Femicidios en Guatemala o morir a golpe lento.2012

Por Randy Saborit Mora *

Guatemala (PL) La muerte a golpes lentos de improperios y moretones, previa al segundo final de violencia superlativa mantiene en vilo a miles de mujeres en Guatemala, donde cada año asesinan a unas 700 por esa causa, la mayoría debido a conflictos intrafamiliares.

Cientos han perecido en 2012 en este país centroamericano, según datos del estatal Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), después de haber cargado el temor perpetuo de que un día sucumbirían ante las golpizas de homicidas ebrios, drogados o sobrios.

Con el propósito de intentar poner freno a la avalancha de decesos de este tipo, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió crear un nuevo juzgado para procesar casos de femicidio y violencia contra las mujeres aquí.

Tal instancia judicial tendrá su sede en el Ministerio Público de esta capital y comenzará a funcionar a partir del próximo 5 de octubre, señala un acuerdo de la citada Corte divulgado a inicios de septiembre.

Según la presidenta de la CSJ de Guatemala, Thelma Aldana, el objetivo es atender durante las 24 horas del día denuncias de féminas para que media docena de jueces puedan defenderlas y esclarecer los hechos.

Días antes a estas declaraciones, Aldana calificó de alarmante la situación provocada por actos criminales contra guatemaltecas.

“El caso del país es alarmante porque los datos reflejan que en muerte de mujeres solo México, El Salvador y Honduras nos llevan ventaja”, admitió Aldana en una entrevista con el diario local Prensa Libre, difundida el 27 de agosto.

La fuente oficial reconoció que pese al alto índice de maltratos contra esposas, madres y jóvenes, esta nación cuenta con apenas 10 tribunales y salas especializadas para tales acciones delictivas.

En alusión a la Sala Especializada en Femicidio y Violencia contra la Mujer, inaugurada el 24 de agosto, comentó que tendrá la posibilidad de tratar los enjuiciamientos de este tipo en segunda instancia, en un país donde el 90 por ciento de lo procesado en un primer juicio llega a apelación.

Sobre las diferencias sustanciales al condenar sucesos violentos contra representantes de ambos sexos en Guatemala, ilustró que la herida en un ojo de un hombre en un bar es analizada por 101 juzgados ordinarios y la de una mujer en la casa por apenas 10.

ESTUDIOSA OPINA

La estudiosa del tema Patricia Castillo afirmó a Prensa Latina que durante el gobierno del presidente Otto Pérez Molina, iniciado en enero pasado, se ha restado apoyo a la institucionalidad orientada a la atención de la violencia contra las mujeres.

Sería importante reconocer, recomienda Castillo, el papel de la Comisión Nacional para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres y asignarle los recursos ineludibles a fin de que cumpla con sus funciones.

A su juicio, resulta imprescindible ampliar las capacidades del Organismo Judicial para aplicar la justicia de manera pronta y efectiva en estos casos.

Es preciso que las instancias de gobierno dialoguen con las organizaciones femeninas, desde donde pueden salir propuestas más efectivas con relación a las medidas tomadas hasta la fecha, sugirió Castillo, quien cursa aquí una maestría en estudios de género y feminismo.

La también maestra en Políticas Públicas compartió el criterio de Aldana, la presidenta de la CSJ, sobre lo alarmante de la situación de las muertes violentas contra mujeres en este país.

Aunque la mayoría de los femicidios, aclaró, se cometen contra las jóvenes de los sectores más empobrecidos del país, todas están en riesgo de perecer violentamente dados los niveles de inseguridad prevalecientes (39 homicidios por cada 100 mil habitantes, según el Ministerio Público).

“Nos causa alarma también la saña con la que se cometen estos actos, por eso son femicidios, porque reflejan una forma particularmente violenta de matarlas”, explicó la licenciada en Desarrollo Sostenible.

Referida al compromiso de Pérez Molina de reducir en 100 los femicidios este año, calificó como lamentable que la gravedad de la situación se tienda a reducir en cifras.

Aunque sea importante salvar a 100 mujeres, no puede considerarse un logro, sostuvo al tiempo que remarcó “es que no debería ser asesinada ninguna”.

En ese sentido convocó al gobierno guatemalteco a preguntarse: “¿cuántos casos esclarecerán? ¿Cuántos criminales irán a juicio y serán condenados? ¿Cuáles son las acciones de resarcimiento y atención a las familias de esas víctimas? ¿Cuáles son las medidas de prevención y educación hacia la sociedad?”

En su opinión, las decisiones debieran relacionar la seguridad democrática con el fortalecimiento del sistema de justicia, mediante el impulso de planes de prevención especialmente dentro de los sectores más vulnerados.

También es imprescindible, remarcó, fortalecer las capacidades de investigación y de las fiscalías para que los responsables sean procesados y sentenciados.

Interrogada sobre el trasfondo cultural de este fenómeno, se refirió a la misoginia, al odio hacia ellas, la convicción del asesino de que sus cuerpos son violables, que se pueden matar y dañar.

Pese a que es un flagelo multicausal -y pudiera haber otros móviles detrás de cada crimen- influyen asimismo la exacerbación del machismo y el poder patriarcal de esta sociedad, acotó.

“En Guatemala aún nosotras somos consideradas inferiores respecto a los hombres, mientras se inculcan prejuicios y generalizan prácticas contra los cuerpos femeninos, sobre los cuales se ejerce poder y violencia”, concluyó Castillo.

EL TRISTE FINAL DE TORIBIA Y SUS HIJAS

Preocupada por la tardanza de sus hijas Jessica y Karen Lima de 15 y 14 años, respectivamente, Toribia Arsenio salió en la noche del sábado 1 de septiembre en busca de las adolescentes que habían ido horas antes a una fiesta.

Ni Toribia, de 38 años, ni las jovencitas regresaron a dormir a la casa aquella madrugada; sus cuerpos fueron encontrados desmembrados en dos pozos, ubicados en Santa Catarina Pinula, municipio ubicado al sur del centro de esta capital.

Hasta la fecha, autoridades policiales presumen como autores a miembros de una pandilla que opera en esa localidad, pero todavía desconocen su identidad.

Lamentablemente esta madre, y dos de sus descendientes, ingresaron a las estadísticas de los 13 casos de muertes de mujeres por desmembramiento, acaecidas entre el 1 de enero y el 15 de agosto del 2012, de acuerdo con la Comisión Presidencial contra el Femicidio.

A 20 ascendieron las víctimas mortales por descuartizamiento el año pasado, contabilizó la Fundación Sobrevivientes, organización no gubernamental fundada hace casi una década en Guatemala y conformada por féminas supervivientes de todo tipo de abuso.

La violencia intrafamiliar y el crimen organizado segaron la vida de 377 personas del sexo femenino de enero a principios del mes anterior, confirmó a periodistas Alba Trejo, comisionada presidencial contra el femicidio, el pasado 9 de agosto.

El Congreso guatemalteco aprobó la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer en mayo del 2008, año en el cual las autoridades judiciales cuantificaron 800 feminicidios y se emitió una sola sentencia.

Hace dos años los tribunales dictaron 314 condenas por esa índole de sucesos y en 2011 los juzgados especializados recibieron cuatro mil casos, entretanto dictaminaron 763 castigos penales.

Mientras estos números hablan del pasado, todavía se desconocen los nombres de las miles que tragan en silencio su historia de maltratos por temor a las consecuencias en sus casas, donde suceden la mayoría de los femicidios, como corroboran fuentes oficiales.

*Corresponsal de Prensa Latina en Guatemala.

arb/rsm

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