México: Ordenan reponer juicio a favor de sobreviviente de feminicidio.2012

por Anayeli García Martínez

Jueves, 25 de Octubre de 2012 17:55
La sobreviviente de feminicidio se amparó y en junio de 2011 denunció públicamente las irregularidades del proceso que enfrentaba

Fuente: Cimac

Tres años después de que la sobreviviente de feminicidio Grettel R fuera acuchillada y casi asesinada por su ex pareja, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó reponer el procedimiento y juzgar al agresor por tentativa de homicidio.

La Primera Sala del alto tribunal consideró que no se respetaron los derechos de Grettel como víctima, ni se consideró que Germán Alyn Ortega Hernández intentó asesinarla cuando con un cuchillo le cortó la cara, el abdomen y la yugular.

Con esto la Primera Sala de la SCJN otorgó en un fallo histórico, un amparo directo a la víctima para dejar sin efectos la sentencia por la que se dejó en libertad al agresor, y ordenar que el Poder Judicial de Yucatán reponga el proceso para juzgar el delito de tentativa de homicidio.

El 16 de septiembre de 2009 Grettel y su ex pareja se encontraban en la casa de la joven yucateca, de entonces 23 años, cuando él la atacó gravemente. Ella logró sobrevivir gracias a que sus padres actuaron de inmediato para llevarla al hospital.

Unos minutos después de la agresión el sujeto fue detenido y consignado por tentativa de homicidio, pero él se amparó y logró que un juzgado federal determinara que la juez penal que le dictó formal prisión fundara y motivara su veredicto.

En vez de que la juez Ileana Domínguez Zapata argumentara por qué Germán Alyn Ortega Hernández debía estar en la cárcel, decidió reclasificar el delito a “lesiones calificadas” aludiendo que el acusado no quiso matar a la joven.

Según la juez, el agresor de Grettel era chef y por tanto tenía conocimiento de cómo usar los cuchillos y de querer asesinarla lo hubiera hecho, además cuando la joven se inconformó por la reclasificación del delito, la juez le dio una respuesta inesperada.

“¿No te da pena? Él está en la cárcel y tú sólo tienes unas rayitas en la cara”, le dijo la mujer encargada de impartir justicia a quien estuvo a punto de perder la vida.

El 29 de abril de 2011 la juez sentenció al acusado a un año 8 meses y 25 días de cárcel por causarle lesiones a Grettel. Sin embargo, el veredicto permitió la liberación inmediata del agresor, toda vez que con el tiempo que había pasado en prisión se daba por cumplida su condena.

Ante esta resolución, la sobreviviente de feminicidio se amparó y en junio de 2011 denunció públicamente las irregularidades del proceso que enfrentaba, lo que provocó que las entonces diputadas federales exhortaran a la SCJN a atraer el juicio de amparo directo.

Finalmente el recurso jurídico fue atraído por la Corte y el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo elaboró el proyecto en el que se pide al Poder Judicial de Yucatán reponer el procedimiento para dar una pena justa al agresor.

En declaraciones a Cimacnoticias, Grettel manifestó su satisfacción de que a través de un amparo el alto tribunal reconociera los derechos de las víctimas y confirmara que su caso estuvo inmerso en un proceso viciado que no le garantizó justicia.

Por unanimidad, los cinco ministros de la Primera Sala determinaron que el caso debería de juzgarse como un intento de homicidio, lo que a decir de la joven significa que aún hay un camino largo por recorrer para ver a su agresor en la cárcel.

Los ministros también coincidieron en que en el procedimiento que hagan las autoridades judiciales para resolver la causa penal 380-2009 deberá considerar la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos y los tratados internacionales.

Una vez que la primera sala otorgó ese amparo directo –sostuvo Grettel– la resolución también cobra sentido para otras víctimas de violencia de género, porque los ministros reiteraron que ellas también pueden ser cobijadas por la ley.

 

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La ceguera social ante la violencia de género.

La violencia de género está tan arraigada y naturalizada en nuestra sociedad que puede ocupar la primera plana de periódicos, radio, televisión y redes sociales sin ser percibida ni reconocida por los propios medios de comunicación ni la mayoría de la gente. ¿Por qué a los medios les cuesta abordar las noticias de crímenes machistas desde un enfoque educativo de prevención y sensibilización?

 Graciela Atencio — Feminicidio.net –23/10/2012

España, Madrid – El doble crimen de El Salobral, Albacete, cometido el sábado pasado por un hombre de 39 años, un mecánico desempleado, que mató a tiros a una niña de 13, con la que supuestamente había tenido una relación no permitida por la familia de la víctima; que también acabó con la vida de otro hombre con el que se cruzó en la línea de fuego e hirió a un tercero, vestido de Rambo -uniforme militar y cara teñida de negro- es un asesinato machista. Le dimos seguimiento a la cobertura de la noticia en cuatro periódicos on line: El País, El Mundo, ABC, La Razón y hasta anoche ninguno lo había considerado un crimen machista.

Es más: en todas las noticias publicadas se resaltó una relación trunca o prohibida entre el agresor y la niña y se destacaron con normalidad los rasgos más peligrosos de un maltratador. se apuntó con morbosidad la humillación a la que fue sometida la víctima por parte del victimario y sus alardes de machismo, publicado en uno de los artículos más leídos del día en El País.

Ayer lunes por la mañana, a la hora que el padre del agresor negociaba con la policía la entrega de su hijo, quien se había atrincherado con sus armas de caza en una finca familiar, el ABC titulaba en su noticia más importante de portada, declaraciones de la madre del asesino: “Esta mujer le volvía loco”. En la noticia acusa a la madre de la víctima a quien la considera responsable del asesinato de su hija.

El Mundo no se queda atrás en un titular: “Estaba deprimido por no ver a la cría”, también declaraciones de la madre del asesino. El artículo dice: “La historia de este extraño amor nos muestra a un hombre corriente, ‘el más normal de los tres hermanos que vivían con los padres’, con una familia ‘muy querida en el pueblo’, aficionado al tiro olímpico y obsesionado con las armas”.

La Razón, por su parte titula en su noticia de fondo: “Amor fatal con 26 años de diferencia” y el artículo comienza así: “Casi siempre que una mujer aparece asesinada, el móvil pasional aparece en la investigación policial como una de las más que posibles causas del crimen. Así sucede también en el caso de la muerte de Almudena Márquez, de 13 años. La joven falleció el pasado sábado a manos de Juan Carlos Alfaro Aparicio, de 39 años, en la pedanía albaceteña de El Salobral, en un crimen donde todo apunta a un amor fatal, o mejor dicho, a un desamor fatal”.

Culpabilizar a la víctima de su propio feminicidio es parte del imaginario patriarcal que reproducen los medios de comunicación. También forma parte de la propaganda misógina señalar que “ella lo volvió loco” y que la alienación de él era una consecuencia de la negativa de ella o de su familia a continuar con la relación.

En todas las noticias se abordó sin cuestionamientos o mayor profundidad su afición a la caza y su colección de armas: ¿cómo es posible que con esas características psicológicas, ese hombre haya obtenido un permiso para portar armas de fuego?

Y la pregunta de rigor, dirigida a los periódicos citados: ¿Cuándo van a incorporar un manual de estilo para el tratamiento de la violencia de género?

Enumero algunas de las características por las que considero a este caso un crimen machista, asesinato por violencia de género o feminicidio íntimo (asesinato cometido por un hombre con quien la víctima tenía o había tenido una relación o vínculo íntimo: marido, exmarido, novio, exnovio o amante. Se incluye el supuesto del amigo que asesina a una mujer -amiga o conocida- que rechazó entablar una relación íntima con este).

1. Cosificación y posesividad: el hombre estaba obsesionado con la niña y la consideraba “una cosa” que le pertenecía. Cosificación y posesión son dos rasgos machistas típicos: el agresor que acaba agrediendo y ultimando a su víctima no ve a una mujer-sujeto, mujer-individuo ni toma en cuenta su libertad de elegir, su autonomía o voluntad. Por otro lado, la posesión y posesividad reflejan su inseguridad y la necesidad de tener bajo control a una mujer.

2. Persecución, insultos y amenazas: el victimario no se resignaba a aceptar la relación y perseguía a la niña y a su familia. Según la cobertura del periódico El País y por declaración de testigos, hasta fue a buscarla a la salida de la escuela y delante de sus compañeros la trató de “puta” y “zorra” y advirtió a la madre de la niña que era francotirador: “Os mataré a todos para quedarme con ella”.

3. Manipulación de un pederasta: conoció a la niña cuando ella tenía 11 años. Se comportó como un pederasta, un perverso clásico en el patriarcado que escoge a una infante para desplegar su círculo de dominio y seducción sin que la otra parte pueda ofrecerle mayores resistencias en esa relación asimétrica.

4. La venganza: suele ser un elemento potenciador y disparador del asesinato por violencia de género. ¿De quién se venga? En este caso de la familia de la niña y de la niña misma, responde a un deseo representado públicamente: “Ahora se van a enterar, sino es mía, no será de nadie más”. Y lo que es peor, el mensaje dirigido a la familia y a seres queridos de la niña: “Por no dejarme poseerla, se las quitó para siempre porque de todas maneras es mía”.

5. Aniquilación femenina y autoaniquilación masculina: “Tengo tanto poder sobre ti, que hasta puedo ejercer el poder último de quitarte la vida”. Es un principio de la aniquilación machista ejercida por el agresor. En muchos casos, como en este, la planificación forma parte de esa decisión final y va acompañada del suicidio del victimario: si se acaba el objeto de manipulación, posesividad, persecución, amenazas y agresión, se termina aquello que le daba el poder de dominación. La autoaniquilación masculina forma parte de un círculo que se cierra, la inmolación del terrorista machista ante su último acto de entrega a sí mismo: la propia vida solo puede acabar con violencia.

6. La cacería de la niña: el cazador y el machista feminicida comparten rasgos similares cuando ejercen sobre otros seres la violencia asesina: control, persecución de su presa, en un escenario en el que llevan a cabo ese deseo con excitación y placer.

El Rambo de Albacete obtuvo su trofeo y nos lo ofreció. El terrorismo machista busca siempre manifestarse en un contexto de contemplación colectiva, provoca un estupor aleccionador, intenta justificar su representación como un hecho a la vez irremediable y normalizado, inexorable y trágico.

Este crimen patriarcal es horrendo. Pero doblemente horrendo es que no pueda verse como un crimen machista a través de la mirada de los medios de comunicación.

Así funciona la ceguera social ante la violencia de género.

FeminicidioNicaragua registra 56 mujeres asesinadas en lo que va de 2012

Sin Embargo – 21/10/2012

Nicaragua, Managua – La violencia contra las mujeres en Nicaragua sigue imparable pese a la vigencia de la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer estimó hoy la Red de Mujeres contra la Violencia, cuyas estadísticas registran 56 asesinatos de féminas en lo que va del año.

No obstante el registro oficial de la Policía Nacional establece que son 34 el número de mujeres asesinadas hasta el 20 de octubre, una diferencia que para Damaris Martínez, responsable del eje de Acción Política de la Red de Mujeres contra la Violencia, radica principalmente en las fuentes de donde proviene la información.

“Hay lugares donde no hay Comisarías, sobre todo en la Costa Caribe, donde no hay ni policías. Nosotras tenemos una red de organizaciones, nuestras fuentes son ellas. Por ejemplo, hace tres semanas en la Desembocadura de Río Coco (Caribe Norte) mataron de 22 machetazos a una muchacha, eso no está registrado en las estadísticas de la Policía”, aseguró Martínez.

Los registros oficiales de la Policía Nacional indican que en el año 2011, 33 mujeres fueron asesinadas, un número ampliamente superado en octubre del año en curso pese a que en junio pasado entró en vigencia la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, que, por primera vez, tipificó el delito de feminicidio y endureció las penas contra los hombres que cometen delitos contra las féminas.

La comisionada mayor Erlinda Castillo, jefa de las Comisarías de la Mujer de la policía nicaragüense, en declaraciones a medios locales, dijo hoy que la entrada en vigor de la ley no incrementó el nivel de denuncias de maltratos o de violencia doméstica, pese a que la Policía Nacional abrió nuevas Comisarías que cubren más territorio nacional.

La oficial explicó que las estadísticas indican que la mayoría de las mujeres asesinadas son originarias de las provincias (departamentos), particularmente de la Costa Caribe y de la provincia de Jinotega, en la región norte del país.

Tanto la oficial Castillo, como la activista contra la violencia contra las mujeres, Damaris Castillo coinciden en que existen diferencias sobre la tipificación de los asesinatos de las mujeres, algunas veces, los crímenes no son tipificados como feminicidios y eso también origina diferencias en las estadísticas oficiales y la de organismos cviles dedicados a dar seguimiento a este ámbito.

Pero para Martínez, “más allá de la contabilidad, lo importante es la circunstancia: ¿quiénes están matando? Generalmente son sus parejas, y las situaciones (estadísticas) sobre el feminicidio se mantienen, lejos de bajar, se mantienen o suben”.

Mi papá quemó a mi mamá . Argentina. 201

Adrián Subelza – Crónica – 21/10/2012

Argentina – Desgarrador reconocimiento. Dos pequeños niños, de 4 y 6 años, reconocieron a su propio padre como quien los dejó sin mamá tras prenderla fuego cuando ella estaba embarazada de ocho meses. El impresionante hecho había ocurrido en la ciudad de La Plata, en junio de este año.

Cuando sucedió el ataque, el 15 de junio último, el agresor tenía arresto domiciliario por robo calificado múltiple. Mientras que la víctima, Sofía Paula González, de 21 años y embarazada de 8 meses, ya “había efectuado varias denuncias contra su pareja por violencia familiar, pero inexplicablemente el hombre nunca dejó de agredirla. Y esas denuncias ahora fueron agregadas a la causa”, así se lo aseguró a “Crónica” el abogado penalista Julio Torrada, quien actúa como querellante de ambas víctimas.

La causa tiene varios puntos inexplicables. Pese al reconocimiento de los menores, en el cual ambos afirmaron cuando fueron indagados mediante Cámara Gesell, sin dudar, que fue el propio padre quien mató a la joven y al bebé que ésta llevaba en su vientre, el atacante, identificado como Julio Daniel López, sigue gozando de libertad pues el fiscal Marcelo Romero aún no pidió su arresto.

“Es difícil de entender cómo un hombre con estas características sigue en libertad. Hubo muchas denuncias en la que Paula (González) venía advirtiendo lo que podía pasar y pasó. Como si eso no fuera suficiente, los propios hijos de ambos (víctima y victimario) reconocieron al autor del ataque y fueron los únicos testigos. A estas inocentes criaturas les quedará para siempre la imagen en la que su padre mató a su mamá prendiéndola fuego”, agregó Torrada.

Sofía estuvo internada agonizando durante siete días en el Hospital San Martín, de la ciudad de La Plata, donde finalmente murió, el 22 de junio, por la gravedad de las quemaduras sufridas. Durante su internación, los médicos intentaron salvar la vida del bebé, pero no pudieron. En su agonía la joven le habría confesado a su hermana que fue su pareja quien la había atacado tras una discusión.

Mañana, a las 18, familiares, vecinos, amigos y allegados de la víctima se concentraran en un abrazo simbólico en los Tribunales de La Plata, en lo que será un pedido pacífico de justicia.

 

Se agudiza impunidad en casos de feminicidio en Chiapas. México . 2012

Se agudiza impunidad en casos de feminicidio en Chiapas

Patricia Chandomí – Cimac – 17/10/2012

México, Chiapas, Tuxtla Gutiérrez – En el estado de Chiapas, de enero pasado a la fecha, 40 mujeres han sido víctimas de feminicidio, informó el Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas.

La dirigente de la organización civil, Martha Figueroa, reportó que de acuerdo con un monitoreo en la prensa estatal, 10 de las mujeres asesinadas eran menores de edad y 15 tenían relaciones afectivas con sus agresores.

Hasta el momento en el estado hay 20 causas penales por el delito de feminicidio. Aunque hay tres asesinos confesos detenidos, a la fecha ninguno de ellos ha sido sentenciado.

El 17 de noviembre de 2011 el Congreso de Chiapas tipificó el delito de feminicidio en el Código Penal y aprobó una pena máxima de 60 años de prisión.

En conferencia de prensa, la abogada estuvo acompañada por Angelina Patishtan Martínez, madre de la joven Sabina Patricia, asesinada por un militar; el padre y la madre de la joven Itzel Méndez, ultimada en San Cristóbal de las Casas el pasado 14 de abril, y Olga Lidia Gómez Velasco, madre de Ana Laura Suárez Gómez, asesinada en 2007 por un profesor.

“Con preocupación vemos que en este gobierno somos mencionadas, pero no atendidas, incluso somos usadas de pretexto para el extraordinario endeudamiento que el nuevo gobierno estatal protagonizó”, sostuvo Figueroa.

La activista se mostró preocupada por la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia, ya que cuando fue gobernador del Estado de México se negó a implementar la Alerta de Violencia de Género ante el incremento de casos de mujeres víctimas de feminicidio.

Por todo ello, en representación de las organizaciones civiles, la abogada pidió dejar las simulaciones de que en Chiapas “se castiga” a quienes atentan contra los Derechos Humanos de las mujeres, cuando en realidad hay impunidad para los agresores e injusticia para la población femenina.

Condenan a las niñas a vivir como adultas. México. 2102

Se quintuplican embarazos tempranos en zonas rurales

Guadalupe Cruz Jaimes – Cimacnoticias – 15/10/2012

México, DF – Desatendidas por el sector salud y sometidas por prácticas machistas, las adolescentes indígenas no tienen derecho a decidir sobre sus cuerpos.

Sin información en salud sexual y reproductiva, sin acceso a anticonceptivos, y carentes de oportunidades educativas, además de padecer “usos y costumbres” que las tratan como objetos, las niñas de las comunidades rurales son obligadas a “asumir una vida adulta, siendo menores de edad”.

En México, según denuncias de defensoras de los derechos reproductivos, hay localidades indígenas donde los embarazos en adolescentes se han quintuplicado en tan solo un año.

Griselda Arroyo, líder de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) en el Valle del Mezquital, Hidalgo, alerta que en la comunidad otomí de Capula los embarazos prematuros se dispararon cinco veces en menos de un año, al pasar de 8 gestaciones entre adolescentes de 12 a 18 años en 2011, a 40 casos hasta septiembre pasado.

Advierte que ante la ausencia de servicios de salud que informen sobre derechos sexuales y reproductivos en las zonas rurales, organizaciones civiles han asumido la misión de orientar a las niñas y jóvenes para evitar embarazos no planeados.

Por ello, promotoras de Ddeser imparten talleres en Capula, localidad de apenas 300 habitantes, en el municipio de Ixmiquilpan.

Cada año a nivel nacional hay más de 300 mil partos entre mujeres de 12 a 19 años, según el Inegi. La tasa se eleva en las comunidades rurales, donde 8.9 por ciento de las adolescentes tiene al menos un hijo vivo, mientras que en áreas urbanas el porcentaje es de 7.2, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010.

Tal situación se debe a que las adolescentes de poblaciones rurales e indígenas tienen menos acceso a información y disponibilidad de métodos de control natal, así como a oportunidades educativas y laborales que impacten en las decisiones sobre su vida sexual.

NEGLIGENCIA INSTITUCIONAL

Este 15 de octubre se conmemora el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Ante ello, activistas denuncian que la falta de educación sexual y los escasos servicios de salud “amigables” –es decir, con atención adecuada– para adolescentes en el sector rural, limitan el acceso de esta población al ejercicio de sus derechos.

Arroyo explica que, de manera paradójica, ante el agravamiento de los embarazos tempranos en Capula, dejó de funcionar de manera adecuada el Centro de Atención Rural al Adolescente, dependiente del IMSS, en esa localidad.

Acusa que el personal de esa instancia ahora exige a las y los adolescentes estar afiliados al IMSS o a la Secretaría de Salud para recibir atención. Además “cuando van a pedir informes o anticonceptivos, se les dice que para atenderlos deben tener un expediente clínico”.

Mayra Peña, promotora de derechos sexuales y reproductivos en Capula, explica que con base en un sondeo a servicios de salud en cuatro estados, persiste en las clínicas el maltrato hacia la población adolescente.

La investigación, realizada en 2011 por Ddeser y Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, detalla que en Guerrero hay 42 servicios “amigables” para adolescentes, y en Hidalgo 24, mientras que en Chiapas y Oaxaca hay menos de 10.

En 32 clínicas de las cuatro entidades se encontró que para brindar atención a las y los adolescentes se les piden “requisitos innecesarios”, como que vayan acompañadas de una persona adulta, o que sean beneficiarias del programa Oportunidades.

En algunas unidades, las jóvenes deben esperar hasta tres horas para ser atendidas. Además carecen de un espacio en el que se respete la privacidad durante las consultas. “Las atienden en la sala de espera frente a otras personas, o en un consultorio con la puerta abierta”, señala Peña.

A lo anterior se suma la falta de capacitación del personal de salud, ya que la mitad de los directivos de las clínicas opina que las madres y padres deben ser informados cuando sus hijas e hijos soliciten anticonceptivos.

El personal sanitario también es incapaz de dar información completa sobre infecciones de transmisión sexual (ITS) y embarazo en adolescentes. Además dan orientación errónea sobre métodos como la pastilla de anticoncepción de emergencia, útil para prevenir embarazos en casos de violación sexual.

La situación empeora con los “usos y costumbres” que obstaculizan los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes rurales, advierte Mayra Peña.

En Capula –dice la activista– “todavía se acostumbra vender a las niñas. Cuando una familia es de escasos recursos y hay un adulto interesado en una adolescente, de hasta 12 años, los papás hacen que se junten”.

A cambio la familia recibe apoyo económico para poder sembrar. Así, se violan los derechos sexuales de las jóvenes “pues ni siquiera pueden elegir a su pareja”. El hecho se repite en Guerrero y Oaxaca.

Un albergue contra el dolor. Panamá. 2012

Ellas luchan por olvidar

Katherine Palacio P. – Crítica – 15/10/2012

Panamá, Ciudad de Panamá – La violencia de género es un flagelo que va en aumento en Panamá. Hasta septiembre se han reportado 31 casos en mujeres que han muerto de forma violenta. En lo que va del año, el Instituto Nacional de la Mujer ha atendido 431 casos de violencia y el Ministerio de Desarrollo Social documenta 483.

Ante esta situación que afecta a miles de mujeres y que en muchos casos no es denunciada, el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) y el Programa de Seguridad Integral (PROSI) anunciaron que se le hizo una serie de mejoras, por encima de los $211 mil, al albergue Nueva Vida en Panamá, para mujeres víctimas de la violencia.

Este albergue ha recibido a más de 300 mujeres junto a sus hijos e hijas desde su fundación hasta la fecha. A las mujeres y los niños que llegan a los albergues ubicados en Panamá, Colón y Chiriquí se les brinda atención mental, física, legal, social y seguimiento académico para los niños y niñas.

LAS MUJERES EXPLOTAN

La directora del INAMU, Markelda de Herrera dijo que la mayoría de los casos de mujeres que cometen homicidios, estas han sido maltratadas y tienen una historia de violencia, pero no han recibido la ayuda oportuna y llega el momento en que en defensa propia pueden incluso matar a su pareja.

HACE FALTA LEGISLACIONES

Actualmente en Panamá no se ha tipificado el feminicidio, a pesar de que el INAMU y el Consejo Nacional de la Mujer han estado de cerca en la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, para que se impulsen los dos anteproyectos que pretenden castigar el feminicidio hasta con 30 años de prisión, además de buscar la creación de cuerpo de policías especializados en el tema de violencia y las fiscalías pertinentes.

Hay dos tipos de feminicidio, el íntimo que es aquel entre parejas o exparejas, y el feminicidio ampliado, que incluye muertes violentas de mujeres bajo otras circunstancias.

“Más del 30% de los casos de feminicidios se dan a manos de desconocidos”, agregó Herrera.

EL DILEMA DE LAS BOLETAS DE PROTECCIÓN

Conseguir las legislaciones adecuadas permitirá que muchas mujeres no mueran con una boleta de protección en mano. La directora del INAMU explicó que una vez se emite la boleta, inmediatamente tiene que reaccionar el sistema de justicia para que no dejen en la impunidad a los delincuentes, porque los que incurren en el delito de violencia doméstica muchas veces son encarcelados, pero salen de la cárcel sin recibir la rehabilitación necesaria.

HAY QUE EDUCAR A LOS NIÑOS

Mulino: la sociedad y la Iglesia no actúan

El ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, aseguró que el maltrato forma parte del componente primario de la sociedad violenta, porque el 46% de los homicidios son aportados por la sociedad y no por el crimen organizado.

Mulino cuestionó tanto a la sociedad civil como a la Iglesia porque asegura que no están reaccionado con los problemas de violencia.

“La Iglesia solo se dedica a hablar del problema, algunas ONG se meten, ponen la cara, invierten recursos y, el resto, siento yo, que son discursos de púlpito, pero no siento todavía un sociedad comprometida con el tema de la violencia intrafamiliar o violencia social que estamos viviendo”, apuntó el ministro.

Reportan 7.751 casos de violencia sexual y familiar en Perú.2012

Xinhua – 12/10/2012

Perú, Lima – Las autoridades peruanas reportaron un total de 7.751 casos de violencia sexual y familiar en lo que va de este año, informó hoy la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Jara.

Frente a esta situación, la ministra manifestó su preocupación por los altos casos de violencia sexual y de género, especialmente en contra de menores, que registra hasta el momento 5.300 víctimas.

El informe oficial fue hecho público por la alta funcionaria en el marco de la celebración del Día Internacional de la Niña, institucionalizado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Jara detalló que las denuncias de abusos en contra niñas y adolescentes representan alrededor del 69 por ciento del total de estos delitos en contra de las mujeres peruanas.

Agregó que de estas cifras, cerca de un 13 por ciento de féminas menores de 17 años se encuentran en estado de gestación esperando un hijo.

Con la finalidad de enfrentar este problema social, el gobierno peruano trabaja en un programa orientado a combatir el abuso de menores, en el que participan los ministerios de la Mujer, Educación e Inclusión Social.

Fue a buscar trabajo, pero la secuestraron y la obligaron a prostituirse. Argentina. 2012

Fue a buscar trabajo, pero la secuestraron y la obligaron a prostituirse

Tiene 35 años y es madre de tres hijos
Todavía no se animó a contarles la pesadilla que vivió

Sibila Camps – Clarín – 10/10/2012

Argentina, Buenos Aires – La mujer a quien un grupo pro-vida y una jueza sin competencia jurídica negaron sus derechos, es una víctima de trata de personas con fines de explotación sexual, con quien el Estado acumuló ayer varias deudas más.

No recibió educación en salud sexual o, al menos, no a tiempo, ya que tuvo su primer hijo a los 16 años, y luego otro varón y una nena. Es jefa de familia y vive en el Gran Buenos Aires, en condiciones de gran vulnerabilidad social.

Buscaba trabajo cuando fue secuestrada: cayó en una agencia de empleos trucha –de las varias que se publicitan en el conurbano y en la Ciudad, sin control de las autoridades–, que en realidad era una fachada para reclutar mujeres, para una red de trata con fines de prostitución. Le ofrecieron ubicarla como empleada doméstica y la hicieron concurrir tres veces. En la última, el 28 de julio pasado, la drogaron y la secuestraron.

La mujer, de 35 años, fue llevada al sur, donde están varios de los destinos más frecuentes de las víctimas de trata. No sabe dónde la mantuvieron encerrada y drogada; sólo sabe que la prostituyeron en burdeles de tres lugares distintos. Tiene idea de que uno de esos fue “unas casitas en Santa Cruz”; probablemente sea Las Casitas, en Río Gallegos, el barrio prostibulario más famoso de la Argentina.

Del tercer destino logró escapar, hace un par de semanas. Recién entonces se enteró de que estaba en una ciudad de otra provincia patagónica. Pidió ayuda sin contar qué le había sucedido, y le facilitaron el dinero para regresar.

Shockeada, humillada, y ya con la certeza de haber sido embarazada –nunca sabrá de cuál consumidor de prostitución– no se atrevió a volver a su hogar; sus hijos aún ignoran lo que le hicieron. Se refugió en lo de sus padres, quienes tampoco conocen toda la historia.

Algo ha contado a las enfermeras durante los dos días en que estuvo en el Hospital Ramos Mejía, antes de que el director le diera el alta y, un día después, sus datos fueran difundidos. Les ha dicho que tiene pánico de que los tratantes vayan a buscarla. Ayer se le acercó personal de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata, de la Nación. Varias vidas están en peligro: la suya, las de sus tres hijos, y las de sus padres.

España: Denunciar al maltratador, un reto de toda la sociedad. 2012

De las 443 mujeres asesinadas por violencia de género a manos de sus parejas o exparejas desde 2006, sólo 118 habían denunciado a sus maltratadores. ¿Qué falla de la aplicación de la Ley de Violencia de Género para que un porcentaje mayoritario de mujeres que estaban en riesgo mortal no denunciara? ¿Cuáles son los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres maltratadas? Lo contamos en este reportaje que acompaña al lanzamiento de nuestra Campaña de Carteles de sensibilización que hemos elaborado para este 25 de noviembre.

 Texto: Noemí García Cabezas / Creatividad y diseño de campaña de carteles 25N: Graciela Atencio y Francisco Gatica – Feminicidio.net – 11/10/2012

España, Madrid – Pese a contar con un marco legal amplio y de medios en los cuerpos de seguridad del Estado y otras instituciones públicas para prevenir situaciones de violencia de género -que en el peor de los casos acaban con el asesinato de las mujeres-, continúan dándose casos que quedan al margen de la ley porque no se cumple el primero de los pasos que debe darse: denunciar. Sin embargo, a nivel local y según las leyes de cada Comunidad Autónoma, existen servicios sociales orientados a víctimas de violencia de género que prestan asistencia psicológica, social y jurídica sin necesidad de haber presentado denuncia o tener activa una orden de protección. No obstante, la asistencia a este tipo de centros muchas veces no se da por desconocimiento del servicio o bien por la vergüenza social que supone para las mujeres enfrentarse a una situación de este tipo, situación que se agudiza en poblaciones pequeñas.

LAS CIFRAS

Según el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicialen el primer trimestre de 2012 se han recibido en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer un total de 30.895 denuncias, de las cuales sólo un 8,9% fue presentada por la víctima y el 0,37% por familiares; la cifra aumenta si se tienen en cuenta los atestados policiales, que en un 64,33% de los casos se realizan con denuncia de la víctima y en 0,92% por parte de los familiares, mientras que en el 12,21% de los casos el atestado es hecho directamente por intervención policial. De las mujeres que denuncian, el 64% son españolas frente al 36% de mujeres extranjeras.

En 2011 el 65% de las víctimas oficiales de violencia de género eran españolas y el 35% extranjeras, suponiendo las mujeres extranjeras un 12% de la población femenina en España por lo que se aprecia una especial sobrerrepresentación de estas últimas.

En todo el año 2011 se interpusieron un total de 134.002 denuncias por violencia de género en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. 15.460 de esas mujeres renunciaron a continuar con el proceso. Desde 2007 se ha producido un incremento medio del número de denuncias de un 6%; cifra que ha descendido muy levemente en el último año.

De las mujeres que interpusieron denuncia, 3.711 de ellas decidieron finalmente retirarla, la mayoría de ellas (61%), de nacionalidad española.

El 68,14% de los varones enjuiciados por violencia de género en el primer trimestre de 2012 fueron condenados.

De las 8.343 órdenes de protección solicitadas a través de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, en el 63% de los casos éstas fueron acordadas. En cuanto a las órdenes de protección solicitadas a través de Juzgados de Guardia, el porcentaje sube hasta el 71%. En total se solicitaron 9.715 órdenes de protección, la mayoría procedentes de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (86% frente a un 14% procedentes de los Juzgados de Guardia).

La tasa de denuncias por cada 10.000 mujeres más alta la ostenta Baleares (18.9 denuncias por cada 10.000 mujeres), seguida de Canarias (16,98) y Murcia (15,94); la tasa más baja de denuncias la ostenta Extremadura (8). La media en España es de 12,92 denuncias por violencia de género por cada 10.000 mujeres.

En los Juzgados de lo Penal el 50,18% de las sentencias fueron absolutorias. En los Juzgados de Violencia sobre la Mujer las sentencias absolutorias fueron sólo del 27,35%. Por su parte, en las Audiencias Provinciales el porcentaje de sentencias absolutorias es la más baja, con un 26,36%. En total, en el primer trimestre del año de las 13.138 sentencias dictadas, el 57,76% de las sentencias fueron condenatorias, y el 42,24% absolutorias.

Respecto al último trimestre de 2011, las denuncias han disminuido en un 2,7%. Como dato positivo, destacar que las renuncias de continuar el proceso han bajado en el mismo porcentaje (2,7%).La tendencia a la bajada de denuncias continúa desde el tercer trimestre de 2011, tras continuas subidas desde el último trimestre de 2010.

Según datos recabados desde nuestra base de datos Geofeminicidio www.geofeminicidio.com en 2011 nueve de las mujeres asesinadas contabilizadas como casos oficiales por el Ministerio contaban con orden de alejamiento; sin nos referimos a 2010, la cifra era de 15. Según el informe de 2011 del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del CGPJ de las 62 mujeres asesinadas en 2011 sólo 16 habían presentado denuncia: 14 de ellas pidieron orden de protección y seis renunciaron a ella. Siete de las mujeres asesinadas en 2011 tenían orden de alejamiento en vigor cuando fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas; otras tres voluntariamente habían quebrantado la orden para volver a vivir con quienes después serían sus asesinos. En esos diez casos el Estado falló, el Estado debería haber tenido constancia de que se estaban quebrantando esas órdenes, de que existían 10 órdenes judiciales que impedían al hombre acercarse a esa mujer.Ninguna de las mujeres asesinadas en 2011 y que habían denunciado contó con una valoración de riesgo forense, algo a lo que obliga la Ley Integral contra la Violencia de Género. Además se conoció que sólo ocho de esas mujeres contaron con una valoración policial de riesgo, y en ningún caso se calificó la situación como de riesgo extremo o alto. Según el CGPJ la mayoría de esas mujeres asesinadas habían denunciado mayoritariamente por amenazas, gritos, insultos y abusos verbales, hechos que “pueden hacer pensar que no revisten mayor gravedad o peligro para la integridad física de la mujer”, según se afirma en el informe, que pide también mayor formación de los profesionales implicados.

Según la Asociación de Mujeres Juristas Themis existen una serie de razones que se suelen dar en todas las mujeres maltratadas que deciden no denunciar: “las mujeres que sufren una violencia de género más mordaz llegan a interiorizar los conductas violentas, normalizando el maltrato que reciben de su agresor, unido a un aislamiento social que el maltratador ha ido ejerciendo progresivamente, al temor a la reacción del hombre ante la posible interposición de la denuncia y a la inseguridad de no poder escapar de esa espiral de violencia”. Según esta asociación, para que no se produzcan asesinatos de mujeres que sí habían presentado denuncia por violencia de género sería necesario ampliar medios técnicos y organizativos, así como un mayor número de dispositivos de control telemático (pulseras y dispositivos móviles”; “además debe ser necesaria la asignación de protección policial individualizada para aquellas mujeres con un mayor riesgo de lesiones graves”.

A fecha de hoy hay 98.016 mujeres con atención policial activa, pero tan solo el 17,4% de ellas (17.070 mujeres) cuenta con protección policial activa.

Las mujeres que habían denunciado esperaron una media de seis meses a su resolución judicial: el tiempo de espera fue cuatro veces mayor que en 2010.

OBSTÁCULOS QUE DIFICULTAN LA DENUNCIA

Una de las causas por las que las mujeres no denuncian es la idea del amor romántico, tal como la sociedad patriarcal lo entiende. De ello habla Esperanza Bosch en su estudio “Del mito del amor romántico a la violencia contra las mujeres en la pareja”, editado por el Instituto de la Mujer en 2007. A la idea del amor romántico y su relación con el poder se refiere también Marcela Lagarde en su libro “Para mis socias de la vida” (Horas y horas, Barcelona, 2005): “en la visión feminista, el amor es histórico – está condicionados por las épocas y las culturas –, está especializado por géneros – tiene normas y mandatos diferentes para los varones y las mujeres – y va de la mano con el poder. El vínculo entre el poder y el amor es central en la visión feminista del amor”.

El ciclo de la violencia de género, acuñado por Leonor Walker en su libro “Las mujeres maltratadas” (1979) establece que después del maltrato -primero psicológico y luego físico en la mayoría de casos- viene un distanciamiento en la pareja y después una reconciliación, para dar paso de nuevo al ciclo. Las mujeres que sufren violencia de género se encuentran afectadas psicológicamente por los maltratos a los que normalmente se ven sometidas por parte de sus parejas o exparejas, y no cuentan normalmente con la fuerza necesaria para afrontar la situación: además la presión social ante un fracaso amoroso hace que en muchos de los casos de violencia de género la víctima no quiera o no pueda compartir la situación con allegados o familiares que puedan acompañarla en el proceso de denuncia.

Otro de los obstáculos que muchas mujeres encuentran para denunciar es el hecho de tener hijos en común con el agresor. Muchas mujeres creen que lo mejor para sus hijos es aguantar la situación de maltrato con tal de mantener la unidad familiar; en muchos de estos casos los hijos finalmente acaban siendo también víctimas de los malos tratos.

En la situación de crisis en la que vivimos es imprescindible hablar también del freno que supone la situación económica de las mujeres a la hora de afrontar una denuncia o una separación de quien es el agresor. Inmaculada Montalbán, presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género, afirma que en los informes elaborados por el Observatorio del CGPJ se ha detectado cada vez con mayor frecuencia el motivo económico como factor del maltrato: “la violencia económica se está incrementando en el proceso del maltrato. Hay mujeres que ante el temor de no tener ayudas económicas no se atreven a denunciar ni a iniciar el proceso de separación”, dijo la presidenta del observatorio en la presentación del informe de 2011. Las mujeres denuncian menos porque tienen miedo de perder sustento económico para sus hijos y para ellas mismas, al estar en muchos casos totalmente supeditadas a los ingresos económicos de la pareja.

Especial situación de desprotección y desinformación viven las mujeres extranjeras. En 2007 Amnistía Internacional publicó el informe “Más riesgos y menos protección” sobre la situación de mujeres extranjeras que vivían situaciones de maltrato por violencia de género, por el que denunciaba que “las mujeres inmigrantes tienen seis veces más riesgo de morir a manos de parejas o exparejas, a la hora de ser atendidas, de conseguir autonomía económica y acceder a la justicia”.

Desde la aprobación del nuevo reglamento de extranjería RD 557/2011 de 20 de abril se establece que las mujeres inmigrantes que denuncien una situación de violencia de género gozarán de protección especial para ellas y sus hijos e hijas. No se les abrirá expediente de explusión y si ya estuviera abierto, se suspenderá; además, se les extenderá permiso provisional de residencia y trabajo, tanto a ellas como a sus descendientes de primer grado. En el caso de que la mujer quiera volver voluntariamente a su país, también gozarán de mayor protección.

Otro de los principales obstáculos para las mujeres que quieren denunciar es la desconfianza en la Justicia y en quienes la ejercen. A pesar de la creación de Juzgados de Violencia sobre la Mujer creados a partir de la Ley Integral, las mujeres no acuden a la Justicia a la hora de solucionar sus problemas y su situación vital de maltrato. Además, es necesario continuar con la formación y sensibilización tanto en personal judicial como en las fuerzas de seguridad del Estado, tal como opinan desde la Asociación de Mujeres Juristas Themis: “la aplicación de la Ley Integral requiere imperativamente incorporar la perspectiva de género en la formación de los operadores jurídicos y profesionales que intervienen en los procesos de cese de la violencia”.

A esta cuestión de desconfianza de la Justicia no ayudan las polémicas surgidas hace unos años en cuanto al número de denuncias falsas, alentado por lobbys machistas e incluso por jueces. El CGPJ, según Inmaculada Montalbán, ha realizado estudios sobre este tema, llegando a la conclusión de que en 2009 de 503 sentencias firmes sólo uno de los casos correspondía a una denuncia falsa. Este hecho va muy en contra con lo que propugna el juez Serrano (inhabilitado por 10 años por el Tribunal Supremo), quien declaró en 2010 que sólo el 6,22% de las condenas por violencia de género obedece a un verdadero maltrato. Al mito de las denuncias falsas se refiere también Flor de Torres, Fiscal delegada de Andalucía contra los malos tratos en una entrevista para Diario Sur en marzo de este año: “del total de denuncias de violencia de género que se presentaron el año pasado en todo el país, las denuncias falsas han supuesto tan solo el 0,0026%, que en números son 25”, dice.

La Asociación de Mujeres Juristas Themis incide en la necesidad de que los jueces y las juezas cuenten con una mayor formación desde una perspectiva de violencia de género, consiguiendo así una especial sensibilización y por consiguiente su aplicación en el procedimiento: “existe cierta tendencia al descrédito de la declaración de la víctima, se cuestionan los motivos de su denuncia”, dicen.

Según la última macroencuesta del CIS sobre violencia de género más de un millón y medio de mujeres en España habrían sufrido violencia de género al menos una vez en el último año. Sin embargo, en el último informe anual del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ solo se presentaron en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer un total de 134.002 denuncias. Para que fuera revirtiéndose la tendencia, según la Asociación de Mujeres Juristas Themis sería necesario “que las medidas de protección adoptadas fueran eficaces, acompañándolas de ayudas psicosociales que permitan a la mujer recuperar su autoestima y obtener un desarrollo profesional y económico suficiente para continuar con su vida”.

¿QUÉ HACE EL MINISTERIO?

A pesar de las cifras preocupantes, más si cabe en situaciones de crisis como la que vivimos, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad recortará un millón de euros en programas de asistencia social para víctimas de violencia de género según el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2013. Ya en los presupuestos de 2012, presentados hace unos meses, el Ministerio acordó que para ahorrar costes, se reutilizarían campañas de sensibilización contra la violencia de género realizadas en años anteriores. Según anunció la Ministra en rueda de prensa, el Ministerio destinó 1,5 millones de euros para ello, que se puso a disposición de las Comunidades Autónomas y de la Federación Española de Municipios y Provincias. Además se anunciaba en los anteriores presupuestos una aplicación para Smartphone destinada a los adolescentes, de la que no hemos tenido conocimiento aún desde este medio.

En la web del Ministerio tan sólo aparece para este año la campaña “No te saltes las señales, elige vivir”. El hecho de “reutilizar” campañas supone un punto de inflexión en la línea de sensibilización y de denuncia establecida por el gabinete anterior, quien anualmente lanzaba una campaña de sensibilización que se emitía en medios de comunicación y tenía gran presencia en espacios públicos. Una de las últimas campañas realizadas, “Saca tarjeta roja al maltratador”, cuya web ha sido eliminada, ha sido incluso copiada en otros países como Argentina.

Según la Asociación de Mujeres Juristas Themis es importante lanzar campañas de difusión y sensibilización masiva: “suponen un avance importante en la visibilización de la violencia machista”. Sin embargo, añaden, “se hace necesaria una concienciación y sensibilización en el resto de operadores jurídicos, así como en la propia sociedad”. Creen desde la Asociación que aunque la sociedad es una parte fundamental en la condena de estos delitos, no está suficientemente informada y concienciada para denunciar: “queda un gran camino que recorrer para la transformación de la mentalidad global basada en los roles de género y en el patriarcado”.

Resumen de campañas de sensibilización realizadas desde 2007:

2007: “Contra el maltrato, llama”:

2008: “Ante el maltratador, tolerancia cero”:

2009: “Ante el maltrato, todos y todas a una”:

2010: “En violencia de género, no hay una sola víctima” (en colaboración con Save the Children):

2010: “Saca tarjeta roja al maltratador”:

2011-2012: “No te saltes las señales, elige vivir”:

Ana Mato (Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) en sus comunicados de condena cada vez que hay una víctima de violencia de género “oficial” recuerda que “hay que romper laespiral del silencio que suele afectar a las mujeres maltratadas, pues el silencio siempre es cómplice”.

TELÉFONO 016

El teléfono 016 se creó a partir de la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Este teléfono atiende a mujeres víctimas de violencia de género y la llamada es gratuita, además de no dejar rastro en la factura.

En enero de 2011, tras la publicación del III Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer el entonces Delegado de Gobierno contra la Violencia de Género Miguel Lorente denunció que el 60% de las llamadas recibidas al 016 procedían de hombres que amenazaban a insultaban a las operadoras que atienden a las mujeres en dicho teléfono, hasta el punto que muchas de ellas sentían miedo.

Según el IV Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer en 2010 se atendieron 67.696 llamadas por violencia de género en el 016; la cifra supone un pequeño descenso del 1,2% respecto a las atendidas en 2009.

Según el último boletín mensual realizado por el Ministerio, correspondiente al mes de agosto, se conoce que el 016 ha recibido a lo largo de los primeros ocho meses del año un total de 39.339 llamadas, la mayoría de ellas provenientes de la mujer que sufre el maltrato.

Según las gráficas presentadas en el último informe, es muy destacable la gran caída de llamadas recibidas en el 016 desde noviembre de 2011.

Las comunidades autónomas desde las que se recibió mayor número de llamadas en agosto coincide también con aquellas que tienen una mayor tasa de feminicidios: Comunidad de Madrid, Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana.

En cuanto a los protocolos de actuación de este teléfono este año se ha producido una polémica a raíz del asesinato de Rosario Gallego Rodríguez en Sevilla. El cuñado de la víctima denunció al Defensor del Pueblo Andaluz la atención recibida por su mujer, hermana de la víctima, quien llamó hasta en dos ocasiones al 016, recibiendo la misma respuesta: “No podemos hacer nada si no llama la interesada”. Si no llamaba la víctima, según la teleoperadora que contestó, “no podrían tramitar ninguna denuncia”, denuncia el familiar de Rosario. Todo ello no hace más que incidir en la desconfianza hacia el sistema por parte de las mujeres que sufren violencia por razones de género.