre de 2010.

Según datos recabados desde nuestra base de datos Geofeminicidio en 2011 nueve de las mujeres asesinadas contabilizadas como casos oficiales por el Ministerio contaban con orden de alejamiento; sin nos referimos a 2010, la cifra era de 15. Según el informe de 2011 del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del CGPJ de las 62 mujeres asesinadas en 2011 sólo 16 habían presentado denuncia: 14 de ellas pidieron orden de protección y seis renunciaron a ella. Siete de las mujeres asesinadas en 2011 tenían orden de alejamiento en vigor cuando fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas; otras tres voluntariamente habían quebrantado la orden para volver a vivir con quienes después serían sus asesinos. En esos diez casos el Estado falló, el Estado debería haber tenido constancia de que se estaban quebrantando esas órdenes, de que existían 10 órdenes judiciales que impedían al hombre acercarse a esa mujer. Ninguna de las mujeres asesinadas en 2011 y que habían denunciado contó con una valoración de riesgo forense, algo a lo que obliga la Ley Integral contra la Violencia de Género. Además se conoció que sólo ocho de esas mujeres contaron con una valoración policial de riesgo, y en ningún caso se calificó la situación como de riesgo extremo o alto. Según el CGPJ la mayoría de esas mujeres asesinadas habían denunciado mayoritariamente por amenazas, gritos, insultos y abusos verbales, hechos que “pueden hacer pensar que no revisten mayor gravedad o peligro para la integridad física de la mujer”, según se afirma en el informe, que pide también mayor formación de los profesionales implicados.

Según la Asociación de Mujeres Juristas Themis existen una serie de razones que se suelen dar en todas las mujeres maltratadas que deciden no denunciar: “las mujeres que sufren una violencia de género más mordaz llegan a interiorizar los conductas violentas, normalizando el maltrato que reciben de su agresor, unido a un aislamiento social que el maltratador ha ido ejerciendo progresivamente, al temor a la reacción del hombre ante la posible interposición de la denuncia y a la inseguridad de no poder escapar de esa espiral de violencia”. Según esta asociación, para que no se produzcan asesinatos de mujeres que sí habían presentado denuncia por violencia de género sería necesario ampliar medios técnicos y organizativos, así como un mayor número de dispositivos de control telemático (pulseras y dispositivos móviles”; “además debe ser necesaria la asignación de protección policial individualizada para aquellas mujeres con un mayor riesgo de lesiones graves”.

A fecha de hoy hay 98.016 mujeres con atención policial activa, pero tan solo el 17,4% de ellas (17.070 mujeres) cuenta con protección policial activa.

Las mujeres que habían denunciado esperaron una media de seis meses a su resolución judicial: el tiempo de espera fue cuatro veces mayor que en 2010.

OBSTÁCULOS QUE DIFICULTAN LA DENUNCIA

Una de las causas por las que las mujeres no denuncian es la idea del amor romántico, tal como la sociedad patriarcal lo entiende. De ello habla Esperanza Bosch en su estudio “Del mito del amor romántico a la violencia contra las mujeres en la pareja”, editado por el Instituto de la Mujer en 2007. A la idea del amor romántico y su relación con el poder se refiere también Marcela Lagarde en su libro “Para mis socias de la vida” (Horas y horas, Barcelona, 2005): “en la visión feminista, el amor es histórico – está condicionados por las épocas y las culturas –, está especializado por géneros – tiene normas y mandatos diferentes para los varones y las mujeres – y va de la mano con el poder. El vínculo entre el poder y el amor es central en la visión feminista del amor”.

El ciclo de la violencia de género, acuñado por Leonor Walker en su libro “Las mujeres maltratadas” (1979) establece que después del maltrato -primero psicológico y luego físico en la mayoría de casos- viene un distanciamiento en la pareja y después una reconciliación, para dar paso de nuevo al ciclo. Las mujeres que sufren violencia de género se encuentran afectadas psicológicamente por los maltratos a los que normalmente se ven sometidas por parte de sus parejas o exparejas, y no cuentan normalmente con la fuerza necesaria para afrontar la situación: además la presión social ante un fracaso amoroso hace que en muchos de los casos de violencia de género la víctima no quiera o no pueda compartir la situación con allegados o familiares que puedan acompañarla en el proceso de denuncia.

Otro de los obstáculos que muchas mujeres encuentran para denunciar es el hecho de tener hijos en común con el agresor. Muchas mujeres creen que lo mejor para sus hijos es aguantar la situación de maltrato con tal de mantener la unidad familiar; en muchos de estos casos los hijos finalmente acaban siendo también víctimas de los malos tratos.

En la situación de crisis en la que vivimos es imprescindible hablar también del freno que supone la situación económica de las mujeres a la hora de afrontar una denuncia o una separación de quien es el agresor. Inmaculada Montalbán, presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género, afirma que en los informes elaborados por el Observatorio del CGPJ se ha detectado cada vez con mayor frecuencia el motivo económico como factor del maltrato: “la violencia económica se está incrementando en el proceso del maltrato. Hay mujeres que ante el temor de no tener ayudas económicas no se atreven a denunciar ni a iniciar el proceso de separación”, dijo la presidenta del observatorio en la presentación del informe de 2011. Las mujeres denuncian menos porque tienen miedo de perder sustento económico para sus hijos y para ellas mismas, al estar en muchos casos totalmente supeditadas a los ingresos económicos de la pareja.

Especial situación de desprotección y desinformación viven las mujeres extranjeras. En 2007 Amnistía Internacional publicó el informe “Más riesgos y menos protección” sobre la situación de mujeres extranjeras que vivían situaciones de maltrato por violencia de género, por el que denunciaba que “las mujeres inmigrantes tienen seis veces más riesgo de morir a manos de parejas o exparejas, a la hora de ser atendidas, de conseguir autonomía económica y acceder a la justicia”.

Desde la aprobación del nuevo reglamento de extranjería RD 557/2011 de 20 de abril se establece que las mujeres inmigrantes que denuncien una situación de violencia de género gozarán de protección especial para ellas y sus hijos e hijas. No se les abrirá expediente de explusión y si ya estuviera abierto, se suspenderá; además, se les extenderá permiso provisional de residencia y trabajo, tanto a ellas como a sus descendientes de primer grado. En el caso de que la mujer quiera volver voluntariamente a su país, también gozarán de mayor protección.

Otro de los principales obstáculos para las mujeres que quieren denunciar es la desconfianza en la Justicia y en quienes la ejercen. A pesar de la creación de Juzgados de Violencia sobre la Mujer creados a partir de la Ley Integral, las mujeres no acuden a la Justicia a la hora de solucionar sus problemas y su situación vital de maltrato. Además, es necesario continuar con la formación y sensibilización tanto en personal judicial como en las fuerzas de seguridad del Estado, tal como opinan desde la Asociación de Mujeres Juristas Themis: “la aplicación de la Ley Integral requiere imperativamente incorporar la perspectiva de género en la formación de los operadores jurídicos y profesionales que intervienen en los procesos de cese de la violencia”.

A esta cuestión de desconfianza de la Justicia no ayudan las polémicas surgidas hace unos años en cuanto al número de denuncias falsas, alentado por lobbys machistas e incluso por jueces. El CGPJ, según Inmaculada Montalbán, ha realizado estudios sobre este tema, llegando a la conclusión de que en 2009 de 503 sentencias firmes sólo uno de los casos correspondía a una denuncia falsa. Este hecho va muy en contra con lo que propugna el juez Serrano (inhabilitado por 10 años por el Tribunal Supremo), quien declaró en 2010 que sólo el 6,22% de las condenas por violencia de género obedece a un verdadero maltrato. Al mito de las denuncias falsas se refiere también Flor de Torres, Fiscal delegada de Andalucía contra los malos tratos en una entrevista para Diario Sur en marzo de este año: “del total de denuncias de violencia de género que se presentaron el año pasado en todo el país, las denuncias falsas han supuesto tan solo el 0,0026%, que en números son 25”, dice.

La Asociación de Mujeres Juristas Themis incide en la necesidad de que los jueces y las juezas cuenten con una mayor formación desde una perspectiva de violencia de género, consiguen así una especial sensibilización y por consiguiente su aplicación en el procedimiento: “existe cierta tendencia al descrédito de la declaración de la víctima, se cuestionan los motivos de su denuncia”, dicen.

Según la última macroencuesta sobre violencia de género, más de un millón y medio de mujeres en España habrían sufrido violencia de género al menos una vez en el último año. Sin embargo, en elúltimo informe anual del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ solo se presentaron en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer un total de 134.002 denuncias. Para que se revierta la tendencia, según Themis sería necesario “que las medidas de protección adoptadas fueran eficaces, acompañándolas de ayudas psicosociales que permitan a la mujer recuperar su autoestima y obtener un desarrollo profesional y económico suficiente para continuar con su vida”.

¿QUÉ HACE EL MINISTERIO?

A pesar de las cifras preocupantes, más si cabe en situaciones de crisis como la que vivimos, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad recortará un millón de euros en programas de asistencia social para víctimas de violencia de género según el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2013. Ya en los presupuestos de 2012, presentados hace unos meses, el Ministerio acordó que para ahorrar costes, se reutilizarían campañas de sensibilización contra la violencia de género realizadas en años anteriores. Según anunció la Ministra en rueda de prensa, el Ministerio destinó 1,5 millones de euros para ello, que se puso a disposición de las Comunidades Autónomas y de la Federación Española de Municipios y Provincias. Además se anunciaba en los anteriores presupuestos una aplicación para Smartphone destinada a los adolescentes, de la que no hemos tenido conocimiento aún desde este medio.

En la web del Ministerio tan sólo aparece para este año la campaña “No te saltes las señales, elige vivir”. El hecho de “reutilizar” campañas supone un punto de inflexión en la línea de sensibilización y de denuncia establecida por el gabinete anterior, que anualmente lanzaba una campaña de sensibilización que se emitía en medios de comunicación y tenía gran presencia en espacios públicos. Una de las últimas campañas realizadas, “Saca tarjeta roja al maltratador”, cuya web ha sido eliminada, ha sido incluso copiada en otros países como Argentina.

Según la Asociación de Mujeres Juristas Themis es importante lanzar campañas de difusión y sensibilización masiva: “suponen un avance importante en la visibilización de la violencia machista”. Sin embargo, añaden, “se hace necesaria una concienciación y sensibilización en el resto de operadores jurídicos, así como en la propia sociedad”. Creen desde la Asociación que aunque la sociedad es una parte fundamental en la condena de estos delitos, no está suficientemente informada y concienciada para denunciar: “queda un gran camino que recorrer para la transformación de la mentalidad global basada en los roles de género y en el patriarcado”.

Ana Mato (Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) en sus comunicados de condena cada vez que hay una víctima de violencia de género “oficial” recuerda que “hay que romper laespiral del silencio que suele afectar a las mujeres maltratadas, pues el silencio siempre es cómplice”.

 

El teléfono 016 se creó a partir de la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Este teléfono atiende a mujeres víctimas de violencia de género y la llamada es gratuita, además de no dejar rastro en la factura.

En enero de 2011, tras la publicación del III Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer el entonces Delegado de Gobierno contra la Violencia de Género Miguel Lorente denunció que el 60% de las llamadas recibidas al 016 procedían de hombres que amenazaban a insultaban a las operadoras que atienden a las mujeres en dicho teléfono, hasta el punto que muchas de ellas sentían miedo.

Según el IV Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer en 2010 se atendieron 67.696 llamadas por violencia de género en el 016; la cifra supone un pequeño descenso del 1,2% respecto a las atendidas en 2009.

Según el último boletín mensual realizado por el Ministerio, correspondiente al mes de agosto, se conoce que el 016 ha recibido a lo largo de los primeros ocho meses del año un total de 39.339 llamadas, la mayoría de ellas provenientes de la mujer que sufre el maltrato.

Según las gráficas presentadas en el último informe, es muy destacable la gran caída de llamadas recibidas en el 016 desde noviembre de 2011.

Las comunidades autónomas desde las que se recibió mayor número de llamadas en agosto coincide también con aquellas que tienen una mayor tasa de feminicidios: Comunidad de Madrid, Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana.

En cuanto a los protocolos de actuación de este teléfono este año se ha producido una polémica a raíz del asesinato de Rosario Gallego Rodríguez en Sevilla. El cuñado de la víctima denunció al Defensor del Pueblo Andaluz la atención recibida por su mujer, hermana de la víctima, quien llamó hasta en dos ocasiones al 016, recibiendo la misma respuesta: “No podemos hacer nada si no llama la interesada”. Si no llamaba la víctima, según la teleoperadora que contestó, “no podrían tramitar ninguna denuncia”, denuncia el familiar de Rosario. Todo ello no hace más que incidir en la desconfianza hacia el sistema por parte de las mujeres que sufren violencia por razones de género.

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